El Gobierno no acudirá a las sesiones de control de los miércoles. Tampoco a las Comisiones del Congreso para someterse a las preguntas orales de los grupos parlamentarios. Pero, además, se niega a contestar a las preguntas por escrito que han registrado y seguirán registrando los grupos parlamentarios en la Cámara Baja. De momento, hay acumuladas 518 de diferentes grupos parlamentarios, excepto del PP. Pero ninguna de ellas tendrá respuesta, según han confirmado a esta redacción fuentes de Moncloa.
La negativa a responder este tipo de preguntas es algo insólito. Como aseguran desde el PSOE, “el Gobierno puede que se escude en que está en funciones, pero los funcionarios que son los encargados de recabar esa información, no”. Los diputados de los grupos parlamentarios consultados consideran un despropósito que los departamentos ministeriales se nieguen a cumplir con su trabajo y “con su obligación”. Pero así va a ser.
Desde que comenzó la legislatura, ya hay registradas en el Congreso 518 preguntas escritas para su respuesta por parte del Ejecutivo. Algunas de ellas se refieren a la corrupción en Valencia, como la batería de preguntas que un grupo de diputados del PSOE de las circunscripciones de Alicante, Castellón y Valencia registró a finales de febrero: Ana María Botella; José Luis Ábalos; María Palomares; Patricia Blanquer; Julián López Milla; Artemi Vicent Rallo Lombarte y Herick Campos, fueron los parlamentarios firmantes.
En el preámbulo de la iniciativa justificaban su interés “dado los numerosos e impactantes casos de corrupción que asolan la Comunidad Valenciana, en los que están implicados destacados dirigentes del Partido Popular, así como miembros de este partido político en su ejercicio activo como altos cargos del Gobierno de la Generalitat Valenciana en pasadas legislaturas”.
“¿En qué se han concretado los esfuerzos de investigación por parte del Ministerio del Interior en la lucha contra la corrupción en la Comunidad valenciana?”; “¿Cuál es la estadística, para los años 2011 al 2015, de los delitos de cohecho, malversación, prevaricación administrativa y tráfico de influencias (delitos más asociados a la corrupción) en la Comunidad Valenciana, y comparativamente con el conjunto del ámbito nacional?”; “¿Cuál es la estadística de hechos conocidos, esclarecidos, detenciones, e imputaciones en esos mismos años en el ámbito territorial en la Comunidad Valenciana y su comparativa con el conjunto de España?”; “¿Qué efectivos, inversiones o cualquier otro recurso de Fuerzas y Cuerpo de Seguridad del Estado ha movilizado el Ministerio del Interior en la Comunidad Valenciana en los años 2012-2015 en la lucha contra la corrupción?”, fueron las preguntas.
Según Ana Botella Gómez, diputada por Valencia y vicepresidenta de la Comisión de Interior del Congreso, el PP no solo no ha movido un dedo para evitar los escándalos que son conocidos en toda la Comunidad, sino que “ha obstaculizado” las investigaciones de la policía y el trabajo de los jueces. En otras cosas, los socialistas denuncian que en casos como el Brugal –que afecta a importantes dirigentes del PP, entre ellos, a la exalcaldesa de Alicante, Sonia Castedo-, han puesto al frente a mandos policiales “que han mantenido una estrategia predeterminada para que no avancen las investigaciones”. Una prueba de ello, afirman, es que al jefe provincial de la Policía de Alicante, que fue uno de los encargados de “tapar” este asunto y al que los jueces han recriminado por ralentizar este caso, le hayan ascendido a Jefe Superior de la Policía la de Comunidad Valenciana, “como premio”.
Los socialistas han pedido la comparencia urgente en la Comisión de Interior del ministro Jorge Fernández Díaz, para que explique este ascenso, así como el nombramiento como jefe superior de la Policía Nacional en Galicia del antiguo responsable de la UDEF que encargó el informe sobre la supuesta financiación ilegal de Podemos. Pero el ministro, al estar “enfunciones”, no acudirá, según ha confirmado el secretario de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, que asegura que les ampara la ley.
Garzón tampoco tendrá respuesta sobre las denuncias de Snowden
Pero también se quedarán sin respuesta las preguntas que acaba de registrar en el Congreso el diputado de IU-UP, Alberto Garzón, sobre “el espionaje masivo” denunciado por el exagente de la Agencia de Seguridad de EEUU (NSA), Edward Snowden. El portavoz de IU quiere saber si las autoridades españolas participaron de alguna manera en el programa que desveló primero The Guardian y que el propio Snowden ha explicado en una amplia entrevista con eldiario.es.
Otras se refieren a ejecuciones de obras e infraestructuras licitadas o en marcha en diversas comunidades autónomas; o sobre las dificultades que han tenido los residentes españoles para votar en el extranjero en las últimas elecciones, como se interesa el diputado de Podemos, Pablo Bustinduy; o sobre el indulto a dos trabajadores vigueses condenados por participar en una huelga legal, de la diputada de Podemos, Yolanda Díaz.
Asimismo, quedará sin contestar por qué el CESEDEN invitó al historiador Stanley Payne a dar una conferencia sobre “El Camino hacia el 18 de julio”, que ha presentado el diputado Fèlix Alonso (En Comú Podem). Pero hay cientos más.
El Gobierno tiene cerca de dos meses de plazo para responder a estas preguntas, aunque en muchas ocasiones se pasa este tiempo y las respuestas llegan fuera de plazo o decaen. El encargado de tramitar y distribuir por los diferentes ministerios estas preguntas es la secretaria de Estado de Relaciones con las Cortes, que dirige José Luis Ayllón.
En la legislatura anterior, según datos ofrecidos en abril de 2015 por el propio Ayllón en la Comisión Constitucional del Congreso, el Gobierno contestó a 143.122 preguntas escritas planteadas por los diputados y senadores. Es decir, un 93% del total presentadas (153.616). En esta ocasión el balance será cero.