El Gobierno central ha presentado ante el Tribunal Constitucional (TC) un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto andaluz sobre desahucios, y ha ofrecido a la Junta de Andalucía abrir una “vía de diálogo informal” sobre este asunto, aunque será al margen de la permanencia de dicho recurso.
Según ha informado a Efe la delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, el recurso contra el decreto andaluz entró ayer en el registro del Constitucional, por lo que de ser admitido a trámite -probablemente mañana- se producirá la suspensión de dicha norma durante el plazo de cinco meses.
El Gobierno ha enviado un fax al Ejecutivo andaluz en el que le ofrece una “vía de diálogo informal” en el seno de la Subcomisión de Conflictos entre Gobierno y comunidades autónomas, en respuesta a la petición realizada hace unos días por la Junta de Andalucía de abrir una negociación bilateral sobre este conflicto.
Concretamente, el pasado 4 de julio, la Junta solicitó al Gobierno central la convocatoria de una comisión bilateral para resolver las discrepancias sobre el decreto andaluz de vivienda, que prevé sanciones por las casas vacías y expropiaciones temporales a los bancos para evitar desahucios en situaciones vulnerables.
El Gobierno de la Nación acepta dialogar con la Junta en el seno de esta subcomisión, aunque este diálogo no supondrá la retirada del recurso, según Carmen Crespo, quien ha recordado que el decreto andaluz quedaría paralizado durante cinco meses hasta que se pronuncie de forma definitiva el tribunal.
Carmen Crespo ha declarado a Efe que la Comisión Europea (CE) envió una carta al Gobierno en el que “se dejaba claro” que el decreto andaluz puede afectar “negativamente” a la estabilidad de la banca y la recuperación económica, y que el informe del Consejo de Estado encargado por el Gobierno cuestionaba también la norma.
El Consejo de Estado consideró que existen “fundamentos jurídicos” para presentar recurso de inconstitucionalidad tanto contra el decreto como contra los cambios que introduce en el artículo 1.3 de la Ley reguladora del derecho a la vivienda en Andalucía, según ha recordado la delegada del Gobierno.
Según Crespo, el Ejecutivo central ha dejado ya claro que la norma andaluza “afecta al contenido esencial del derecho a la propiedad de la vivienda, que es una norma reservada a las Cortes Generales, establece una responsabilidad sancionadora al margen del principio de culpabilidad que viene exigido por la Constitución y establece una regulación contraria al principio igualdad”.
La delegada del Gobierno en Andalucía ha reiterado que desde el Ejecutivo de Mariano Rajoy se está “de manera permanente con la mano tendida” hacia la Junta de Andalucía, pero que lo que se debe entender es que el Gobierno de la nación tiene que cumplir con sus “responsabilidades” con todos los ciudadanos.
La responsabilidad del Gobierno es velar por los derechos de los ciudadanos, porque esta es una medida que “afecta al derecho esencial” de la propiedad privada, según Carmen Crespo, quien ha añadido que ésta es una norma “reservada” a las Cortes Generales.
En su opinión, el Ejecutivo regional “trabaja” para garantizar los derechos de todos los españoles, y esta “responsabilidad” pasa también por “tender” la mano a la Junta de Andalucía, con la que el Estado tiene el “deber” de mantener un “diálogo abierto” al margen de los recursos que se interpongan.