La secretaria de estado de comercio, Xiana Méndez, ha defendido este lunes en la comisión de defensa del Congreso el giro realizado por el Gobierno de Pedro Sánchez respecto a las exportaciones de armas a Arabia Saudí. Según informó este periódico, el Ejecutivo pasó de suspender las autorizaciones para exportar armas a Riad en 2018 a multiplicarlas por 30 al año siguiente. Méndez ha justificado estas exportaciones alegando que no existe ningún embargo internacional que impida realizar ventas al régimen saudí, responsable de la vulneración sistemática de los derechos humanos en la guerra de Yemen.
“No nos consta ni en la Secretaría de Estado de Comercio ni en la JIMDDU [el organismo que aprueba las exportaciones] que haya indicios de utilización de material de empresas españolas fuera de Arabia Saudí”, ha señalado Méndez, a pesar de que tanto investigaciones periodísticas como destacadas ONG han probado lo contrario, un aspecto que le han recordado los representantes de grupos como EH Bildu o ERC.
“La situación en Yemen es una preocupación esencial de la JIMDDU”, ha proseguido la secretaria de estado de comercio. “La ONU estableció un embargo a las personas y entidades implicadas en el golpe de estado en Yemen, pero no estableció un embargo a los países citados [Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos]”.
Méndez ha insistido en que, para el Ejecutivo, la principal prioridad a la hora de autorizar exportaciones de armamento es siempre la preservación de los derechos humanos. “No hay ningún otro elemento que tenga más peso que este, ni siquiera el interés económico o de preservar empleos”, ha asegurado.
A pesar de que la comparecencia en el Congreso para detallar las exportaciones y autorizaciones de armamento español se debe realizar anualmente, hacía ya dos años que el comercio de armas no se sometía al control parlamentario por culpa de la repetición electoral y el periodo en funciones en el que estuvo el Ejecutivo durante 2019.
Los únicos grupos parlamentarios que han cuestionado las relaciones comerciales con Arabia Saudí han sido EH Bildu y ERC, mientras que el resto de fuerzas han apoyado al Ejecutivo en este aspecto y han centrado sus críticas en la falta de transparencia a la hora de informar sobre las exportaciones de armamento.
“¿Cuál ha sido el criterio para pasar de suspender autorizaciones a multiplicarlas por 30?”, ha preguntado en varias ocasiones Jon Iñarritu (EH Bildu). “Siguen apareciendo armas españolas en conflictos de todo el mundo, ya sea Libia o Yemen”, ha remachado el diputado. “Me preocupa que diga que no le consta”.
Méndez ha reiterado que las exportaciones a estos países son objeto de un “análisis más reforzado” desde mediados de 2018 y ha señalado que las autorizaciones de 2019 se deben al interés del Gobierno en “mantener la competitividad y especialización de la industria española” en el sector.
Críticas a la falta de transparencia
Tanto los grupos de la derecha -PP, VOX y Cs- como Unidas Podemos y PSOE se han alineado con el Ejecutivo a la hora de defender las exportaciones de armas a países que están inmersos en conflictos, como el caso de Arabia Saudí o Emiratos Árabes Unidos.
Las únicas críticas en las que han coincidido todos los grupos parlamentarios -con la excepción de los que están en el Gobierno- ha sido en la necesidad de que haya una mayor transparencia del Ejecutivo a la hora de informar sobre las exportaciones de armamento.
Las críticas se han dirigido al hecho de que hacía dos años que no se celebraba esta sesión en la comisión de defensa y también al hecho de que las actas de la Junta Interministerial de Material de Defensa y Doble Uso (JIMDDU) son secretas a día de hoy gracias a la ley de secretos oficiales.
Méndez ha respondido que la autorización de licencias para exportar son un “acto administrativo” y que el control parlamentario de estas licencias ya se realiza mediante la comparecencia anual ante la comisión de defensa. Ha destacado, además, las nuevas medidas tomadas por el Gobierno para reforzar el control del material español una vez se ha exportado a países donde hay riesgo de que se utilicen para vulnerar los derechos humanos.