El Gobierno no comparte “ni el insólito procedimiento” ni “el fondo” de la decisión del Tribunal Constitucional de suspender la tramitación parlamentaria de la reforma para desbloquear su renovación, aceptando así las medidas cautelarísimas solicitadas por el PP en su recurso de amparo. Pero el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, quiso dejar claro en una comparecencia celebrada en la medianoche de este lunes, que el Ejecutivo obedecerá al tribunal de garantías porque su resolución, señaló, “debe acatarse”.
Con un semblante serio, Bolaños recordaba que el Constitucional adoptó su resolución “por seis votos frente a cinco”, una mayoría “exigua” que le permite “paralizar la tramitación de una ley en la sede de la soberanía nacional”, algo “nunca antes visto en las Cortes Generales”. Para el Gobierno se trata de “la decisión más grave del TC en su historia” que ha sido “adoptada en un tiempo inusualmente breve y con la mayoría más exigua”.
Moncloa considera, en todo caso, que lo sucedido tiene que ver con el bloqueo del PP a la renovación de los órganos constitucionales como el propio TC, pero, sobre todo, el Consejo General del Poder Judicial, cuyo mandato caducó en 2018 y que el partido de Alberto Núñez Feijóo se ha negado a pactar su elección desde entonces. “Es un conflicto entre quienes cumplimos la Constitución y quienes la incumplen desde hace cuatro años”, remarcaba Bolaños. “No es un conflicto entre partidos o entre instituciones. Es un conflicto entre quienes deseamos cumplirla y quienes trabajan para incumplirla cada día”, zanjaba.
El titular de Presidencia denunció que el PP “quiere controlar el Parlamento cuando es mayoría y cuando no lo es”. “Con sus recursos”, dijo, aludiendo a la vía judicial adoptada por los populares contra numerosas leyes aprobadas por la izquierda, “quiere decidir qué se aprueba y qué no se aprueba”. “Hoy se ha abierto esa puerta y no sabemos a dónde nos conducirá”, alertó.
El Ejecutivo actuará “en el marco de la ley”
Para el Gobierno lo ocurrido en el Constitucional “es de una gravedad máxima”, por un lado porque el TC “ha detenido la acción legislativa de los representantes legítimos del pueblo español, algo que nunca había sucedido en 44 años y que afecta a la separación de poderes”. “La ley no confiere al Constitucional la posibilidad de paralizar la actuación de las Cortes Generales. Esa facultad existía y en 1985 se derogó para evitar lo que ha ocurrido hoy”, señaló Bolaños.
Además, el ministro de la Presidencia alertó de que el tribunal de garantías “ha paralizado su propia renovación, que lleva pendiente seis meses”. “Y lo han hecho algunos magistrados con el mandato caducado que, con su voto, han decidido su propio futuro”, recordó, tras constatar que, en su reunión, la mayoría conservadora ha rechazado la recusación de los dos magistrados con el mandato caducado, el presidente, Pedro González-Trevijano y Antonio Narváez.
Con todo, Bolaños quiso dejar claro que “el Gobierno comprende y comparte la preocupación de la ciudadanía”, a quien le ha dicho que el Ejecutivo “garantizará sus derechos”. También recalcó el titular de Presidencia que el Gobierno “seguirá actuando siempre en el marco de la ley y la Constitución”, además de “protegiendo” el Estado de Derecho. “Así construimos la democracia y así la preservaremos. La democracia y la Constitución, al igual que la verdad, siempre se abrirán camino a pesar de las dificultades. No tengan duda”, concluyó.
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