El Gobierno estudia facilitar el acceso de los historiadores a los archivos del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y no descarta modificar el acuerdo que en 2010 blindó el grueso de los documentos producidos o recibidos en el departamento al otorgar la calificación de secreto o reservado a un gran número de materias relacionadas con la política exterior.
En concreto, el Ejecutivo ha admitido estar “estudiando fórmulas para permitir un acceso más fácil y libre a la documentación, sin excluir la posible modificación del acuerdo del Consejo de Ministros de octubre de 2010”.
Así lo reconoce en una respuesta escrita, a la que ha tenido acceso Europa Press, a la diputada de ICV Laia Ortiz, que preguntó al Gobierno por qué Exteriores denegaba el acceso de los investigadores a documentos históricos.
MUDANZA DE DOCUMENTOS
En su contestación, el Ejecutivo explica que el Archivo General del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación estuvo cerrado al público durante 2013 debido a la mudanza de sus documentos, que se han repartido entre el Archivo Histórico Nacional y al Archivo General de la Administración, en aplicación de un acuerdo alcanzado entre Exteriores y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en 2012.
La transferencia de documentación al Archivo Histórico Nacional concluyó el 12 de diciembre de 2012, y la transferencia al Archivo General de la Administración, el 21 de agosto de 2013, precisa el Gobierno a la diputada de ICV.
Desde abril de 2013 se pueden consultar los fondos históricos de Exteriores transferidos al Archivo Histórico Nacional y que abarcan desde el siglo XVI hasta 1931. Nada se sabe en cambio sobre cuándo estarán accesibles los que se guardan en el Archivo General de la Administración.
ACUERDO SECRETO
Los investigadores empezaron a tener problemas para acceder al archivo de Exteriores, situado desde principios del siglo XX en el Palacio de Santa Cruz, como consecuencia de un acuerdo secreto decidido en octubre de 2010 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Este acuerdo, cuya existencia saltó a la prensa en 2012, otorga la calificación de secreto o reservado a un gran número de materias, desde la posición de España en negociaciones, a las gestiones para la liberación secuestrados, cuestiones de asilo y refugio, protección de Derechos Humanos, hasta cuestiones que afecten a la soberanía, independencia e integridad territorial de España y países amigos o los preparativos de viajes de los Reyes, el presidente del Gobierno y ministros.
En febrero pasado, el PP tumbó en el Congreso una iniciativa promovida por IU destinada a abrir los archivos históricos de los Ministerios de Exteriores y Defensa a los investigadores.
En aquella ocasión, la diputada 'popular' Gema Conde explicó que la dispersión de los documentos del Archivo de Exteriores se hizo “en aras” de ofrecer a los investigadores “una mayor comodidad” a la hora de consultar los documentos, si bien demandó tiempo para que los documentos se pudieran consultar pues tras una “mudanza de esas características, se requiere un tiempo de adaptación”.
Conde ya confirmó entonces que el Ejecutivo seguía “estudiando” la actualización del acuerdo del Consejo de Ministros de octubre de 2010 y que tenía intención de, cuando la coyuntura presupuestaria lo permitiese, analizar qué documentos deberían seguir siendo reservados y cuáles no.
La diputada apuntó que incluso se podía hacer “un ajuste” de la Ley de Secretos Oficiales, si bien precisó que esto no estaba “en la agenda inmediata del Gobierno”.