El arranque del juicio del procés coincidirá en el tiempo con el primer examen de los Presupuestos Generales del Estado en el Congreso. La primera sesión será el 12 de febrero, al igual que el inicio del debate de las enmiendas a la totalidad de las cuentas públicas para las que Pedro Sánchez necesita el apoyo de ERC y PDeCAT. Ante esa situación, el Gobierno pide separar el proceso judicial de los presupuestos y reclama a los independentistas “moderación, racionalidad y sensatez”.
“Vamos a tratar de apaciguar las emociones”, ha expresado la portavoz del Consejo de Ministros, Isabel Celaá, tras la reunión del gabinete de Sánchez, que se ha incorporado una vez iniciada procedente de México. “Esperamos que todas las fuerzas políticas hagan un llamamiento a la responsabilidad y que la ciudadanía vea los dos acontecimientos de una manera normal”, ha agregado Celaá sobre la simultaneidad del juicio y de la tramitación de los presupuestos. Además, ha defendido que si hay “inteligencia colectiva” se “encauzará” la resolución del conflicto en Catalunya.
Uno de los temores de los socialistas es que el inicio del juicio del procés provoque una movilización en las calles de Catalunya que complique el apoyo de ERC y PDeCAT a las cuentas públicas. Por ahora el Gobierno del PSOE no tiene atados esos apoyos y ambos grupos no descartan presentar enmiendas a la totalidad para que los presupuestos sean devueltos al Ejecutivo. La semana que viene es crucial porque el día 8 expira el plazo para el registro de esas enmiendas que se debatirán los días 12 y 13 de febrero (fecha de su votación).
Los presupuestos son el punto de inflexión para la duración de la legislatura. Sánchez se guarda la baza de convocar las elecciones coincidiendo con las municipales, europeas y autonómicas del 26 de mayo, un escenario que no quieren los que fueron sus aliados en la moción de censura. Tanto PDeCAT como PNV apuestan por que sea octubre la fecha de los comicios en caso de que los presupuestos no prosperen.
Aún así, en el Ejecutivo mantienen la presión sobre los independentistas y les piden que separen la cuestión territorial de los Presupuestos. De hecho, insisten en que las cuentas son buenas para los ciudadanos en general y, en concreto, para Catalunya, que ve notablemente aumentada las inversiones para 2019.
Lo que sí ha reconocido Celáa es que las conversaciones de Moncloa con la Generalitat se han atascado. La vicepresidenta, Carmen Calvo, y su homólogo Pere Aragonès y la consellera de Presidencia, Elsa Artadi, se reunieron el pasado viernes para seguir avanzando en búsqueda de una solución al conflicto catalán y cuyos resultados el Govern vincula con la posición de ERC y PDeCAT en el Congreso para la tramitación de los presupuestos.
“Cuando una conversación llega a un punto ciego lo mejor es dejarla unos días –ha explicado la portavoz–. No se han roto, no se han encallado; pero se han dejado por unos días para repensar mejor”. El principal escollo es la conformación de una mesa de partidos que el Govern quiere que esté formada por formaciones estatales mientras que el Gobierno de Sánchez la enmarca en las fuerzas catalanas.
En cuanto al juicio, Celáa ha asegurado que será un proceso “con todas las garantías”: “Este es aun país social y democrático de derecho. Ese juicio será televisado, tendrá todas las garantías absolutas de un estado de derecho donde hay división de poderes”. La portavoz no ha querido valorar las palabras del presidente de la Generalitat, Quim Torra, sobre quien ha dicho que “es libre de expresar ” lo que quiera, pero ha apostillado que “la moderación en la retórica suele ser bastante bien recibida a la hora de apagar sensaciones, pasiones ,que no son útiles para la resolución de los problemas o de las crisis”. También ha dicho que el magistrado Manuel Marchena, que preside la sala en la que se celebrará el juicio del procés, “ha hecho pública su intención de recibir al señor Torra”.