Antes de que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, anunciara a través de la presidenta del Parlament catalán, Carme Forcadell, que no asistiría a la comisión del Senado para defender su posición para evitar para aplicación del artículo 155 en Catalunya, el Gobierno ya había lanzado el mensaje de que era “inaceptable” que con la convocatoria de elecciones autonómicas Puigdemont evitara la intervención de la Administración autonómica por parte del Gobierno central.
De esta manera, tras la convalidación este viernes en el pleno del Senado de las medidas que aprobó el Consejo de Ministros extraordinario del pasado sábado, se prevé que el mismo viernes por la tarde o el sábado por la mañana se convoque un Consejo de Ministros que decrete el cese del Puigdemont y todo su Govern.
El Ejecutivo de Mariano Rajoy considera que “no le puede salir gratis el desafío independentista al Govern de Puigdemont” que “ha supuesto el incumplimiento reiterativo y flagrante de la legalidad, la rotura de la convivencia en Catalunya y el empobrecimiento de la sociedad catalana con la salida de empresas” de esta comunidad autónoma.
El Gobierno ha ido modificando su postura a lo largo de la semana, lo que le ha valido un encontronazo con el PSOE, que ambos partidos han intentado rebajar. El lunes la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, apuntaba que si Puigdemont convocaba elecciones autonómicas, sería suficiente para frenar el 155. El martes salieron varios ministros y dirigentes del PP a puntualizar que, además de los comicios autonómicos, el president de la Generalitat debía retractarse de los pasos ilegales que había cometido. Este miércoles, el Gobierno daba por cerradas las puertas a Puigdemont y vinculaba la recuperación de la legalidad a la aplicación del artículo 155.
Otras fuentes en el partido conservador apuntan que el cambio de posición del Gobierno obedece a la imposición de los más duros en el Consejo de Ministros y en el partido para enviar un mensaje más fuerte destinado a su electorado, ante el avance de Ciudadanos en las encuestas electorales por su postura más inflexible.
En este sentido fuentes del Ministerio de Hacienda insistieron hace días en que el vicepresident económico de la Generalitat, Oriol Junqueras, no podía seguir en su puesto porque era “el principal responsable de ahuyentar a las empresas fuera de Catalunya”.
El anuncio de que Puigdemont no asistiría a la comisión del Senado este jueves solo confirmó al Ejecutivo de Rajoy que el president se iba a mantener en la ilegalidad y que la posible convocatoria de elecciones autonómicas solo era “una treta” de los independentistas. El portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, apuntó que “está claro que el señor Puigdemont no quiere dialogar”.
El vicesecretario de Comunicación y diputado del PP, Pablo Casado, declaró que Puigdemont “ya ha cruzado el Rubicón, está a ver cómo salen del lío por una gatera que evidentemente la legislación no les va a facilitar. Nadie entendería que Puigdemont con las elecciones pretenda que no pase absolutamente nada y acabe organizando un posible pucherazo como el referéndum del 1 de octubre”.
Otras fuentes del Partido Popular insistieron en que el Gobierno había declarado “que sería positivo” que Puigdemont convocase elecciones pero “no significaba que parábamos el 155”. De hecho, las mismas fuentes coincidieron con el planteamiento de Ciudadanos, que este miércoles pedía al Gobierno que hiciera lo necesario para garantizar “neutralidad institucional en unas elecciones autonómicas libres y seguras en Catalunya” ante la dudosa gestión electoral del “comité de sedición de Puigdemont”.
Los funcionarios cumplirán la ley
En esta situación, aunque en Moncloa admiten que no será fácil la gestión de la Administración catalana por parte del Gobierno central, también se tiene la tranquilidad de que los funcionarios cumplirán con la ley.
El acuerdo de medidas del 155 señala que “el incumplimiento de las disposiciones, actos, resoluciones, instrucciones u órdenes de servicio dictadas por los órganos o autoridades creados o designados por el Gobierno de la Nación puede ser constitutivo de responsabilidad disciplinaria”, que puede derivar en actuaciones castigadas penal y patrimonialmente por los incumplidores.
“La primera semana de la intervención puede haber una escenificación o 'performance' por parte del independentismo porque son profesionales de este tipo de cosas, pero no va a haber una desobediencia generalizada por parte de los funcionarios”, explican fuentes de Moncloa.
Fuentes del Gobierno explican que ya hay ejemplos para creer que los funcionarios en Catalunya van a cumplir las órdenes del Gobierno central. “Tenemos el ejemplo de los letrados del Parlament que, pese a las presiones, cumplieron con su cometido durante las jornadas del 6 y 7 de septiembre y se posicionaron contra las leyes de referéndum y de transitoriedad. Además, los funcionarios del departamento de Economía del Govern han cumplido sin problemas las órdenes de Hacienda cuando se amplió la tutela del ministerio sobre los pagos de la Generalitat”, subrayan las mismas fuentes.