El Gobierno ha tenido que recurrir al Boletín Oficial del Estado (BOE) para notificar a la totalidad de los nietos de Francisco Franco el proceso de exhumación de los restos del dictador del Valle de los Caídos. La imposibilidad de dar el aviso a una de las nietas del dictador, María del Mar Martínez-Bordiú, ha obligado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a publicar una notificación oficial.
El aviso a los familiares e “interesados” –como los monjes benedictinos, por ejemplo– en el proceso de exhumación es fundamental para que el procedimiento eche a andar. A partir de la notificación, se abre un periodo de quince días hábiles (hasta el 22 de octubre) para que los descendientes o implicados en el proceso presenten alegaciones. Una vez recibidas, el Gobierno las analizará y responderá.
El Consejo de Ministras previsiblemente seguirá adelante con el expediente y pedirá los preceptivos informes a la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento del Escorial al tiempo que los interesados tendrán de nuevo la posibilidad de presentar alegaciones en un plazo de diez días. Una nueva reunión del gabinete más adelante acordará definitivamente la exhumación, que el Gobierno asegura que se producirá antes de que termine el año.
La publicación en el BOE del aviso a la nieta que faltaba por notificar es del 29 de septiembre ya que previamente fue imposible que recibiera el aviso, como sí hicieron el resto de interesados. De hecho, Francis Franco, que actúa como portavoz de la familia, ya ha registrado en el Ministerio de Justicia sus alegaciones. Con la notificación del aviso, empieza a correr el reloj de los 15 días hábiles que tienen los interesados para responder. También la Fundación Francisco Franco ha respondido.
La opción del BOE es la vía administrativa que le quedaba al Gobierno ante la imposibilidad de notificarle la decisión de exhumar los restos del dictador de acuerdo con la ley 39/1015 que establece la solución para los casos de “notificación infructuosa” como el de Martínez-Bordiú: “Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificación o bien, intentada ésta, no se hubiese podido practicar, la notificación se hará por medio de un anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado”, reza el artículo 44.
En la notificación emitida por la subsecretaría de Justicia, se explica la base legal para la exhumación de Franco, fundamentada en el decreto de modificación de la ley de memoria histórica con el que el Ejecutivo establece que “en el Valle de los Caídos sólo podrán yacer los restos mortales de personas fallecidas a consecuencia de la Guerra Civil española, como lugar de conmemoración, recuerdo y homenaje a las víctimas de la contienda”.
“Los restos mortales de Francisco Franco Bahamonde reposan, desde su inhumación el día 23 de noviembre de 1975, en el interior de la Basílica Menor de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, en un sepulcro situado en el Presbiterio entre el Altar Mayor y el Coro de la Basílica (...). También consta en Acta Notarial de 20 de noviembre de 1975 su fallecimiento por causas naturales y no tiene, por consiguiente, la condición de víctima de la Guerra Civil española. Esta falta de condición de víctima impone la necesidad de procederá la exhumación y traslado de sus restos mortales”, explica la notificación.
El aviso está firmado por la subsecretaria de Justicia, Cristina Latorre Sancho, que es la instructora del procedimiento y una de las razones que esgrime la familia Franco en contra del mismo. En sus alegaciones, adelantadas por La Razón, el nieto del dictador apunta a la “recusación” de la instructora por “falta de parcialidad” por su “trayectoria política”.
Además, consideran que la decisión de exhumar el cadáver del dictador es “inconstitucional”. La familia Franco ha amenazado a Pedro Sánchez con llevarle a la vía penal por los presuntos delitos de prevaricación y profanación de tumbas.
La familia Franco ha elegido, eso sí, el lugar en el que quiere que reposen los restos del dictador si es exhumado: en el panteón familiar del que disponen en la cripta de la catedral de la Almundena, según las alegaciones que registraron en el Ministerio de Justicia. Los nietos del golpista pretenden, además, que reciba de nuevo honores militares en el entierro.