Dependencia, memoria histórica o lucha contra la violencia machista, todas ellas medidas sociales aparcadas durante los siete años que Mariano Rajoy ha estado en Moncloa, vuelven ahora al Congreso en forma de promesas desde la bancada azul. El Consejo de Ministras ha desfilado esta semana por el Parlamento para esbozar las líneas maestras de su acción de gobierno: un giro a la izquierda en la política social y los impuestos.
El gabinete de Pedro Sánchez es consciente de sus exiguos apoyos parlamentarios y ha renunciado ya a aspectos fundamentales de las promesas electorales del PSOE, como la derogación de aspectos clave de la reforma laboral. Y se ha resignado a Gobernar durante el primer año con las cuentas heredadas del PP que tanto criticó cuando se presentaron. La buena noticia para el Gobierno es que ha recibido cierto oxígeno desde Bruselas que ha permitido flexibilizar los objetivos de déficit, lo que dará a España 6.000 millones de euros más. A cambio, la ministra de Economía, Nadia Calviño, que conoce bien los entresijos de las negociaciones comunitarias, se ha comprometido a hacer “ajustes” por importe de 4.500 millones. Gobierno y PSOE tendrán que empezar a negociar ya los apoyos para la senda de déficit, la antesala de una negociación por los presupuestos para 2019 que se prevé muy complicada en plena precampaña electoral para las municipales y autonómicas y con un adelanto en Andalucía que muchos en el PSOE dan por seguro.
El otro as en la manga de Sánchez es el aumento de los ingresos vía impuestos. “Los programas presentados muestran un proyecto de enorme impulso del Gobierno a igualdad, a las políticas sociales, a la sanidad universal, a la educación, a la formación profesional, a un modelo fiscal progresivo más justo (...) y un largo etcétera”, ha resumido la portavoz, Isabel Celáa. “Ni se van a subir impuestos a los ciudadanos, ni a las pequeñas empresas, ni a los autónomos”, ha prometido la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
La idea es aprobar en “los próximos días” la conocida como 'tasa Google' –ya planeada por el Gobierno de Rajoy– y que la banca tenga que pagar un impuesto específico. “Es un sector que tiene que contribuir a la redistribución de la renta”, ha explicado Montero, que también ha anunciado una “revisión del impuesto de sociedades”. El otro paquete impositivo es el de “medidas medioambientales” que el Gobierno encamina más a la disuasión de las “conductas agresivas” que a la “recaudación”.
Entre el margen permitido por Bruselas y el aumento de los ingresos –que para el Gobierno pasa también por el crecimiento del empleo–, los socialistas esperan poner en marcha paquetes sociales que de manera algo deslavazada han ido prometiendo los ministros a su paso por el Congreso y que dibujan un cambio de ciclo con respecto a los siete años de Gobierno del PP.
El Consejo de Ministras ha aprobado este viernes la eliminación del copago farmacéutico a los pensionistas y la recuperación de las cotizaciones a la Seguridad Social de las cuidadoras de familiares con dependencia, que anunció Carmen Montón. El Ministerio de Sanidad se estrenó con una medida estrella: la recuperación de la sanidad universal para las personas inmigrantes, una de las principales reclamaciones de la izquierda desde que el PP puso en marcha los recortes sociales.
El ministro de Ciencia, Pedro Duque, prometió recuperar el nivel de inversión en I+D+I anterior a la crisis, aunque para eso el Gobierno necesita aprobar las cuentas públicas y también una nueva ley de universidades. El impulso a las renovables y el ahorro energético está en el plan del nuevo departamento de Transición Ecológica.
A por el electorado de izquierdas
Otro de los gestos del Gobierno es su intención de dejar vía libre a las leyes de tinte social aprobadas en parlamentos autonómicos y que Rajoy recurrió ante el Tribunal Constitucional. Pobreza energética, cambio climático e incluso la ley balear que prohíbe que los toros mueran en las corridas están en ese paquete de estudio. A los guiños a la comunidades, con cuyos presidentes Sánchez se va reuniendo en Moncloa para recopilar sus “prioridades”, se suma el anuncio de Meritxell Batet de que suavizará la regla de gasto y permitirá a los ayuntamientos gastar su superávit en servicios sociales. Esa era una de las reclamaciones de los municipios negada por Cristóbal Montoro y que le ha enfrentado a las referentes del cambio en las grandes ciudades: las alcaldesas de Madrid y Barcelona, Manuela Carmena y Ada Colau. La medida llega a menos de un año de las elecciones municipales.
Sánchez intenta dar a la igualdad una posición muy relevante y por eso le entregó la cartera a la vicepresidenta, Carmen Calvo. El feminismo se ha convertido en un asunto central en la política española tras las multitudinarias manifestaciones del 8 de mayo y algunas decisiones judiciales muy controvertidas como la sentencia del caso de La manada. En Moncloa lo saben y la pretensión del presidente es poner en un lugar prioritario de la agenda la lucha contra la violencia machista –a partir de ahora se contabilizarán las víctimas de forma global y el contador no se pondrá a cero cada año, por ejemplo–. Calvo anunció su intención de reformar el Código Penal para que se considere violación todas aquellas relaciones que no tienen consentimiento expreso de la mujer. La propuesta provoca reticencias en el ámbito jurídico.
Junto a esa bandera de la izquierda, el Gobierno se va a esforzar por ganarse a ese electorado con otros dos iconos que también le salen gratis: la religión y la memoria histórica. La ministra de Educación está determinada a sacar la religión del currículum escolar.
Se cruza el rey: Sánchez no publicará la amnistía fiscal
Justicia trabaja en un paquete de medidas vinculadas con la eliminación de los vestigios del franquismo: sacará al dictador del Valle de los Caídos –aunque el procedimiento se le está complicando más de lo inicialmente pensado–, estudiará la eliminación del ducado de Franco, la forma de ilegalizar la Fundación Francisco Franco y declarará nulas las condenas de la dictadura, como la de Lluís Companys. Dolores Delgado se ha comprometido igualmente a llevar a cabo un proceso de exhumaciones en las cunetas que pagará el Gobierno.
En las últimos días el gabinete de Sánchez se ha topado con una polémica que divide al electorado de izquierdas: la monarquía. Las grabaciones a la supuesta amante del rey Juan Carlos que apuntan de nuevo a su fortuna en paraísos fiscales han situado al PSOE y al Gobierno en una posición incómoda: su apoyo a la monarquía amenaza el discurso de la regeneración. Unidos Podemos ha pedido una comisión de investigación sobre el asunto y ni PSOE ni Gobierno se han pronunciando al respecto. “Afortunadamente no afectan al jefe del Estado Felipe VI. Son antiguas, ni las consideramos”, ha despejado la portavoz, Isabel Celáa las escandalosas revelaciones publicadas por Ok Diario y El Español que parten de las cintas grabadas por el polemiquísimo comisario Villarejo, que sigue encarcelado en un sumario por corrupción.
El asunto ha tenido consecuencias colaterales y ha puesto sobre la mesa la amnistía fiscal de Rajoy dado que Corinna Zu-Wittegenstein apunta en esas charlas que el exjefe del Estado se benefició de ella. Las grabaciones han obligado al Ejecutivo a retratarse y a admitir que incumplirá una de las grandes promesas de Sánchez en la oposición: no publicará el listado de defraudadores que se beneficiaron de la medida aprobada por Cristóbal Montoro. Se trata del primer lamparón en el expediente del presidente Sánchez. El Gobierno confía en que esa tormenta escampe pronto.