Tres cartas al Govern de todos los ministerios implicados. El de Fomento, que dirige José Luis Ábalos, responsable de las infraestructuras, el del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la vicepresidenta, Carmen Calvo, encargada de la coordinación del Gobierno, se han dirigido por escrito a la Generalitat con tono admonitorio para que explique la “dejación de funciones” de los Mossos durante las protestas de los CDR el fin de semana que mantuvieron cortada la AP-7, una de las principales arterias de Catalunya.
Las misivas, según ha adelantado El País, advierten al Govern de Quim Torra de posibles consecuencias ante la “dejación de funciones” en materia de seguridad y orden público y le reclaman explicaciones. La vicepresidenta expresa al número dos de la Generalitat, Pere Aragonés, su “inquietud” por lo sucedido este fin de semana y le avisa: “Es nuestra obligación evaluar los posibles incumplimientos de los ordenamiento jurídico que se hayan producido. A estos efectos, sin perjuicio de otros requerimientos en curso sobre actos concretos y sus posibles responsabilidades, te solicitamos que nos aclares lo sucedido”, expresa la carta.
La misiva más dura es la del titular de Interior, que esgrime una de las razones que facultarían al Gobierno a garantizar la seguridad a través del artículo 38.2 de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que abre la puerta a la intervención “de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuando bien a requerimiento de las autoridades de una Comunidad Autónoma, o bien por decisión propia, lo estimen necesario las Autoridades estatales competentes para vigilar los espacios públicos, proteger las manifestaciones y mantener el orden en grandes concentraciones humanas”.
“Se ordenará la intervención cuando proceda”
Grande-Marlaska avisa a su homólogo autonómico de que enviará a la Policía Nacional o la Guardia Civil si no garantiza el orden público y la seguridad del tráfico. Así, le insta a dar las “instrucciones necesarias” para que los mossos cumplan con esa función. “En caso contrario, por exigencia de la superior responsabilidad en el mantenimiento de la preservación del libre ejercicio de los derechos y libertades y del mantenimiento de la seguridad ciudadana que corresponde al Gobierno, se ordenará la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cuando proceda y en términos de proporcionalidad y necesidad”.
Aunque nadie del Gobierno ha invocado directamente este artículo de la ley, Calvo ya había lanzado ese aviso la mañana del martes, desde Andalucía, donde dijo que “habrá consecuencias” si la policía catalana repite la inacción del fin de semana.
Fuentes del Ejecutivo consultadas por eldiario.es aseguran que el ministro de Interior será el encargado de marcar este martes la hoja de ruta del Gobierno para corregir la inacción de los mossos d'Escuadra durante el fin de semana. Fernando Grande-Marlaska tiene previsto asistir a la sesión de control al Gobierno en el Senado y en el Gobierno esperan que en ese momento se dé un paso más en la amenaza ante Torra.
Fuentes del Govern han confirmado a eldiario.es que han recibido las cartas y que responderán el martes a las advertencias del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Se repite la liturgia aplicada por Rajoy de comunicarse por escrito con el Govern antes de actuar sobre sus competencias. Rajoy lo hizo poco antes de aplicar el 155 y ahora Sánchez parece adopta la misma estrategia, aunque el Gobierno cree que aún no ha llegado el momento de aplicar ese precepto constitucional que supone la intervención de una autonomía.
Pedro Sánchez endurece el tono con la Generalitat
El conflicto no se circunscribe solo a los cortes en la autopista. El president de la Generalitat reclamó una purga en los mossos por las cargas contra los Comités de Defensa de la República (CDR) y su llamamiento a la “vía eslovena” para lograr la independencia han llevado a Pedro Sánchez a decir basta. El PSOE cree que la situación en Catalunya es “irrespirable” y el Gobierno ha endurecido el tono: se dispone a incrementar la presión sobre el Govern de Quim Torra. El Gobierno ha encontrado la excusa para ese cambio de estrategia en la inacción de los mossos durante la jornada del sábado en la que la AP-7 en Tarragona estuvo cortada quince horas o ante la apertura de los peajes este domingo.
“La inhibición de los cuerpos de seguridad autonómicos es una demostración de irresponsabilidad”, señalan fuentes de Moncloa, que han puesto de momento el foco en la policía autonómica ante la orden de no actuar contra los CDR. La beligerancia de este lunes choca con la respuesta que dio el viernes la portavoz del Consejo de Ministras, Isabel Celaá, que evitó pronunciarse sobre los protocolos de actuación por no ser la administración correspondiente, aunque sí censuró las manifestaciones violentas.
