El Gobierno inicia el trámite de sus presupuestos más difíciles, sin mayoría a la vista y en año preelectoral

Fuera del ruido de las convocatorias electorales y de las encuestas que acentúan el desgaste de Pedro Sánchez y de su gabinete, el Gobierno ha fijado el rumbo en el final de una legislatura que pretende estirar hasta 2023 después de que España asuma la presidencia europea. La guerra de Ucrania y la inflación derivada del coste de las materias primas y de energías disparadas han cambiado los planes de la coalición, que aguardaban una plácida segunda mitad de legislatura con el colchón de los fondos europeos.

Son muchas las promesas electorales y del acuerdo de Gobierno que aún no se han cumplido porque el PSOE las metió en el congelador por la pandemia y que, en algunos casos, necesitan plasmarse en los Presupuestos Generales del Estado. Aunque en el peor de los casos, Sánchez tiene allanado el camino hasta el final de su mandato, que pasaría por prorrogar las cuentas aprobadas este año, el Ministerio de Hacienda ha comenzado ya el proceso técnico de elaboración de los Presupuestos de 2023, que serán las más difíciles de sacar adelante con la mayoría de la investidura fracturada y en el contexto poco propicio de un año preelectoral. En el Gobierno son conscientes y confían en que la relación con ERC todavía tiene arreglo.

Sánchez presume de haber logrado aprobar dos ejercicios presupuestarios consecutivos, algo que se había convertido en una quimera tras la fragmentación política que irrumpió en el Congreso a partir del año 2015. Sin embargo, el escenario es el más complicado para la coalición desde el inicio de su andadura. El Gobierno no se puede permitir una derrota en la aprobación de la ley básica y, pese a empezar los trámites, ya reconoce que no llevará las cuentas al Parlamento si no tiene garantías antes de que saldrán adelante. 

¿Pero puede aguantar el Gobierno sin esos presupuestos hasta el final de la legislatura? Técnicamente sí. Y los que eran vitales para canalizar los fondos europeos eran los anteriores y el Ejecutivo de coalición logró aprobarlos por una amplia mayoría parlamentaria que se había afianzado en los 180 escaños. Pero los incumplimientos que denuncian los socios de la investidura y sobre todo la crisis por el espionaje a través de Pegasus a líderes independentistas, entre ellos, al president, Pere Aragonès, ponen cuesta arriba que Sánchez pueda obtener a corto plazo una victoria de ese tipo. 

En el Gobierno por ahora son conscientes de que tienen que sudar la camiseta semana a semana en prácticamente todas las votaciones del Congreso, pero recalcan que consiguen que todas las iniciativas salgan adelante. En su haber destacan las 140 normas que se han aprobado hasta ahora. 

Por el momento, Hacienda ha publicado la orden ministerial en la que establece las normas para la elaboración de los Presupuestos de 2023 en las que prioriza el mantenimiento de medidas de apoyo a los sectores más afectados por la subida de precios provocada por la guerra en Ucrania y el alza de la energía. Se trata de un trámite administrativo que se suma a la petición del departamento que dirige María Jesús Montero a los demás para que establezcan las cargas de cada uno de los ministerios. Un trabajo muy interno, pero que supone el inicio formal del trámite. 

Ni siquiera ha comenzado la negociación de la letra pequeña en el seno de la coalición, que ya anticipa una primera batalla a cuenta de la “reforma fiscal”, una de las principales demandas de Unidas Podemos que, según dirigentes de ese espacio en el Gobierno, no creen que vaya a aceptar la parte socialista de cara a esas nuevas cuentas, informa Íñigo Aduriz. Esa es una de las grandes promesas de la coalición, que ha ido retrasándose bajo el argumento de la pandemia, primero, y de la crisis de la guerra de Ucrania, después. 

El Gobierno presentará en julio el techo de gasto y se librará de la votación de los objetivos de estabilidad dada su suspensión en Bruselas. Ese es un paso clave para la aprobación de las cuentas públicas. En 2018 fue la gran derrota parlamentaria que se llevó Sánchez antes de la ruptura definitiva con ERC en la negociación de las cuentas de 2019, que fracasaron en el Congreso conduciendo al anticipo electoral del 28 de abril. En aquella ocasión el proyecto presupuestario sirvió carta de presentación de Sánchez, que lo utilizó para legitimarse, además, ante las urnas. 

El escenario de una derrota parlamentaria de esas características sería un golpe difícil de asumir en Moncloa con una parte de la derecha, política y mediática, alertando del cambio de ciclo. En el Ejecutivo son conscientes de que esas cuentas estarían en el alambre por la crisis que atraviesan en la relación con ERC, que mantiene paralizadas algunas negociaciones y ha advertido a la coalición de que no puede dar por hecho su apoyo parlamentario, como quedó patente en la ley audiovisual –que salió adelante con el PP– o el plan anticrisis, que salvó EH Bildu sobre la bocina. 

No hay avances en la relación con los republicanos a la espera de una reunión que Sánchez y Aragonès apalabraron hace más de un mes y que, según Moncloa, no se ha producido por cuestiones de agenda. El Gobierno y la Generalitat se reprochan mutuamente el retraso. Tanto en las filas socialistas como en Unidas Podemos reconocen que en la coyuntura actual no están en condiciones de garantizar el respaldo de los socios a las cuentas, especialmente de ERC.

Mientras dura la crisis con ERC motivada por el espionaje, EH Bildu se ha convertido en uno de los aliados preferentes del Gobierno, al que ha salvado en un par de votaciones clave. Tanto en el PSOE como en Unidas Podemos ven a la izquierda abertzale, en su particular competición con el PNV, más proclive al acuerdo que a los republicanos, que también son indispensables para salvar las cuentas de 2023 que permitirían a Sánchez llegar con desahogo al final de la legislatura.