Nueva batalla judicial del Gobierno en el proceso de exhumación de los restos de Francisco Franco. El Ejecutivo de Pedro Sánchez, a través de la Abogacía del Estado, ha reclamado la recusación del juez José Yusty Bastarreche que paralizó la licencia de obra concedida por el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial para sacar el cadáver de la basílica del Valle de los Caídos.
El escrito de la Abogacía del Estado, al que ha tenido acceso eldiario.es, se fundamenta en la falta de “imparcialidad” del magistrado para abordar esa causa, vistas sus opiniones contrarias a la Ley de Memoria Histórica.
“Esta representación entiende –dicho desde el más absoluto respeto– que el Ilmo. Sr. Magistrado D. José Yusty Basterreche al que se refiere esta recusación habría firmado determinados artículos de prensa y conferencias en revistas especializadas, en relación con el Proyecto de Ley de Memoria Histórica que podrían dar pie a considerar que concurre en este caso lo que anteriormente se ha calificado como contaminación por interés”, reza el escrito de 24 páginas que ha presentado el Gobierno.
En ese recurso, el Gobierno presenta las afirmaciones que Yusty Basterreche ha vertido en contra de la memoria histórica que definió como “el ansia de venganza y el odio de los vencidos en la guerra civil en estado puro”. El Ejecutivo de Pedro Sánchez explica que esa ley está estrechamente relacionada con su decisión de exhumar los restos del dictador, ya que procede precisamente de ella.
Yusty Bastarreche aceptó uno de las decenas de recursos impulsadas por nostálgicos del franquismo en distintos juzgados y que previamente habían rechazado otros magistrados. A juicio del Ejecutivo, ese juez debería haberse abstenido en favor de otro de los jueces que habían visto ese asunto, tal y como establece la ley.
En total, otros tres jueces habían rechazado en quince autos la intención de particulares de anunciar la licencia que le dio el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial al Ejecutivo para acometer la obra necesaria para sacar los restos del dictador de la basílica del Valle de los Caídos. Yusty Bastarreche asumió los argumentos de informe de arquitectos encargado por la Fundación Francisco Franco. Esas demandas presentadas en distintos juzgados fueron retiradas después de que el magistrado aceptara una de ellas con el objetivo de que sea precisamente Yusty Bastarreche el que asuma la causa y que las demandas no recayeran en otro magistrado, tal y como establece la legislación.
El Gobierno entiende que debería haber una decisión sobre la recusación en un plazo de diez días y basa su petición en jurisprudencia del Tribunal Supremo, el Constitucional y el Europeo de Derechos Humanos.