El Gobierno ha afirmado hoy que los ayuntamientos sí tienen margen y “flexibilidad” para efectuar sus inversiones, pues dispusieron al cierre de 2016 de más de 2.747 millones de euros para tal fin, si bien movilizaron unos 692 millones, es decir, un 25 por ciento.
Los datos los ha dado el secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Hernández de Moya, en la rueda de prensa posterior a la reunión de la Comisión Nacional para la Administración Local (CNAL), en la que su homólogo de Presupuestos, Alberto Nadal, ha recordado que en las cuentas de este año los consistorios tendrán aún más flexibilidad.
Sus palabras han venido a responder a la protesta del presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, quien en una comparecencia anterior ante la prensa había denunciado que el Ministerio de Hacienda no permite a los ayuntamientos usar el superávit que vienen logrando desde hace cinco años.
El del último ejercicio asciende a 7.000 millones, que Caballero pide que se dejen invertir en políticas sociales municipales y en medidas para generar empleo.
Sin embargo, según sus palabras, el Gobierno no se lo permite, y por ello, ha rechazado que una administración “incumplidora” con el déficit y con la deuda como la central establezca “tutelas” a las administraciones que sí cumplen, los ayuntamientos.
Esta afirmación la ha cuestionado Hernández de Moya al asegurar que al acabar 2016 los entes locales tuvieron casi 2.748 millones de euros para efectuar inversiones financieramente sostenibles, pero ejecutaron sólo el 25 por ciento.
La normativa vigente, por tanto, da “flexibilidad” a los consistorios, y la de los presupuestos de este año, ya aprobados, aún más, según ha comentado Nadal.
También ha defendido el secretario de Estado de Presupuestos la regla de techo de gasto (no gastar por encima del porcentaje de evolución del PIB) al señalar que garantiza unas cuentas “sostenibles”.
Y ha apuntado que, por los datos de las administraciones locales, se está comprobado que las supuestas restricciones a la inversión de esos superávit tienen más que ver con el mapa competencial.
El Gobierno, por ello, ha emplazado al informe que dentro de un mes, aproximadamente, emitirán los expertos que en estos momentos están analizando las bases futuras del nuevos sistema de financiación local.
Los tiempos para buscar una solución a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre las plusvalías también han generado discrepancias.
Caballero ha pedido una reunión al respecto la semana que viene, pero Hernández de Moya ha subrayado que tanto el Gobierno como la FEMP comparte que hay que analiza “el contenido material de la sentencia”.
El secretario de Estado se ha comprometido a buscar una fórmula que acabe con la inseguridad jurídica “de la mano de la FEMP”, si bien ha explicado que las bases de esa solución estarán ya en el citado informe de los expertos que estudian la reforma de la financiación local.
Por otra parte, Hernández de Moya ha precisado que en el ejercicio 2016 los ayuntamientos presentaron 1.165 planes económico-financieros para que los supervisaran bien las comunidades autónomas, bien el Ministerio de Hacienda. La cifra es un 54,8 por ciento mayor a la del año pasado.
Igualmente, ha informado a los medios de los cambios en la regulación del plazo medio de pago a proveedores que el Gobierno implantará conforme lo exigido por la Comisión Europea.