“La perversión de la acusación popular por ultras y buleros es ya un problema democrático. Y que el PP les siga la corriente es lamentable. Eso sí, debe de ser frustrante que tanto trabajo les dé tan poco rédito”. Quien así habla es el ministro de Justicia, Félix Bolaños, que en la última sesión de control al Gobierno de este 2024 denunció sin ambages que las “asociaciones ultraderechistas a las que ustedes (PP y Vox) benefician está pervirtiendo la figura de la acusación popular porque están persiguiendo, no delitos, sino a personas, a políticos progresistas honrados y a sus familias”. Y dijo más: “Afirmo categóricamente también que las organizaciones ultras no persiguen esclarecer los hechos, sino contar mentiras y que ustedes se beneficien de esas mentiras y de esos bulos”.
Bolaños no hablaba a beneficio de inventario. El Gobierno lleva tiempo estudiando excluir a este tipo de asociaciones de la acusación popular en el marco de la reforma que deja en manos de los fiscales la investigación penal. El ministro ya ha pedido a los técnicos del Ministerio alternativas para acabar con esta práctica con la que un puñado de asociaciones ultraderechistas ha conseguido en el último año que se investigue en los tribunales a la esposa del presidente del Gobierno, al hermano y hasta al Fiscal General del Estado por haber enviado a los medios de comunicación un comunicado que desmentía varios bulos sobre los delitos fiscales confesados por la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que fueron difundidos por su jefe de gabinete.
La acusación popular está recogida en la Constitución, es una figura que sólo existe en España y que busca la participación de los ciudadanos en la justicia. De hecho ha sido clave en algunas de las investigaciones por corrupción más sonadas, como la del caso Gürtel, que provocó en 2018 la caída del gobierno de Mariano Rajoy tras una moción de censura, pero también la del caso Nóos, que sentó en el banquillo a la hermana de Felipe VI. Así que la polémica estará servida, pese a que hoy esta figura ha sido instrumentalizada por grupos extremistas en su cruzada contra Pedro Sánchez y pese a que todos los gobiernos, del PP y del PSOE, han tratado en varias ocasiones de limitar este derecho con escaso éxito.
Ahora, una vez que el Consejo General del Poder Judicial ha avalado por unanimidad, aunque con cuatro años de retraso, el anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), aprobado por el Gobierno en noviembre de 2020, Bolaños se ha propuesto acelerar la reforma para remitirla al Congreso de los Diputados en el primer trimestre de 2025. Antes que él hubo otros dos intentos por los gobiernos del PP, en 2011 y en 2013, para modificar una ley que es de 1882 y ha tenido más de 70 modificaciones en democracia.
La reforma que ahora se afronta dividirá el procedimiento penal en las fases de investigación, juicio de acusación y juicio. En la primera fase desaparecerá el juez de instrucción, ya que la investigación la dirigirá el Ministerio Fiscal y el juez actuará como juez de garantías, una figura de nuevo cuño que será quien vele por los derechos fundamentales. El modelo es el que rige en casi toda Europa.
Ni partidos, ni sindicatos, ni administraciones públicas
En lo que respecta al texto que fue remitido al Consejo del Poder Judicial ya se excluía a los partidos políticos, sindicatos y a las administraciones públicas de la acción popular. Y es que aunque la naturaleza de la figura siempre fue la participación del ciudadano en la justicia y la búsqueda de la legalidad, con el tiempo se ha utilizado por las organizaciones políticas para tener acceso a la documentación judicial y utilizarla en beneficio propio o para generar titulares de prensa contra el adversario político.
Para lograr este objetivo, se excluirán por “razones de mínima coherencia institucional” a las personas jurídicas públicas, los partidos políticos y los sindicatos. Respecto de los dos últimos, su eliminación como acusadores populares deriva, según el anteproyecto aprobado en 2020, de su peculiar inserción en el orden constitucional como organizaciones de relevancia pública y por “el especial riesgo de instrumentalización del proceso que dimana de su intervención activa en el debate político”.
El anteproyecto contempla la posibilidad de excluir el ejercicio de la acción civil en supuestos de “especial complejidad” en los que la determinación precisa de su alcance puede dilatar y perjudicar en exceso el desarrollo de la investigación criminal. Y será el Juez de Garantías el que habrá de tomar la correspondiente decisión, a petición del fiscal responsable de la investigación.
Ahora lo que se busca es extender la limitación a las organizaciones ultraderechistas por una cuestión de “higiene democrática”, defienden desde el Gobierno, donde no ofrecen detalles sobre cuál será la fórmula con la que excluir a los ultras para acabar con el “uso fraudulento de la acción popular” y sus efectos perniciosos como los fines políticos o mediáticos o la pura revancha.
También el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortíz, ha alertado en varias ocasiones sobre esta práctica. La última en una conversación con estudiantes y expertos en el Datafórum Justicia celebrada recientemente en Granada, en la que dijo que en ocasiones las acusaciones populares solicitan entrar en un procedimiento para “conseguir información” o porque tengan interés en que el caso adquiera “repercusión mediática”.
“El proceso es para castigar al culpable y descubrir el delito y los fines de estas acusaciones son otros, son diferentes. Tendremos que ver lo que nos interesa como país”, afirmó entonces García Ortiz, investigado hoy por el Tribunal Supremo por una presunta revelación de secretos sobre Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña e imputado por fraude fiscal. En su caso, el procedimiento se abrió a instancias del novio de la inquilina de Sol, pero también están personadas varias acusaciones populares ejercidas por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), Fundación Foro Libertad y Alternativa, el autodenominado sindicato Manos Limpias y el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid.
No son pocos los juristas que coinciden en el análisis del gobierno sobre el uso de la justicia con fines muy diferentes al proceso penal y que aumenta además el riesgo de investigaciones prospectivas o pervierte el esquema natural por el que sólo deberían llegar a los tribunales aquellas investigaciones en las que haya indicios concluyentes de responsabilidad criminal.