Segundo gran acuerdo entre Gobierno y sindicatos del que los empresarios se quedan al margen. Y de nuevo a las puertas de la reforma laboral que se negocia en el diálogo social y que, tras generar una importante brecha en el Ejecutivo hace unas semanas, se trabaja para aglutinar a los agentes sociales, a pesar de las manifiestas resistencias de la patronal. En ese ambiente se ha producido un importante movimiento de la coalición: sellar el acuerdo para reforzar los ingresos y evitar los recortes en pensiones con las centrales de trabajadores sin que se sumen los empresarios.
La decisión llega dos meses después de que Gobierno y sindicatos acordaran una subida del Salario Mínimo Interprofesional del que también se descolgó la patronal tras más de una decena de pactos en el año y medio de vida del Gobierno de PSOE y Unidas Podemos. El mensaje que llega a los empresarios es extrapolable a la negociación de la reforma laboral: en el marco de un acuerdo las condiciones pueden resultarles más beneficiosas. También ocurrió con el Salario Mínimo.
La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha deslizado que el hecho de que no haya un acuerdo con la patronal no significa que no haya diálogo social, que es lo que exige Bruselas. Así, ha recordado que la ley de igualdad retributiva se abordó con los agentes sociales, aunque salió adelante sin la firma de la patronal, pero que dejó “su impronta”. Aun así, ha asegurado que le gustaría que hubiera un acuerdo tripartito. “Claro que nos gustaría que el acuerdo fuera colectivo pero lo importante es que ha habido diálogo social y que lo que se ha rubricado es bueno para nuestro país”, ha dicho sobre el acuerdo de pensiones.
Pedro Sánchez ha solemnizado el acuerdo con los sindicatos en un desayuno antes del Consejo de Ministros al que, además de los representantes de UGT, Pepe Álvarez, y CCOO, Unai Sordo, han asistido los miembros del área económica del Gobierno, encabezados por las vicepresidentas Nadia Calviño y Yolanda Díaz.
La idea que traslada el Gobierno es que se intentó llegar a un acuerdo en el que estuviera la patronal hasta el último momento. En esta ocasión, el compromiso era cerrar la negociación sobre el mecanismo de equidad intergeneracional antes del 15 de noviembre, de acuerdo con el calendario establecido en el primer bloque de la reforma de pensiones. El Gobierno ha negociado hasta este lunes, apurando los plazos. Fuentes del Ejecutivo aseguran que estaban dispuestos a ceder en favor de la patronal para que la subida de las cotizaciones recayera a partes iguales entre empresa y trabajadores, es decir, dividir al 50% la cotización adicional de 0,6 puntos porcentuales (0,3 cada uno).
Sin embargo, la patronal se descolgó el lunes por la mañana de la negociación y ni siquiera ha hecho “una propuesta alternativa”, ha criticado el ministro José Luis Escrivá, –algo que sí sucede en el caso de la reforma laboral–. Al final, la división ha sido 0,5 puntos a cargo de la empresa y 0,1 que paga el trabajador. Y ese es el pacto que han suscrito el Gobierno y los sindicatos mayoritarios en Moncloa.
El ministro de Seguridad Social e Inclusión, José Luis Escrivá, ha defendido el acuerdo alcanzado únicamente con los representantes de los trabajadores. “Defienden sus intereses, pero el interés general es el que defendemos nosotros”, ha dicho en una entrevista en Onda Cero sobre la negativa de la patronal a sumarse. “Todo el mundo tiene que entender la solidaridad que hay que tener para pagar el estado del bienestar. El estado del bienestar hay que pagarlo”, ha apostillado.
Con esos mimbres, Gobierno y agentes sociales retomarán este miércoles las conversaciones para la reforma laboral, que es el gran caballo de batalla. El diálogo social se ha visto obligado, además, a redoblar las negociaciones -con reuniones los miércoles y los viernes- ante el enquistamiento y la fecha límite para que haya un nuevo marco de relaciones laborales en España en el mes de diciembre, tal y como se comprometió el Ejecutivo con la UE en el marco del plan de recuperación.
La intención de Moncloa es que la reforma laboral salga de la mano de los sindicatos y también de los empresarios, aunque también era el objetivo en el caso de las pensiones y finalmente no ha sido así. “Lo más deseable es que estemos todos”, insistió la portavoz, Isabel Rodríguez, en una entrevista en elDiario.es en la que abrió la puerta a ceder en sus propuestas en pro de un entendimiento que incluyera a la patronal: “No queremos renunciar a ninguna de nuestras posiciones, pero cuando se abre el diálogo, nadie gana del todo y, sobre todo, gana la mayoría”.
Los agentes sociales se sentarán este miércoles tras haber rechazado -tanto empresarios como trabajadores- el nuevo mecanismo de ERTE propuesto por el Gobierno -con las aportaciones de Calviño y Escrivá-. Otros puntos que generan fricción son el planteamiento sobre la temporalidad y la recuperación de la ultraactividad indefinida con la que acabó la reforma laboral del PP, que se llevó a cabo solo con el 'sí' de la patronal. No obstante, la vicepresidenta y ministra de Trabajo ha asegurado que “el problema está en la temporalidad” más allá de otras cuestiones a las que se dedican “horas y páginas”.