El Boletín Oficial del Estado publica hoy el convenio firmado entre el Ministerio de la Presidencia y la Comunidad de Madrid “para la prestación de asistencia sanitaria al Presidente del Gobierno y otros altos dignatarios”. Según el BOE, el convenio tiene por objeto la prestación de “asistencia sanitaria continuada y atención integral a la salud en el ámbito de la Presidencia del Gobierno al Presidente, Expresidentes, Vicepresidentes, Ministros, así como altos mandatarios y dignatarios de gobiernos extranjeros de visita en España”.
Según el BOE, el Servicio Madrileño de Salud hará frente a la financiación del personal asignado para el cuidado de autoridades. El Hospital Universitario de La Paz será el centro de referencia para Rajoy y el resto de altos cargos pero, según el convenio, podrán disfrutar de “cualquier otro servicio hospitalario o extrahospitalario que, en su caso, pueda ser requerido”.
Presidencia del Gobierno pagará el 50% del material sanitario y de farmacia que necesite para la prestación del servicio. Para ello, ha incluido en sus presupuestos una partida de 148.000 euros. La otra mitad de ese gasto corre a cuenta del Servicio Madrileño de Salud. La referencia al gasto en medicinas y material médico es la única que concreta una cifra de gasto en el convenio publicado hoy.
El sistema operativo del que disfrutan los altos cargos dispone, según el BOE, de las siguientes estructuras y equipamientos: unidad asistencial sanitaria ubicada en la sede del Gobierno, dos ambulancias UCI móvil, medicalizadas y banalizadas y una unidad sanitaria de altos mandatarios ubicada en el Hospital Universitario de La Paz.
Según el convenio publicado por el BOE, “al menos uno de los médicos prestará sus servicios con dedicación completa en el Grupo Operativo Sanitario”. El director del sistema operativo también prestará sus funciones “en concepto de atención continuada” por lo que se “se le retribuirá el número de guardias de presencia física y/o localizada que realice”. Además, el equipo médico del presidente podrá requerir la colaboración de aquellos especialistas que considere en caso de ser necesarios.
En 1997 se firmó el primer acuerdo de este tipo. La renovación de acuerdos similares se ha venido sucediendo a lo largo de los años con independencia del color político que imperase en la Presidencia del Gobierno.