“Lo más duro ha pasado. Vemos el final del túnel”. Así ha comenzado Pedro Sánchez su discurso este sábado en el que ha celebrado que la mayoría de España se encontrará ya al menos en la fase 1 de la desescalada a partir del lunes. Como dijo hace un par de semanas, el Consejo de Ministros decretará diez días de luto oficial el martes. El presidente del Gobierno ha asegurado que, pese a que el virus sigue existiendo, se han cumplido los objetivos marcados doblegando la curva y permitiendo frenar su expansión por lo que considera que el país está preparado para poner en marcha la campaña turística de este año. Por eso ha pedido al sector que se prepare para acoger turistas a partir de finales de junio.
“Les anuncio que habrá temporada turística este verano -ha expresado-. Invito públicamente a todos los establecimientos turísticos, a los bares, a los restaurantes, a los destinos de playa o del interior a que se preparen desde hoy para reanudar su actividad en pocos días. Y animo también a los españoles a planificar sus vacaciones ya y aprovechar las maravillas de nuestra oferta nacional. Muchos podrán hacerlo desde prácticamente ya a finales de junio y en adelante”. El presidente ha subrayado que los turistas extranjeros podrán llegar ya en julio. “España os espera”, ha declarado Sánchez para un mercado de 80 millones de personas que el sector ha visto peligrar con la decisión de imponer una cuarentena de 14 días a los extranjeros que pisan suelo español.
“Iremos avanzando con paso firme reactivando nuestra economía”, ha afirmado Sánchez, que se ha referido específicamente a sectores “golpeados” como el turismo o la hostelería. Sánchez ha asegurado, además, que España será un destino seguro para los turistas extranjeros. “El turismo necesita seguridad en origen y destino no correrán ningún riesgo y tampoco traerán riesgo”, ha dicho Sánchez que ha anunciado dos sellos: uno sanitario y otro medioambiental.
El Gobierno pretende así activar uno de los sectores estratégicos de la economía española, que representa el 12% del PIB y supone un 13% del empleo. De hecho, Sánchez ha recordado que ha sido uno de los que más beneficiado se ha visto por las medidas extraordinarias adoptadas durante la crisis de la COVID-19. Por ejemplo, ha explicado que casi tres de cada 10 trabajadores acogidos a los ERTE -917.000- han sido de la hostelería o el turismo y que se han realizado 82.324 operaciones por un importe de 6.441 millones de euros de las líneas de avales del ICO.
No obstante, Sánchez ha recordado que “existe una España más expuesta a los vaivenes económicos producidos como consecuencia de las restricciones sanitarias” que tiene “cicatrices aún abiertas de la pasada crisis económica” a la que pretende destinar el Ingreso Mínimo Vital que ha confirmado que se aprobará este martes. El objetivo es que la prestación llegue a 850.000 hogares y que se empiece a cobrar en el mes de junio.
A pesar de que el Gobierno considera que el estado de alarma debe permanecer vigente hasta el final del proceso de desescalada dado que es el único instrumento que le permite impedir la movilidad entre provincias así como restringir el derecho de reunión, Sánchez no ha dado por hecho que solicitará una sexta prórroga después de las complicaciones para sacar adelante la última, que estará vigente hasta el próximo 7 de junio.
Según el plan de desescalada, la movilidad interprovincial estaría restringida hasta que toda España se encuentre en fase de “nueva normalidad” -que no llegará al menos hasta el 5 de julio en todo el territorio-, pero estudiaba levantarla en los territorios que fueran más adelantados y dejarla solo en las provincias que fueran con retraso, como la Comunidad de Madrid, Barcelona o Castilla y León. Sobre la sexta prórroga, Sánchez ha dicho que lo abordará con las comunidades y los partidos políticos. En Moncloa aseguran que se estudiarán “todos los escenarios”. No obstante, Sánchez ha dado por hecho que la movilidad seguirá restringida hasta al menos finales de junio en algunos territorios: “Es una buenísima noticia que en el mes de junio vayamos a tener muchísimo territorio fuera del estado de alarma y prácticamente la totalidad, sino la totalidad muy probablemente si las cosas no se tuercen, a finales del mes de junio. Por tanto, en el mes de julio todos van a poder moverse libremente por el territorio español”.
Sánchez también ha expresado que se pondrá en marcha la reanudación de las actividades recreativas, como los cines, los museos o los teatros, y ha anunciado que se autorizará la vuelta de la Liga de fútbol la semana del 8 de junio, cuando buena parte de España entre en la fase 3 de la desescalada, la última antes de la “nueva normalidad”. “Con el aval del Centro Superior de Deportes el Gobierno ha dado luz verde para que se vuelva a celebrar la Liga profesional a partir del 8 de junio”, ha señalado el presidente, que también se ha referido a la recuperación de todas las actividades deportivas de “forma paulatina”. “Por supuesto, la pelota volverá a rodar en condiciones que garanticen la máxima seguridad sanitaria para todos los participantes en la competición”, ha expresado.
