La decisión del Tribunal Constitucional de paralizar el proceso legislativo para reformar el sistema de nombramientos del propio organismo ha sacudido la política española en la noche de lunes. Pocos minutos después de conocerse el ajustado fallo las principales instituciones y partidos han reaccionado al anuncio, inédito hasta la fecha. La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha comparecido pasadas las once y media de la noche para asegurar que “acatarán” la decisión, pese a mostrar su “honda preocupación” y constatar que en 40 años “no se había contemplado la posibilidad de una suspensión del debate parlamentario”. En el mismo sentido se ha pronunciado el presidente del Senado, Ander Gil: “Solo podemos acatar por lo dicho por el Tribunal Constitucional”.
El PP, promotor del recurso que ha paralizado la tramitación de la ley, se ha felicitado por la decisión, promovida en parte por los recursos presentados por su grupo parlamentario, afectado según el tribunal de garantías por el procedimiento legislativo decidido por la Mesa de la Comisión del Congreso. “El Tribunal Constitucional no se ha dejado influenciar por las presiones del Gobierno y ha amparado a los diputados del PP”, ha asegurado la dirección de Alberto Núñez Feijóo en un comunicado.
El PP ha apuntado que el Constitucional “ha defendido a todos los españoles y a nuestro Estado de Derecho de la deriva autoritaria y antidemocrática de Sánchez”. “Hoy la Justicia ha venido a decir que no todo vale en la política, que el Gobierno se saltó todas las líneas rojas y que este tipo de desmanes no se puede permitir en un Estado democrático”, han asegurado las mismas fuentes. “El Estado de Derecho es fuerte y habilita los caminos para poderlo defender de los ataques incluso del gobierno y de los partidos del gobierno”, han añadido.
El partido de Feijóo ha concluido: “Esperemos que el Gobierno acate la decisión”. El líder del partido ha añadido en Twitter: “Frente al ruido y las presiones, seguiremos defendiendo España y las instituciones sin miedo ni cesiones, desde la moderación y la razón”.
Por su parte, el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha escrito un breve tuit en su cuenta personal en la que ha advertido: “No hay nada ganado, porque sigue con su plan de perpetuarse. Es capaz de desoír al Tribunal”.
Pero en Moncloa ya descartaban antes del fallo desobedecer al tribunal de garantías. Una opción que sí planteó Podemos y los comunes. “El PSOE siempre ha dado muestras de nuestro respeto a la separación de poderes. Siempre hemos sido respetuosos con la justicia”, había respondido la mañana del lunes la portavoz, Pilar Alegría, a la pregunta de si no acatarían un fallo del Tribunal Constitucional que paraliza la tramitación de la reforma.
También desde la vicepresidencia segunda de Yolanda Díaz la apuesta ha sido durante el día mantener la cautela y seguir recorriendo los pasos que aún ofrece la vía judicial en el ámbito europeo. Este lunes, los diputados de Unidas Podemos Jaume Asens y Enrique Santiago han presentado un escrito ante el propio Constitucional para que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronuncie sobre la falta de imparcialidad de los magistrados recusados y su deber de abstenerse.
Sí descartan en el equipo de la vicepresidenta dar ningún paso que implique un salto cualitativo en el choque institucional y se desmarcan de un escenario en el que las Cortes Generales puedan desoír al tribunal de garantías y mantener en pie la tramitación de la norma, en el caso de que esta finalmente sea tumbada por la mayoría conservadora del TC. Una postura que sí han planteado abiertamente varias formaciones del espacio confederal.
“Golpe sin precedentes a la democracia”
De manera más explícita lo ha hecho Podemos, que directamente pedía no tener en cuenta una decisión contraria del Constitucional. “La Mesa del Congreso y del Senado tienen tanto escritos de reconsideración como elementos jurídicos suficientes para no atender lo que pudiera producirse como consecuencia de la decisión del Tribunal Constitucional”, dijo antes de conocerse el fallo en rueda de prensa la portavoz, Alejandra Jacinto.
