El Gobierno rechaza la pretensión de Junts de citar a jueces en las comisiones parlamentarias sobre las investigaciones al independentismo constituidas el pasado martes en el Congreso de los Diputados. Fuentes gubernamentales han afirmado que el PSOE votará en contra de la propuesta del partido de Carles Puigdemont, que pretende convocar en la comisión de investigación sobre la Operación Catalunya a los jueces “más activos en la guerra sucia contra el independentismo”, según afirmó este lunes el portavoz de Junts, Josep Rius.
En el mismo posicionamiento ha insistido el ministro de Justicia, Félix Bolaños, en la rueda de prensa celebrada tras el Consejo de Ministros. Bolaños ha afirmado que del “marco legal y constitucional que regula las comisiones de investigación se deriva que no pueden ni revisar resoluciones judiciales ni vincular a los tribunales”.
A este respecto, Bolaños ha insistido que, según el marco legal vigente, “los jueces y magistrados no tienen obligación de asistir” a esas comisiones parlamentarias. Y ha sostenido que, en todo caso, su comparecencia “no tendría ninguna utilidad” porque “todo el conocimiento que tienen (...) de esas causas penales es por haber sido los jueces y magistrados de esos procedimientos y es justo lo que la ley prohíbe que se pueda revelar”. Según Bolaños, se trata de un debate que “se resuelve con mucha claridad” con la mera “lectura de la Constitución, de la ley del Poder Judicial y del Reglamento del Congreso”.
Este posicionamiento apuntala la estrategia del Gobierno de “tender puentes” con la judicatura tras las críticas a la ley de amnistía y las referencias al lawfare contenidas en el acuerdo con el partido de Puigdemont. En las últimas semanas había soliviantado a amplios sectores de la judicatura la posibilidad de que jueces y magistrados pudieran ser “requeridos” a participar en las comisiones sobre la Operación Catalunya, las maniobras urdidas desde el Ministerio del Interior, en la época del PP, para buscar información contra el secesionismo; sobre el espionaje a 65 personas vinculadas al independentismo a través del software Pegasus, entre ellos el president Pere Aragonés; y sobre los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils.
La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) ha elaborado un informe técnico en el que concluye que, si las Cortes citaran a un juez para declarar sobre los casos judiciales en los que ha intervenido, “no solo tiene el derecho a negarse a comparecer para informar sobre sus actuaciones como tal, sino que está obligado a ello, a fin de preservar la independencia judicial y la separación de poderes”.
El asunto también será abordado este jueves por el pleno del caducado Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Nueve vocales del sector conservador del órgano de gobierno de los jueces han forzado la inclusión de un punto en la sesión para examinar la legalidad de las comisiones parlamentarias de investigación y el deber de comparecencia de los jueces.