Diez días de luto oficial a partir del martes
Sánchez también ha informado de que el próximo martes el Consejo de Ministros decretará diez días de luto oficial por las más de 27.000 víctimas de la COVID-19 en España. Las banderas ondearán a media asta. El presidente del Gobierno ya adelantó que decretaría el luto una vez que la mayoría de España se encontrara en una fase más avanzada de la desescalada. A partir del lunes, todo el territorio estará en fase 1. Además, la pretensión del Gobierno es realizar un homenaje de Estado en las próximas semanas que presidirá el jefe del Estado. El acto tendrá lugar cuando toda España se encuentre en “nueva normalidad”, es decir, no antes del mes de julio.
Sánchez, que se reunirá este domingo con los presidentes autonómicos en la undécima videoconferencia desde que se decretó el estado de alarma, ha comparecido tras una de las semanas más convulsas para el Gobierno a raíz del acuerdo con EH Bildu a cambio de su abstención en la quinta prórroga. Sánchez dio la orden de negociar a varias bandas ante el temor a no conseguir los apoyos necesarios. “Los votos no estaban garantizados”, ha admitido. PSOE y Unidas Podemos suscribieron un acuerdo con la formación abertzale que contemplaba la derogación íntegra de la reforma laboral antes de que terminen las medidas económicas extraordinarias activadas a raíz de la emergencia sanitaria que desairó a la patronal forzando una rectificación de los socialistas que rebajaron el compromiso a los aspectos más lesivos de esa reforma.
Culpa al PP de haber tenido que negociar con Bildu
El presidente ha admitido que en el seno de la coalición existen distintas “sensibilidades” sobre el asunto, tal y como han dejado patente los vicepresidentes Pablo Iglesias y Nadia Calviño, pero ha asegurado que no son posiciones “contradictorias”. Así, Sánchez ha recordado que hay una serie de compromisos de la investidura, entre ellos la derogación de la reforma laboral, pero ha admitido -en la línea que se pronunció la vicepresidenta económica tras el enfado de a patronal- que “no tiene sentido plantear esos debates” cuando lo que se aborda es el estado de alarma para proteger la salud pública: “Seamos conscientes de que el debate tiene que ver con la emergencia sanitaria”.
Sánchez ha culpado al PP de que el Gobierno tuviera que negociar con otros grupos asuntos que nada tenían que ver con la emergencia sanitaria ni la crisis de la COVID-19 por su negativa a extender la alarma: “Lo más importante para el Gobierno y para los grupos que sostienen al Gobierno era la prórroga, lo irresponsable es que haya partidos políticos que gobiernan en comunidades autónomas y que el PP haya votado en contra, no es que se haya abstenido, es que se ha opuesto y al pasar esto hay grupos minoritarios que abren la espita de otros temas de Gobierno en la legislatura”. Sánchez se ha referido a la “derogación de leyes” o la “financiación”, que puso sobre la mesa Compromís: “Todo eso se podría haber evitado si el PP en vez de votar no se abstiene o hubiera votado a favor; pero esta no es desgraciadamente la realidad”.
Garamendi, un “patriota” que volverá al diálogo social
En todo caso, Sánchez ha asegurado que la modificación de la reforma laboral se hará en el marco del diálogo social, como subrayó este viernes la portavoz, María Jesús Montero, ante el enfado que ha mostrado la patronal, que se ha levantado de la mesa. El presidente se ha mostrado convencido de que el diálogo social se reactivará “cuanto antes” y ha considerado a Antonio Garamendi, jefe de la CEOE, como un “patriota”. “Las consecuencias de la reforma las han vivido los trabajadores, con inseguridad y desprotección y los agentes sociales por desequilibrio en la negociación en beneficio de los empresarios. Eso aspira a corregirlo el Gobierno, queremos hacerlo en el ámbito del diálogo social”, ha afirmado.
Sánchez ha defendido que el Gobierno está unido pese a esas distintas “sensibilidades” y ha dado por hecho que quedan “cuatro años por delante” de legislatura“, pese a las dificultades que se ha encontrado con sus aliados parlamentarios a la hora de sacar adelante el estado de alarma. ”En eso está el Gobierno de España, no está en otras disquisiciones“, ha aseverado Sánchez, que ha acusado a ”otras formaciones“ de usar la emergencia de la COVID-19 para ”derrocar al Gobierno“.
Sobre las movilizaciones de Vox: “Son libres respetando los criterios sanitarios”
Aunque no lo ha citado expresamente, sí lo hizo este viernes la portavoz, que se refirió al PP. En el Gobierno lamentan que Pablo Casado esté en competición con la extrema derecha de Vox. Aunque Sánchez considera que los altercados en las protestas contra el Gobierno son “minoritarios”, ha reconocido que se encuentra clamando “en el desierto” por la “concordia y el respeto” frente al “odio y la ira”.
Sobre las manifestaciones que ha convocado la extrema derecha en contra del Ejecutivo, Sánchez ha recordado que España es un estado democrático y de derecho: “Ellos son libres de movilizarse como consideren oportuno, siempre que se respeten los criterios de las autoridades sanitarias”.