El Ministerio de Exteriores ha informado a las empresas españolas de los riesgos asociados con las actividades económicas y financieras en los asentamientos israelíes, en consonancia con la decisión de la UE y al igual que han hecho Alemania, el Reino Unido, Francia e Italia.
Fuentes diplomáticas han destacado a Efe que este aviso tiene únicamente carácter informativo y no constituye una sanción o boicot alguno contra Israel, una posición a la que España sería contraria, ni la intención de perjudicar el comercio y la cooperación con Israel, “en lo que son sus fronteras internacionalmente reconocidas”.
En un comunicado publicado en su página web, Exteriores recuerda que la UE y sus estados miembros consideran que los asentamientos israelíes son ilegales según el derecho internacional, constituyen un obstáculo para la paz y amenazan con imposibilitar una solución de dos estados al conflicto palestino-israelí.
“La UE y sus Estados miembros no reconocerán ningún tipo de cambios en las fronteras anteriores a 1967, incluyendo respecto a Jerusalén, que no hayan sido acordados por las partes. Cisjordania, incluyendo Jerusalén Este, Gaza y los Altos del Golán son territorios ocupados por Israel desde 1967”, afirma la nota.
Como consecuencia de esto, la UE y sus Estados miembros llaman la atención sobre los riesgos jurídicos y económicos para las transacciones financieras, inversiones, compras, contrataciones, así como otras actividades económicas (incluyendo servicios como el turismo) en los asentamientos israelíes.
Estos riesgos, se derivan del hecho de que los asentamientos israelíes, de acuerdo con el derecho internacional, están construidos en territorio ocupado y no son reconocidos como parte legítima del territorio de Israel.
“Esta situación podría dar lugar a controversias respecto de los títulos sobre la tierra, el agua, los minerales u otros recursos naturales que pudiesen haber sido objeto de compra o inversión”, advierte la nota, que añade que también se deberían tener en cuenta “las posibles violaciones del Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos”.
Fuentes diplomáticas han explicado a Efe que se trata de una decisión adoptada por el Grupo de Trabajo de la UE y que España ha publicado la nota después de que lo hicieran otros Estados miembros, como Alemania, el Reino Unido, Francia e Italia.
El objetivo, han incidido, es informar de las consecuencias legales, económicas y de reputación que llevaría la inversión en los asentamientos.
La decisión de hacer pública esta advertencia se adoptó hace más de un año en la UE y hoy se ha publicado la traducción literal del texto acordado.