El Gobierno ha dado ya el primer paso para cumplir con su compromiso de recuperar la justicia universal, la competencia de los tribunales para juzgar delitos cometidos fuera de nuestras fronteras, y que fue cercenada por el Ejecutivo del PP hace cuatro años. El Ministerio de Justicia que preside Dolores Delgado ha creado un consejo asesor para estudiar cuál es la mejor fórmula para reformar la legislación actual y devolver esa herramienta a los jueces españoles.
Según ha confirmado eldiario.es, ese comité de expertos comenzará a trabajar esta misma semana para analizar qué posibilidades hay para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial. La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ya anunció su intención de recuperar esta competencia durante su primera comparecencia en el Congreso, en la que cargó contra la reforma del PP del año 2014, aprobada con toda la oposición en contra. “Ha limitado la eficacia de España en el combate frente al narcotráfico internacional y el terrorismo”, dijo entonces Delgado.
La ministra ha creado ya un consejo asesor que tiene como tarea proponer la mejor fórmula para cumplir esa promesa. Ese grupo de expertos estará presidido por la propia ministra y la vicepresidencia recaerá sobre el secretario de Estado de Justicia, Manuel Dolz.
Los expertos designados para ese consejo serán José Ricardo de Prada, juez de la Audiencia Nacional –miembro del tribunal del caso Gürtel– y que ha formado parte de los Tribunales Penales Internacionales de Naciones Unidas; Manuel Ollé, profesor de Derecho Internacional de la Universidad Complutense; Manuel Miguel Vergara, profesor de Derecho Penal y asesor de la Fundación Internacional Baltasar Garzón y Hernán Hormazábal, catedrático de Derecho Penal y presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDH).
El próximo martes será la primera reunión del grupo de expertos. Según fuentes de Justicia, la intención es aprovechar la tramitación en el Congreso de la proposición de ley para recuperar la justicia universal que presentó Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). El plazo para presentar enmiendas a ese texto acaba el próximo 4 de septiembre, así que los expertos tendrán que plantear antes de esa fecha qué vía consideran mejor para llevar a cabo esa reforma.
Entre las opciones puede estar presentar enmiendas al texto de ERC o impulsar un proyecto propio. Lo que no hará Justicia es proponer que se apoye esa iniciativa sin más, porque la intención del Ministerio no es volver a la redacción anterior del apartado de justicia universal dentro de la Ley del Poder Judicial, sino ampliarlo. Delgado ya dijo que la propuesta de ERC se quedaba corta porque era poco ambiciosa, se limitaba a volver a la situación anterior a la reforma de 2014.
Ampliar la acción de la justicia universal
Según fuentes de Justicia, la intención es que se amplíe la justicia universal para que, por ejemplo, no solo abarque delitos penales, sino que también pueda aplicarse a la jurisdicción civil y permita perseguir la delincuencia financiera internacional. Además, en el Ministerio creen que la ley inicial, promulgada en 1994, necesita ser actualizada a la nueva realidad jurídica internacional.
Por ello, lo que se va a pedir a los expertos convocados son “nuevas ideas”. Que planteen la mejor fórmula para recuperar la justicia universal y que aporten propuestas para mejorar esa herramienta.
En el Ministerio reconocen la urgencia de plantear esa propuesta debido a los plazos parlamentarios de la propuesta de ERC, que el PP trató de tumbar sin éxito en el Congreso. El Gobierno no debería tener muchos problemas para recabar los apoyos parlamentarios necesarios para recuperar la justicia universal, que siempre ha suscitado un amplio consenso en la Cámara Baja.
El Gobierno del PP cambió la ley en 2014 para introducir algunos requisitos que hacían prácticamente imposible que los jueces investigasen casos de genocidio, crímenes de guerra, de lesa humanidad, tortura, ejecuciones extrajudiciales o desapariciones forzadas fuera de nuestro país.
El Ejecutivo de Rajoy, apoyado en su mayoría absoluta, estableció que esos crímenes solo podrían investigarse si la víctima era española o si el acusado era español. Siendo extranjero, la reforma exigía que estuviese residiendo o se encontrase en España, algo prácticamente imposible. La propuesta de reforma fue registrada tras la orden de detención lanzada por la Audiencia Nacional sobre la anterior cúpula militar y política de China.
Así, ese cambio provocó el cierre del caso sobre el genocidio en el Tíbet, pero también el asesinato del cámara José Couso por parte de tropas estadounidenses en Irak, la investigación del asalto a la Flotilla de la Libertad por parte de Israel o los asesinatos en el Sáhara. Desde mucho antes de llegar al ministerio, Dolores Delgado ya se había mostrado como una firme partidaria de la justicia universal.