El Gobierno tiene un objetivo prioritario en las próximas horas: lograr la mayoría suficiente para que el Congreso apruebe la senda de estabilidad. Pedro Sánchez pide a sus aliados que respalden el nuevo plan presupuestario aún sabiendo que el PP lo bloqueará en el Senado con su mayoría absoluta. Los socialistas tienen una consigna clara: si Pablo Casado mantiene su negativa harán campaña con esa baza. De momento, solo el PNV ha dicho que votará a favor.
El Ejecutivo se está empleando a fondo para conseguir in extremis los apoyos que necesita para que la Cámara Baja dé luz verde a la senda de déficit –que es lo único que se vota del paquete presupuestario–. Sánchez necesita más síes que noes en esa votación en la que ya tiene 169 votos en contra (los de PP y Ciudadanos). El PSOE necesita así reeditar casi los números que le dieron el Gobierno y se puede permitir perder muy pocos votos por el camino.
La vicepresidenta, Carmen Calvo, se ha implicado en primera persona y se ha trasladado al Parlamento este miércoles para explorar la vía del PDeCAT con la número dos, Míriam Nogueras, tal y como adelantó eldiario.es. Ha sido una primera toma de contacto y los independentistas catalanes dejan en manos del Govern la decisión de sus diputados en el Congreso. En el reparto, el Gobierno ha dado dos décimas del PIB a las comunidades autónomas.
El PDeCAT, de momento, se debate entre el no y la abstención y avisan de que el respaldo al Gobierno no va a “ser gratis” ni se va a lograr obviando el conflicto territorial, judicial y político que vive Catalunya.
Lo mismo sucede con el resto de aliados de Sánchez en la moción de censura. Ninguno ha comprometido su apoyo a los números del Gobierno. A excepción de PNV, que ya ha confirmado el sí de sus cinco diputados. Las cifras aseguradas eran, al final del miércoles, de 89 votos a favor y 169 en contra.
Unidos Podemos y Compromís (67 más cuatro diputados) tampoco tienen una decisión cerrada, pero hoy por hoy se mueven entre el voto en contra y la abstención.
En el caso del Gobierno en coalición de la Comunidad Valenciana, que dirige el socialista Ximo Puig, el consejero de Hacienda se abstuvo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. El antiguo aliado del PSOE, Nueva Canarias, ha anticipado por ahora su voto en blanco y Coalición Canaria se inclina por votar a favor, pero sin definirlo.
El grupo confederal, del que tampoco puede prescindir Pedro Sánchez, reunirá a su dirección este jueves para tomar una decisión final. Algunas voces sí piden que se estudie la posibilidad de un sí táctico que llevaría la presión al PP y a su nuevo presidente, Pablo Casado, a pocos meses de que se abra una nuevo ciclo electoral.
Unidos Podemos: “Techo de gasto para que vote el PP”
Uno de los reproches que le hacen a Sánchez el resto de formaciones es que no ha negociado con ellas los números del techo de gasto. Distintos portavoces han lamentado durante la larga jornada en el Congreso que las llamadas de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se produjeron una vez que el Consejo de Ministras había aprobado y comunicado el paquete presupuestario. “Ha habido un par de llamadas –señalan desde el grupo de Pablo Iglesias–. No se ha negociado porque si entramos a hablar de millones es otra cifra” distinta a los 125.064 millones de euros de techo de gasto que aprobó el Gobierno.
“Vamos a ser coherentes con lo que hemos estado defendiendo siempre respecto al techo de gasto, y eso se va a ver reflejado en el voto”, señalan desde el grupo confederal, que se reúne este jueves para tomar la decisión definitiva.
Desde Unidos Podemos, además, creen que el PSOE no quiere pactar con ellos porque eso haría inviable cualquier mínima opción de acercamiento con el PP. Por eso, dicen, el Gobierno no ha negociado realmente con ellos y las cifras están tan alejadas de su propuesta. “Es un techo de gasto hecho para que lo vote el PP, y eso hace que nosotros no podemos votarlo a favor”, apostillan desde el grupo confederal.
En este caso, además, los grupos recuerdan que da igual lo que ellos hagan porque el PP ha anunciado que bloqueará la propuesta en el Senado. La Ley de Estabilidad da la potestad de veto a la Cámara Alta. La senda de déficit debe aprobarse así en las dos Cámaras mientras que lo normal es que el Congreso pueda sacar adelante las leyes aunque sean rechazadas en el Senado.
La estrategia de Gobierno y PSOE es clara: atizar al PP si rechaza la senda del déficit. Los socialistas recibieron la instrucción en la reunión de grupo de llevar a los territorios el discurso de que las comunidades no tienen más dinero porque los de Casado no han querido. El argumento de campaña está servido. La vicepresidenta, de hecho, ha pedido que no anteponga “sus intereses electorales o de partido” a los de los ciudadanos. “Respeto a Pablo Casado, pero ni siquiera ha llegado a su despacho en Génova y ya ha amenazado con quitarnos 350 millones de euros. Es el PP en estado puro. La verdad es que no lo comprendo”, dijo Susana Díaz tras reunirse con Sánchez en Moncloa.
El Gobierno quiere que quede claro que hace todo lo posible por dar oxígeno a las cuentas con esa flexibilización. “Encontraremos soluciones”, ha dicho Calvo sobre el bloqueo del PP en el Senado. Una de las opciones que barajan en Moncloa es cambiar la ley de estabilidad presupuestaria que reformó Mariano Rajoy y que otorga al Senado esa capacidad de veto sobre el Congreso.
Moncloa estudia cambiar la ley de estabilidad
“No tiene sentido que el Senado vete al Congreso, que es donde está la votación definitiva de los Presupuestos Generales del Estado”, ha expresado Calvo. La modificación de una ley orgánica requiere de la mayoría absoluta en el Congreso. La última modificación de esa norma se produjo en 2016 a instancias del Ejecutivo de Rajoy –la apoyaron PP, PSOE y Ciudadanos– para permitir al Gobierno en funciones aprobar el techo de gasto. El trámite duró apenas un mes.
Otra de las opciones a las que apuntan los socialistas es al incumplimiento de los objetivos de déficit ya que Bruselas ha permitido un margen más de cinco décimas del PIB. El anterior Gobierno lo incumplió en cinco ocasiones.
A lo que también está determinado el Gobierno es a llevar al Parlamento las cuentas para 2019. “No va a haber adelanto electoral y lo que va a haber son Presupuestos generales del Estado”, ha sentenciado Calvo para zanjar el debate sobre una hipotética convocatoria de elecciones ante el incremento de la presión de los aliados de Sánchez.
El Ejecutivo sostiene que su aspiración es agotar la legislatura. Otro de los mensajes que lanza en esa dirección es la rectificación respecto al nuevo sistema de financiación autonómica. Mientras que Sánchez tiró la toalla en su primera sesión de control, en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera cambió de escenario al poner en marcha los trabajos. Una maniobra que han aplaudido los presidentes autonómicos socialistas, que centraron buena parte de su oposición a Rajoy en el retraso en la renovación del sistema. En Moncloa advierte, no obstante, que no se han “fijado plazos”.