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El Gobierno se ha atraído el apoyo del PSOE, CiU y PNV sobre el proyecto de la Ley de Transparencia y ha cedido en algunos aspectos importantes. La principal concesión ha sido que el órgano que vigile su cumplimiento no sea una agencia del Ministerio de Hacienda sino un consejo independiente. El Gobierno también ha confirmado que la Corona y el Banco de España estarán incluidas en la ley, así como los partidos políticos, sindicatos, patronal, fundaciones y todas las organizaciones que tengan un porcentaje “relevante” de financiación pública.
La importancia del proyecto ha contrastado con la imagen de un hemiciclo medio vacío durante las tres horas que ha durado el debate en el Congreso.
Para convencer a los nacionalistas ha sido básico avenirse a negociar el aspecto competencial sobre qué cargos autonómicos y locales podrán ser sancionados y destituidos por incumplir la ley. De esta forma, CiU y PNV han retirado sus enmiendas de devolución. El acuerdo ya era implícito con los socialistas porque el secretario de Estado José Luis Ayllón ya se había asegurado la abstención para seguir negociando con enmiendas parciales y que la ley no se retrase más.
Emilio Olabarria, del PNV, demostró su satisfacción y se deshizo en elogios hacia Soraya Sáenz de Santamaría y su “buen rollo” para negociar. Con otras palabras, pero el mismo sentido, se ha expresado Jordi Jané, de CiU.
Definir qué es un “porcentaje relevante” de dinero público será a partir de ahora uno de los aspectos más importantes. La vicepresidenta ha avanzado que habrá que definir unas “cuantías mínimas” así como unas “obligaciones básicas” y sanciones para los cargos públicos que después de desarrollarán en normativas autonómicas.
La disposición a dialogar sobre más cambios ha convencido a socialistas y nacionalistas a falta de que se concrete en un texto. Ésa ha sido la principal crítica de los grupos de izquierda y UPyD, que se han quejado de que se les pida “un acto de fe”. Los grupos parlamentarios que exigían la devolución han basado su rechazo en el silencio administrativo, a lo que la vicepresidenta ha respondido con el aval del Consejo de Estado. También ha puesto de ejemplo la ley gallega, que lo regula igual y fue aprobada con la unanimidad de todos los partidos.
La necesidad de contemplar el derecho a la información como fundamental y la exigencia de que su difusión afecte a todos los bienes de la Administración general del Estado han sido las peticiones más repetidas. También, una mayor concreción en el caso de la financiación y el dinero para mantenimiento que se dedica a la Iglesia, y no la mera liquidación del IRPF. Varios de los grupos han sacado a colación los numerosos casos de corrupción y las sospechas de financiación ilegal que rodean al PP para pedir que se incluyan auditorías internas, la publicación de agendas y currículos de los cargos y todos los detalles de los procesos de licitación de contratos.