Pedro Sánchez ha pasado este martes uno de los mayores trances de la legislatura al conceder el indulto a los líderes independentistas encarcelados por el procés. En Moncloa creen que el clima es mejor que el que cabía esperar y aguardan ahora un gesto del independentismo. “Hemos dado un paso y ahora le toca al independentismo”, argumentan fuentes gubernamentales tras la medida de gracia que supondrá la salida inmediata de la cárcel de los nueve condenados por sedición. El Ejecutivo se muestra, además, convencido de que no volverá a quebrantarse la legalidad como ocurrió en 2017 en buena medida por el armazón jurídico de los propios expedientes de los indultos, que están condicionados a que no se cometa un delito grave en un plazo de entre tres y seis años, y también al mantenimiento de las inhabilitaciones completas.
La reacción de los independentistas -incluidos algunos de los presos indultados- ha sido precisamente la contraria de lo que ahora pretende recibir el Gobierno. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha asegurado que “es el momento de un referéndum pactado con aval internacional”. Sánchez defiende que los indultos son una forma de pasar página de la situación enquistada entre Catalunya y el resto de España y en el Ejecutivo consideran que la prisión de los líderes independentistas era un “callejón sin salida” para comenzar el diálogo. “Creemos que es un primer paso. No es el final del camino, es el inicio para que podamos restablecer la concordia y la convivencia. Queremos normalizar las relaciones institucionales y afectivas entre España y Catalunya”, explican en el Ejecutivo, donde creen que los indultos quitan “argumentos” y “victimización” a los independentistas.
Además, en el Gobierno sostienen que la presencia de políticos en prisión es una situación “muy excepcional” en las democracias occidentales que no terminaba de entenderse en la UE. Con su salida de la cárcel, creen que se envía un mensaje internacional y también que se elimina “un impedimento para establecer relaciones afectivas de normalidad”.
Pero ese paso hacia el diálogo quieren que vaya acompañado de una respuesta acorde por parte de las instituciones catalanas y que pasa por que abandonen las posiciones maximalistas. “El Gobierno toma la iniciativa, algo que no ha pasado en años. Hace política con P mayúscula, plantea una propuesta a los catalanes para reconstruir y reencontrarnos y quiere acabar con la crispación política. Hemos dado un paso y ahora le toca al independentismo”, señalan fuentes gubernamentales.
Abandonar posiciones maximalistas
¿Y qué es lo que le piden a sus interlocutores en la Generalitat? “Que tengan una dosis de realidad pragmatismo, viabilidad y dentro del orden constitucional permitan avanzar”, según ha contestado la portavoz, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Según un miembro del Gobierno, tienen que plantear “cosas que se puedan asumir, no elementos de escapismo”.
“Nuestra voluntad no es asfixiar el diálogo antes de que comience, todo lo contrario”, ha proseguido Montero, que apuesta por empezar a hablar sobre la agenda del reencuentro que Sánchez propuso en la primera reunión de la mesa de diálogo que se reactivará tras su cita con Aragonès. “Estamos abiertos a cualquier planteamiento, pero planteamientos que no sean viables, que estén fuera del marco constitucional van a ser inmovilistas, no nos van a permitir avanzar”, ha dicho Montero en referencia a propuestas sobre el referéndum por la independencia. “Hay margen, camino por recorrer. Entre lo que a uno le gustaría como óptimo y a lo que uno puede llegar hay metros que se pueden recorrer y que los podemos recorrer juntos y esto es a lo que aspiramos”, ha resumido.
Aunque la aspiración de Moncloa es alcanzar un acuerdo que satisfaga al 74% de la población catalana, que fue el porcentaje que suscribió el Estatut en 2006, reconocen que no tienen en este momento una propuesta concreta para poner sobre la mesa de diálogo. “Hemos dado paso muy importante, un gesto que inicia el camino. Los independentistas no se pueden quedar en esa pantalla en la que no escuchaba a la otra parte y reiteraban peticiones de autodeterminación o amnistía. Tendrán que hacer gestos”, dicen fuentes del Gobierno.
Montero ha advertido, además, de que esas propuestas contarán con el rechazo frontal del Ejecutivo. “Si en la mesa u otro entorno cualquier protagonista, partido político o institución pone encima de la mesa un quebranto a la legalidad, la respuesta es de la misma contundencia: no. Este Gobierno no va a convocar un referéndum para la autodeterminación ni va a permitir una declaración unilateral de independencia”, ha zanjado la portavoz. En cualquier caso, en Moncloa están convencidos de que el independentismo ha aprendido la lección de los hechos de 2017. “Con este Gobierno en el poder no se van a volver a repetir. Este Ejecutivo no va a permitir que se quebrante la legalidad como se hizo con la declaración unilateral de independencia”, ha rematado.
La portavoz también ha sido realista en cuanto a las dificultades para resolver el problema más allá del planteamiento entusiasta al pasar el trance de la medida de gracia. “El Gobierno da un paso adelante, pero no está garantizado el éxito de que el conflicto catalán pueda llevarse a buen puerto en un periodo breve de tiempo”, ha admitido. En todo caso, en lo que coinciden todos los interlocutores consultados es en que ha habido “unanimidad” en la defensa de la decisión que se ha producido en una reunión del Consejo de Ministros que se ha prolongado más de cuatro horas, más de lo inicialmente previsto porque han intervenido casi todos los miembros del gabinete.
Unidas Podemos insiste en el referéndum pactado
Todas las intervenciones han sido para apuntalar la decisión, incluso la de la ministra de Defensa, Margarita Robles, a quien la derecha señala como una de las posibles voces críticas dentro del Ejecutivo. Los representantes de Unidas Podemos en el Gobierno no han perdido la oportunidad, además, de reivindicarse dado que la opción de los indultos es la que defendieron desde la judicialización del procés. Así lo ha hecho la vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, quien ha marcado en su intervención la decisión tomada como el punto de partida para abrir un diálogo y buscar una solución. “Es la posición que siempre hemos defendido”, ha sostenido después en un mensaje en Twitter. La también ministra de Trabajo ha expuesto ante el gabinete su certeza de que los indultos van a marcar el escenario político de los próximos tiempos, según algunos presentes.
La líder de Unidas Podemos en el Gobierno se ha desmarcado, eso sí, de la posición de Sánchez respecto a la solución del conflicto político en Catalunya al reiterar otra de las tesis que ha planteado siempre su espacio político como solución: el referéndum pactado. En septiembre 2017 Podemos, IU y las confluencias convocaron a cargos públicos de todo el Estado y de diferentes partidos a la Asamblea de Zaragoza, donde se hizo una apuesta firme por resolver la cuestión con una consulta a los catalanes en cuya redacción estuvieran de acuerdo los gobiernos central y autonómico. A aquella cita acudieron diputados y representantes de los partidos que hoy sostienen al Gobierno, con excepción del PSOE, para el que esa es una línea roja infranqueable. No obstante, en el marco del acuerdo programático Unidas Podemos renunció a ese planteamiento y aceptó que en tema territorial la postura del Gobierno es la que marca Sánchez.
Por último, Díaz ha pedido además que el Gobierno tenga en otros temas la misma “ambición” que está teniendo con los indultos. Especialmente en temas sociales. Estos días se están terminando de negociar algunos asuntos clave como la ley de vivienda o la senda del SMI para la legislatura.