El Gobierno ha iniciado el repliegue en el Tribunal Constitucional para normalizar las relaciones con las gobiernos autonómicos desistiendo de los procedimientos iniciados en los últimos años contra leyes de distintas comunidades por invasión de competencias. La filosofía del Ejecutivo de Sánchez se ha plasmado ya en el estreno de algunos delegados del Gobierno. El de la Comunidad Valenciana, Juan Carlos Fulgencio, se comprometió este martes a retirar todos los recursos presentados por el anterior Gobierno contra las leyes de Les Corts. Y en los casos en que no fuese posible, aseguró el hombre de Sánchez en Valencia, se intentarán reconducir en las comisiones bilaterales donde están presentes ambas administraciones, informa Europa Press.
El de Valencia no es el primer compromiso firme que establece el nuevo Ejecutivo, y tampoco será el último. El Gobierno de Pedro Sánchez está determinado a revisar los recursos de inconstitucionalidad que se presentaron en los últimos años contra iniciativas sociales de las comunidades autónomas y ya había establecido pactos en el mismo sentido con socios que han sido claves en su investidura como los nacionalistas vascos y catalanes. El Tribunal Constitucional tiene pendientes de sentencia 29 procedimientos contra normas autonómicas –algunas de ellas paralizadas–, de las que algunas podrán ver definitivamente la luz si prospera la negociación entre administraciones.
La filosofía general ya la había desgranado la ministra de Política Territorial y Administraciones Públicas, Meritxell Batet, durante su comparecencia en el Congreso la pasada semana, en la que mostró su “deseo de reducir la conflictividad” que se incrementó durante los mandatos del PP, con un total de 232 conflictos planteados ante el alto tribunal tan solo en el periodo 2011-2015.
“Se procederá a la revisión de la conflictividad pendiente de sentencia –afirmó Batet en la Cámara Baja–. Consideramos que podemos iniciar una negociación con cada comunidad afectada, con el objetivo de revisarla para disminuir, en lo posible, la conflictividad acumulada”. La intención del Gobierno es “levantar el veto de leyes sociales” que se asemejen a las nueva política que quiere llevar adelante Sánchez, al igual que ocurre con las iniciativas vetadas en el Congreso.
El levantamiento de recursos fue una de las cuestiones que acordaron Pedro Sánchez y Quim Torra en su reunión en Moncloa. Catalunya es la comunidad que más leyes ha visto recurridas ante el Tribunal Constitucional, que aún tiene que pronunciarse sobre 16 iniciativas de las que doce tienen un tinte social y estas son a las que quiere mirar el Ejecutivo socialista, la ley antidesahucios y contra la pobreza energética, la de cambio climático o la de sanidad universal. La devolución de la universalidad de la sanidad a personas inmigrantes fue la primera medida que Sánchez llevó al Consejo de Ministras.
Pero la promesa no sirve solo para Catalunya. El delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Juan Carlos Fulgencio, ha asegurado que todos los recursos de Rajoy contra leyes valencianas están “en fase de estudio”. “Todos aquellos que sea posible retirarlos completamente se retirarán. Y aquellas cuestiones que susciten un mayor problema jurídico serán tratadas en las comisiones bilaterales, hay voluntad de llegar a acuerdos entre las dos partes”, ha aseverado, según informa Europa Press.
Según las cuentas del departamento que dirige Batet, están pendientes de resolución dos iniciativas del Ejecutivo de Ximo Puig. Los gobiernos socialistas tienen en total ocho leyes pendientes de resolución tras recursos de Rajoy. Aragón va en cabeza con tres iniciativas recurridas, entre ellas las vinculadas con las medidas antidesahucios o de prestaciones sociales. Extremadura y Baleares tienen otra ley recurrida cada una. En el caso del gobierno de Francina Armengol, la norma que espera pronunciamiento es la que impide el maltrato y muerte de los toros, según fuentes del ejecutivo balear.
En el caso del Ejecutivo de Susana Díaz, Rajoy recurrió determinados artículos del Presupuesto para 2017 relacionados con la implantación de la jornada de 35 horas semanales y está pendiente de resolución. Desde 2011, Rajoy llevó otras cinco medidas aprobadas en el Parlamento andaluz ante el alto tribunal de las que perdió dos al avalar la subasta de medicamentos y la ley que hacía incompatible ser alcalde y diputado, según los datos de la Cámara regional.
En el caso de Euskadi, el Tribunal Constitucional tiene pendiente pronunciarse sobre dos leyes. Sánchez ya se comprometió en su reunión con Iñigo Urkullu a revisar esos recursos en la comisión bilateral entre administraciones durante su reunión en Moncloa. Una de las leyes vascas para la que la Lehendakaritza pide el desestimiento es la de abusos policiales, que está suspendida, al igual que la normativa por la que se permitían las expropiaciones temporales de viviendas a los bancos. Navarra también tiene pendiente una sentencia del Constitucional.
Pero Rajoy no solo planteó la inconstitucionalidad de leyes aprobadas por parlamentos de signo distinto al del PP. Madrid y Murcia tienen pendientes sendas sentencias.
También las comunidades recurrieron ante el Tribunal Constitucional medidas implementadas por el Gobierno central. En total hay veinte impugnaciones pendientes de resolución de las que doce son recursos de inconstitucionalidad contra leyes nacionales.
El Govern catalán está a la cabeza con cinco recursos ante el Tribunal Constitucional; seguido de Canarias (tres). Euskadi, Navarra, Madrid y Andalucía presentaron un recurso cada una.