La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha tratado de medir las palabras en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros consciente de que la Junta Electoral Central analiza al dedillo sus declaraciones desde esa mesa ante el contexto electoral, que ha provocado sanciones y apercibimientos en el pasado, pero ha dejado un claro recado al PP, y también a la extrema derecha, por el riesgo que corren las políticas de igualdad tras sus pactos postelectorales y los discursos negacionistas de la violencia de género. “Si uno decide que no hay que hablar de ello porque es obvio, igual lo que nos quiere decir, pero no dice, es que como es obvio no hay que ponerle recursos”, ha expresado la ministra de Política Territorial en referencia a las palabras de Alberto Núñez Feijóo en una entrevista en la Cadena SER en la que justificó que no figuraran referencias a la lucha contra la violencia de género en los acuerdos con Vox porque es “una obviedad”.
Rodríguez se ha referido específicamente a la eliminación de las carteras de Igualdad en las ciudades en las que el PP gobernará con (o gracias a) Vox. “Las concejalías de la mujer e igualdad, en muchos sitios de España, fueron el impulso a las políticas públicas de igualdad que después asumimos las comunidades autónomas o el Estado y que allí en el territorio cuentan con recursos de asistencia, asesoramiento y atención a víctimas. Si dejan de existir esas políticas, dejan de existir esos recursos para las mujeres. Se pueden utilizar muchos eufemismos pero al final de lo que se trata es de esto”, ha afirmado.
Sin mencionar expresamente a Feijóo, la portavoz del Gobierno ha alertado del peligro que supone el negacionismo de la violencia de género o los discursos que llegan a justificarla. El líder del PP restó importancia este lunes a la condena al candidato de Vox, Carlos Flores, al asegurar que “tuvo un divorcio duro, y conllevó un abuso verbal hacia su exmujer” y reiterar que ocurrió “hace 20 años”, aunque el portavoz de la campaña, Borja Sémper, ha salido al paso al asegurar que era “lo que decían los de Vox para minimizarlo”.
“No hay ni pactos, ni acuerdos, ni divorcios duros que justifiquen blanquear la violencia de género”, ha replicado la portavoz del Ejecutivo.
Sobre la lona de Vox contra el colectivo LGTBI: “La gravedad es manifiesta”
“En lo que se refiere a la violencia de género y la importancia de política de igualdad, está claro que hace falta seguir avanzando y profundizando cuando hay dirigentes políticos que las niegan o las justifican”, ha advertido Rodríguez, que ha comparecido junto al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que ha aprovechado para sacar pecho de algunas iniciativas, como el incremento de la colaboración de la Policía Nacional con las unidades de violencia judicial en la Comunidad Valenciana.
Preguntados por la lona que ha desplegado Vox en la que una mano tira a la basura, entre otras, la bandera LGTBI, los ministros no han querido pronunciarse sobre si constituye un delito de odio, pero Marlaska sí ha advertido de que “la gravedad es manifiesta”. “Es todo menos generar convivencia”, ha lamentado el titular de Interior, que ha asegurado que esas actuaciones “no ayudan nada para respetar la diversidad” y que “pueden ayudar a otros discursos todavía más incendiarios”.
Rodríguez también se ha referido a las palabras del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que aseguró que Pedro Sánchez no se ha podido defender porque estaba ocupado gobernando. “No creo que haya faltado autodefensa como que ha sobrado agresión”, ha respondido la portavoz en línea con la estrategia que han adoptado los socialistas de denunciar los golpes de la derecha mediática.
Ayudas para desastres desde el 20 de agosto de 2022
El Consejo de Ministros ha dado luz verde al plan de prevención contra los incendios forestales, que desde que ha comenzado el año han arrasado 32.000 hectáreas, y la superficie quemada se ha triplicado respecto a hace diez años. El Gobierno ha aprovechado para declarar zonas afectadas por una emergencia de protección civil los territorios que se han visto afectados por desastres naturales desde el pasado 20 de agosto del pasado año hasta el 8 de junio.
La decisión supone que los ciudadanos de esos territorios (en Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Baleares, Navarra, Murcia y Euskadi) podrán, entre otras cosas, solicitar ayudas si han sufrido daños personales o en sus enseres de primera necesidad, como la pérdida de las viviendas o daños en sus estructuras.