Esta afirmación no se ha repetido tras la comunicación del fallo. La secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha asegurado en Twitter: “La derecha política, mediática y judicial consuma un golpe sin precedentes a la democracia”. Y ha añadido: “Toca demostrar que los y las demócratas somos más”.
En la misma línea se había expresado también este lunes el portavoz de En Comú Podem, Jaume Asens: “Nuestro deber como demócratas es defender el Congreso y el Senado de cualquier intromisión y de cualquier poder, sobre todo si tiene el mandato caducado y es un poder ilegítimo. Lo que está en juego es la propia democracia y la soberanía popular”.
Tras el anuncio del fallo, Asens ha señalado también la decisión como un “golpe consumado”. El presidente del grupo de Unidas Podemos, Asens ha esgrimido que este hecho es “la primera vez que sucede en España y en la Unión Europea” y representa un “golpe consumado contra el pueblo y la separación de poderes”, por lo que, a su juicio, España está más cerca de convertirse en “Hungría y Polonia” con una democracia “tutelada por poderes ultras que se han atrincherado en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y en el Tribunal Constitucional”.
Sin precedentes
Dados los precedentes en los que el Constitucional se ha posicionado en contra de la inclusión vía enmiendas de asuntos que nada tienen que ver con las leyes en las que se incluyen y el rechazo a las recusaciones que han planteando tanto PSOE y Unidas Podemos contra los magistrados que están directamente afectados por su reforma legal, en las filas socialistas eran conscientes de que se pueden llevar un varapalo de esa institución que tiene mayoría conservadora en este momento. “Lo primero es ver en qué términos y en qué momento procesal lo hace”, explicaba un alto mando socialista.
PSOE y Unidas Podemos podrían, en todo caso, llevar a cabo la reforma pensada para acabar con el “secuestro” del Constitucional a través de una proposición de ley para sortear la censura de ese tribunal, aunque el procedimiento se alargaría más de lo que a Sánchez le habría gustado. Una de las preocupaciones en el PSOE es llegar con el asunto abierto a los prolegómenos de las elecciones municipales y autonómicas de mayo.
De hecho, los pasos que ha dado el presidente en las últimas semanas han generado un malestar generalizado en el PSOE, que mira con preocupación los cambios en el Código Penal para satisfacer a los independentistas, especialmente lo que tiene que ver con la rebaja de las penas a los condenados por malversación. “Es fácil de entender, pero difícil de compartir”, expresa un dirigente territorial a elDiario.es.
La decisión de hacer reformas para aplacar al independentismo en el marco del diálogo con ERC obligó a la cúpula del PSOE a tratar de calmar a los territorios. Fue la vicesecretaria general y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la encargada de descolgar el teléfono para dar explicaciones a los barones de la operación que se iba a poner en marcha.
Y es que en las últimas semanas no solo se han alzado las voces habituales de Emiliano García-Page o Javier Lambán, sino que otros dirigentes como Juan Lobato (Comunidad de Madrid) o Luis Tudanca (Castilla y León) han mostrado públicamente sus discrepancias con la gestión de Moncloa, algo que no ha ocurrido prácticamente nunca en los cuatro años que Sánchez lleva como presidente.
“Con el dinero público, cero bromas”, dijo el candidato madrileño, que apuntó a la necesidad de que en lo ocurrido en Catalunya en 2017 debe caer “todo el peso de la ley”, informa Europa Press. “No comparto la reforma del delito de malversación (…), pero lo que está pasando en este país es mucho más grave que la reforma del Código Penal”, dijo, por su parte, Tudanca sobre la actitud del PP, al que advirtió de que el PSOE no se iba a romper, como ocurrió en 2016. Lo que reconocen en las filas socialistas es que el ataque del PP y Vox a lo que consideran que es la “autonomía” de los grupos en el Congreso ha calmado las aguas.