La tensión resurge en Catalunya y el Gobierno es consciente de que puede venírsele en contra. Los socialistas ya endurecieron su discurso este fin de semana cuando Torra apeló a la vía eslovena como forma para llegar a la independencia. En Eslovenia murieron decenas de personas y cientos resultaron heridos en un enfrentamiento con el ejército serbio tras la declaración unilateral de independencia.
El PSOE: “No temblará la mano” para aplicar el 155
Aún así, para el Ejecutivo esas declaraciones no pasan del plano “especulativo”, según lo ha considerado la vicepresidenta. “Parece llamar a una insurrección, pero lo que cuentan son los hechos”, ha declarado el ministro de Exteriores, Josep Borrell. Durante todo este tiempo, el Gobierno ha sostenido que el Govern no ha cometido ninguna ilegalidad que conlleve la aplicación del 155. “Rajoy lo activó cuando se había producido una declaración unilateral de independencia”, recuerdan fuentes socialistas.
Aunque la portavoz del Comité Electoral, Esther Peña, no lo ha descartado y ha asegurado que al PSOE “no le temblará la mano” para aplicar ese precepto constitucional que conlleva la intervención de una autonomía, la vicepresidenta ha asegurado que el 155 es “excepcional” y “la última medida a la que hay que llegar”. Desde Moncloa aseguran que se trata de una solución extraordinaria: “No es una medida prevista para cada rueda de prensa de PP, Ciudadanos y Vox”, dicen fuentes monclovitas.
No obstante, la presión sobre Sánchez también ha crecido por el flanco derecho desde las elecciones andaluzas. Aunque en Moncloa aseguran que la situación en Catalunya no ha sido el principal factor del hundimiento del PSOE en Andalucía, en una parte importante del partido sí creen que la estrategia con respecto a los independentistas sí ha pasado factura.
Aumenta la presión
De hecho, Sánchez ha cambiado su estrategia tras las elecciones regionales al decidir llevar los Presupuestos Generales del Estado al Congreso para que ERC y PDeCAT se retraten. Aunque en el Gobierno celebrarían su aprobación porque les permitiría agotar la legislatura, los socialistas buscan también marcar distancias con los que fueron sus aliados en la moción de censura. El hombre fuerte de Sánchez en el Gobierno, José Luis Ábalos, también reconoció que hasta cierto punto la “propaganda” y la “mentira” sobre su alianza con los independentistas –que asegura es inexistente– sí pudo calar en una parte del electorado.
PP, Ciudadanos y también Vox llevan meses con un duro discurso hacia Catalunya. Pablo Casado y Albert Rivera han pedido la aplicación del 155 en numerosas ocasiones, incluida la huelga de médicos de hace un par de semanas. En esta ocasión, el PP ha reclamado al Gobierno que intervenga los mossos a través de la Ley de Seguridad Nacional.
Esa es una opción que tampoco ha descartado la portavoz del PSOE, que ha asegurado que se tomarán todas las medidas oportunas dentro del “marco competencial del Gobierno” para garantizar la seguridad en Catalunya. Antes de que se aplicara el 155 en 2017, Rajoy ya barajó la opción de esa normativa, que permite al Gobierno, a través de un real decreto del presidente, arrogarse las competencias en materia de seguridad en determinadas circunstancias.
Los altercados protagonizados por los CDR también han provocado la reacción de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF), que ha reclamado a la fiscala General del Estado, María José Segarra, que ordene “directamente” a los Mossos d'Esquadra que actúen contra los disturbios.
También los sindicatos de la Policía han pedido que la Fiscalía investigue las “órdenes políticas” para que los mossos no actuaran y, además, avisan del potencial riesgo que, en este contexto, puede suponer para la seguridad la llamada a la movilización para boicotear el Consejo de Ministras del 21 de diciembre en Barcelona, informa Europa Press. Corresponde a la Policía Nacional la seguridad de los miembros del Gobierno.
Los últimos acontecimientos han evidenciado, no obstante, los distintos criterios dentro de la Generalitat con respecto a los CDR y a la vía para lograr la independencia. Mientras Torra apelaba a la fórmula de Eslovenia y alienta a los CDR, ERC ha defendido la forma escocesa –a través de un referéndum pactado–: “La república no se construye con capuchas ni con la cara tapada”, ha reprochado el presidente del Parlament, Roger Torrent. De hecho, el president se ha visto obligado a dar marcha atrás en su intención inicial de cambiar a los mandos de los mossos por las cargas la semana pasada.