¿Sexta prórroga? Tras las dificultades para sacar adelante la quinta, la polémica por el acuerdo alcanzado con Bildu, el malestar del PNV, la inflamación de la derecha y la presión social y empresarial, el Gobierno se plantea un estado de alarma a la carta. Dicho de otro modo: que cada Comunidad decida si quiere permanecer bajo el mando único sanitario -el único que permanece ya en vigor- o si asume en solitario las consecuencias de las decisiones que adopte en adelante. El riesgo es evidente, no ya por el coste político para Sánchez, sino por lo que pueda suponer para el riesgo de que los posibles rebrotes lleguen antes incluso de lo esperado.
Todo está en el aire, incluida la protección de la salud de los españoles. Moncloa no aclara si a partir del 7 de junio, España permanecerá constitucionalmente tutelada desde el Gobierno en materia sanitaria y el presidente prefiere no dar demasiadas pistas, más allá de que el país recuperará a finales de junio la movilidad entre territorios, como ha adelantado en la última conferencia de presidentes telemática. De hecho, Sanidad ha abierto la puerta a que la desescalada pueda acelerarse: estudiará que el cambio de una fase a otra pueda producirse con un margen de una semana en vez de 14 días, que es lo que establece el plan aprobado por el Gobierno.
El panorama es incierto porque los apoyos parlamentarios lo son. De lo contrario, Sánchez mantendría sus declaraciones de hace tres semanas cuando algunas Comunidades entraron en la fase 1 de la desescalada y defendería la vigencia del estado de alarma hasta el final del desconfinamiento como un instrumento “fundamental y prioritario” para poder limitar los movimientos entre provincias.
El PSOE se puso el viernes en contacto con algunos grupos parlamentarios para sondear posibles apoyos a una nueva prórroga, pero salvo en el caso de Ciudadanos no hallaron demasiada respuesta más allá de que los cada partido, en especial ERC, impondrá sus condiciones. “Hace dos semanas, queríamos un mes por seguridad para todos. Ahora estudiaremos todos los escenarios posibles, aunque la movilidad solo se puede impedir constitucionalmente con la alarma”, afirma un miembro del Gobierno que dice que aún es pronto para valorar lo que ocurra. En todo caso, en el gabinete admiten que una nueva moratoria para mantener la vigencia del artículo 116 de la Constitución puede suponer un “gran coste político” y dudan si compensa transitar otra vez por esa vía que la derecha y los nacionalistas han decidido convertir en elemento de desgaste permanente contra el Gobierno.
El propio Sánchez aseguró el sábado que el deber del Ejecutivo está en intentar otro aplazamiento con el único objetivo de salvar vidas y evitar nuevos contagios, pero no se atrevió a decir que esta fuera a ser la decisión que se adopte finalmente “porque habrá que ver, efectivamente, cuál es la evolución epidemiológica del Covid-19 durante estos 15 días”. Hasta ahora el Gobierno había sostenido que el estado de alarma tendría que permanecer vigente durante todo el proceso de desescalada, hasta la llegada de la “nueva normalidad”, dado que hasta entonces estaría restringida la movilidad entre provincias. Sí lo verbalizó el ministro de Sanidad, Salvador Illa, que aseguró que el estado de alarma es “imprescindible durante el proceso de desescalada”.
Pero Sánchez tampoco lo aclaró durante la ya habitual conferencia de presidentes telemática de los domingos, donde esta semana solo dijo que el fin del estado de alarma y la recuperación de la movilidad en toda España llegará a finales de junio y que “si nada se tuerce”, muchas comunidades estarán fuera del estado de alarma en las próximas semanas, lo que indica que el Gobierno se plantea un 116 de la Constitución a la carta y que, como dijo el presidente, puedan permanecer bajo este paraguas solo las autonomías que así lo soliciten.
La fórmula está por decidir pero ante la hipótesis de no contar con los apoyos suficientes en el Congreso, ya se trabaja para tener “previstos otros mecanismos aunque sean menos eficaces respecto al control de la movilidad, pero protejan la salud de los ciudadanos”, asegura otro miembro del Gobierno.
Desde el gabinete del presidente recuerdan que en todo caso con el Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, sobre la quinta prórroga del estado en el artículo 5 ya se prevé levantarlo por territorios, es decir a la carta, al menos en lo que respecta a la pérdida de efectos. Y el texto dice literalmente: “La superación de todas las fases previstas en el Plan para la desescalada de las medidas extraordinarias adoptadas para hacer frente a la pandemia de COVID-19, aprobado por el Consejo de Ministros en su reunión de 28 de abril de 2020, determinará que queden sin efecto las medidas derivadas de la declaración del estado de alarma en las correspondientes provincias, islas o unidades territoriales”.
Nadie, excepto el Ejecutivo, añaden desde La Moncloa, parece estar en la preocupación de que sin estado de alarma no se pueda limitar el derecho a la movilidad entre territorios en caso de registrarse repuntes en el número de infectados. Sin embargo, los presidentes autonómicos del PSOE han cerrado filas con el Gobierno, y exigido que en caso de una nueva prórroga no se impongan condiciones políticas. Fue el caso del castellano manchego Emiliano García-Page, un de los más críticos barones del PSOE con el pacto firmado con Bildu, pero también del valenciano Ximo Puig. Lo hicieron ante un molesto lehendakari, que llegó a calificar de “desconcertante” el acuerdo con la formación abertzale, su principal competidor electoral en Euskadi, para derogar la reforma laboral en medio de la negociación para la última prórroga aprobada. Al mismo tiempo, varios presidentes, entre ellos Guillermo Fernández Vara, Javier Lambán o Alberto Núñez Feijoó, han pedido que se permita ya la movilidad interprovincial al menos en aquellas unidades territoriales que se encuentran en la misma fase.
Además de la salud, están en juego los intereses electorales de cada partido. Y, aunque la aritmética parlamentaria no dé para escenarios alternativos a un Gobierno de izquierdas, nada indica que la desescalada política vaya a llegar al mismo tiempo que la sanitaria.
La hiperbólica estrategia de la derecha que Pablo Casado cree bendecida con el resultado al alza que le dan los sondeos, las llamadas de la ultraderecha a tomar las calles para exigir la dimisión del Gobierno, los intereses electorales de nacionalistas vascos e independentistas catalanes que hicieron posible la investidura de Sánchez… Nada juega a favor ni de la sexta prórroga ni de que Sánchez recupere la serenidad perdida en el Parlamento. Cada votación será un suplicio, con o sin estado de alarma. Cómo estará el panorama para que Sánchez pida a la madrileña Isabel Díaz Ayuso, que traslade al líder de su partido la necesidad de una “actitud menos obstruccionista” a la hora de plantear la próxima prórroga del estado de alarma, que el Ejecutivo sigue considerando “imprescindible” para restringir la movilidad interprovincial.
¿A qué está jugando el Gobierno?, se preguntaban por su parte en Sabin Etxea, el cuartel general del PNV, tras alertar a Sánchez de los riesgos de su “geometría variable” y pedirle que recupere la confianza en los socios de la investidura, pero sin desvelar su disposición o no a una sexta prórroga.