A falta de que el PNV confirme su apoyo a la quinta prórroga del estado de alarma, ERC ya no es fundamental para que salga adelante, pero el Gobierno quiere recuperar a su aliado de la investidura. Pedro Sánchez ha reforzado la interlocución con los republicanos catalanes y retomado incluso a los equipos que negociaron en aquel momento. El grupo que dirige Gabriel Rufián presiona ahora al Ejecutivo para que elimine el mando único en la gestión sanitaria de la desescalada después de haberse apuntado, junto con Ciudadanos, una primera victoria sobre el Gobierno, que se ha visto obligado a renunciar a su intención de mantener la alarma hasta el 27 de junio con una única votación. Ambas formaciones tienen recelos mutuos. Los de Inés Arrimadas amenazan a Sánchez con descolgarse del acuerdo si hace cesiones a la formación independentista mientras el Gobierno hace equilibrios y mantiene la negociación con ERC, que a última hora de este martes lamentaba que haya “elegido socio” al pactar de nuevo con Ciudadanos y que “prácticamente no ha habido ningún gesto para intentar llegar a un acuerdo”.
Moncloa anunció su acuerdo con Ciudadanos un par de horas después de que el Consejo de Ministros aprobara la solicitud de una nueva prórroga del estado de alarma. El documento que recibieron los miembros del gabinete, según varias fuentes consultadas, reflejaba la intención inicial del Gobierno: que durara hasta el 27 de junio para cubrir prácticamente todo el proceso de desescalada. “Se dijo que estaba abierto”, asegura a eldiario.es un ministro. Sánchez ya había recibido la negativa de sus potenciales aliados a prolongar la alarma un mes. Tanto Ciudadanos como ERC pretendían que, en todo caso, fuera de quince días, como hasta ahora. El Gobierno, que inicialmente se planteó la modificación a través de una enmienda en el Congreso, se vio obligado a rectificar. Finalmente, la solicitud de prórroga que se registró en el Parlamento tres horas después de que acabara la reunión del gabinete recoge directamente el fin a las 00:00 horas del 7 de junio, 20 días antes de lo previsto. No obstante, el Gobierno sostiene que es “imprescindible” mantener la alarma, aunque sea de forma “gradual” y “asimétrica”, hasta que España llegue al fin del proceso de desescalada.
A partir de ahí, Ciudadanos lanzó varias advertencias a Sánchez respecto a su intención de negociar con ERC. “No se va a producir ninguna mesa de negociación con ERC ni los separatistas para dinamitar la igualdad entre españoles”, expresaba en un comunicado. “Cualquier concesión que haga a los nacionalistas sería incompatible con este acuerdo: es una vía o la otra”, subrayó en una rueda de prensa el portavoz, Edmundo Bal, que aseguró que el partido no admitiría que “se pongan encima de la mesa chantajes nacionalistas ni se busquen réditos políticos”.
“Deben elegir. Esquerra o la derecha”
La recuperación de la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat es una de las exigencias que plantea ERC, que pide “poner una fecha”. Sánchez ya ha dicho que es un propósito del Gobierno retomarla cuando la pandemia le dé margen, pero las palabras de Ciudadanos han inquietado a los de Rufián, que quieren una mayor contundencia en el compromiso del presidente del que han expresado la portavoz, María Jesús Montero, y el ministro de Sanidad, Salvador Illa, que forma parte de la mesa de gobiernos. Aún así, ERC ha mantenido los contactos con el equipo de Sánchez. No obstante, a última hora de este martes los republicanos catalanes aseguraban en un comunicado que siguen “a la espera” de una respuesta por parte del Gobierno de Sánchez. Mientras tanto, la posición del grupo de Rufián es el voto en contra.
“Habíamos pedido unas condiciones mínimas, pero prácticamente no ha habido ningún gesto para intentar llegar a un acuerdo, porque parece que ya habían elegido desde el inicio. No queremos más dilaciones. Hemos presentado enmiendas a la prórroga del estado de alarma y nos mantenemos a la espera. Ellos son quienes deben elegir. Esquerra o la derecha”, reza la nota enviada a los medios de comunicación.
En ERC son conscientes de que el estado de alarma es actualmente la única figura jurídica que permite restringir la movilidad entre las comunidades por lo que se abren a abstenerse si el Gobierno cede el poder de decisión en la desescalada a los gobiernos autonómicos. Lo que plantean los republicanos catalanes es que desaparezca el mando único sanitario, que es el que por ahora quiere conservar el Gobierno. En la solicitud de prórroga solo mantiene al ministro de Sanidad, Salvador Illa, como autoridad delegada. Interior, Defensa y Transportes pierden las competencias extraordinarias que le otorgaban capacidad de supervisión sobre las comunidades.
Según el texto aprobado en el Consejo de Ministros a Sanidad le corresponde “acordar conjuntamente” con las autonomías “la modificación, ampliación o restricción de las unidades de actuación y las limitaciones respecto a la libertad de circulación de las personas, de las medidas de contención y de las de aseguramiento de bienes, servicios, transportes y abastecimientos, con el fin de adaptarlas mejor a la evolución de la emergencia sanitaria en cada comunidad autónoma”. Hasta ahora el criterio del Gobierno ha sido el de la cogobernanza y se ha cerrado en banda a dejar que cada comunidad tome las decisiones por su cuenta. De hecho, el PSOE lo rechazó este mismo lunes. Guillermo Fernández Vara, que compareció en calidad de portavoz socialista tras la reunión de Sánchez con los líderes territoriales, calificó de “absurdo” que los gobiernos autonómicos pudieran actuar de manera autónoma en la desescalada.
Pero la negociación de una reforma legislativa que implicaría cambios en varias normas -entre ellas la de Salud Pública- que permitan hacer frente a un posible rebrote de la pandemia sin necesidad de asumir las competencias de las comunidades autónomas a través de la alarma es una de las bazas que empleó la vicepresidenta Carmen Calvo para tratar de convencer a los grupos parlamentarios para que apoyaran la que pretendían que fuera la última prórroga de la medida excepcional que se aplicó el pasado 14 de marzo.
La negociación ha ido tan en paralelo que, minutos antes de que se conociese el pacto con Ciudadanos, el Gobierno y ERC estaban “ultimando” un acuerdo con medidas de conciliación mediante una prestación para las familias, según los republicanos catalanes, que horas más tarde se han quejado de la falta de avances. En el listado de peticiones también está la de que los ayuntamientos puedan emplear los 20.000 millones que tienen de superávit en gastos derivados de la pandemia. El Ejecutivo guarda con celo la marcha de las conversaciones para evitar que descarrilen, pero la portavoz, María Jesús Montero, afirmó que “el Gobierno considera que cuenta con los apoyos necesarios” para que la prórroga salga adelante.
No obstante, las formaciones mantienen la presión hasta el final. En el bloque del 'no' están asegurados PP, Vox, JxCat, CUP, Foro y UPN mientras que EH Bildu asegura que la abstención no está asegurada por el pacto de Sánchez con Ciudadanos. También los aliados parlamentarios del Gobierno han endurecido su posición. El diputado de Compromís, Joan Baldoví, amagó con no secundar la prórroga si no se mejora la financiación de las comunidades y Más País aún no ha confirmado su apoyo al Gobierno. El diputado del BNG, Néstor Rego, se mantendrá, en principio, en la abstención dado que “no se devuelven todas las competencias a las comunidades y no se fija la movilidad interprovincial”. También el PRC ha reclamado una “cogobernanza real” para respaldar la prórroga.