Se acabó la equidistancia y las respuestas vacías sobre la presunción de inocencia de Juan Carlos I por sus desmanes durante su reinado. Las evidencias de que el exjefe del Estado amasó una fortuna por la que no pagó al fisco español activaron todas las alarmas en Moncloa, donde cunde la preocupación por las dificultades en las que el “complicado” asunto deja a la monarquía. Esa situación ha llevado al Gobierno a elevar la presión sobre el rey emérito con un objetivo: salvar la imagen de Felipe VI. La prioridad de los inquilinos del Palacio de la Moncloa es subrayar la diferencia de ejemplaridad entre padre e hijo destacando las medidas que ya ha adoptado Zarzuela y empujar para que la familia real siga en la senda de distanciamiento total con el emérito.
La elevación del tono del Gobierno contra Juan Carlos I quedó patente en apenas 24 horas. “Las actuaciones judiciales por parte de los tribunales de justicia se están dirigiendo al anterior jefe del Estado para nada tienen impacto en el actual jefe del Estado”, expresó la portavoz, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. El titular de Justicia, Juan Carlos Campo, enfatizó la “presunción de inocencia” y la “igualdad ante la ley”, ambos preceptos aplicados al anterior monarca.
Pero Pedro Sánchez fue un paso más allá en una comparecencia junto al primer ministro italiano, Giuseppe Conte: “Estamos siendo testigos el conjunto de población española de informaciones inquietantes que nos perturban a todos, a mí también. Y yo quisiera compartir lo siguiente: lo primero es que hay unos medios de comunicación que no miran para otro lado, al contrario, se hacen eco de esas informaciones. En segundo lugar, hay una justicia que está actuando y, en tercer lugar, y esto es algo que agradezco, la propia Casa Real está marcando distancias frente a esas informaciones inquietantes perturbadoras y eso es algo que yo agradezco”.
Tras esa comparecencia, Sánchez apostó en una entrevista publicada por elDiario.es e Infolibre por la desaparición de la inviolabilidad como una de las fórmulas para la diferenciación con la etapa anterior, dado que esa figura es la que impide investigar a Juan Carlos de Borbón en la etapa anterior a la abdicación. “La Constitución española tiene que evolucionar conforme a las exigencias de ejemplaridad y conducta política de las sociedades”, expresó el presidente. La explicación es que si ha planteado que los aforamientos de los cargos públicos se circunscriban exclusivamente al ejercicio de las funciones, lo mismo ocurra con el rey, que goza con un privilegio de inviolabilidad que no tiene ningún otro ciudadano.
No es la primera vez que Sánchez muestra esa contundencia en asuntos referidos a la monarquía. En 2014, cuando era candidato a la secretaría general del PSOE, consideró “inexcusable” acabar con la inviolabilidad del rey. Ya como presidente del Gobierno, en 2018, volvió a reiterar esa idea e incluso aseguró, en una entrevista con motivo del 40º aniversario de la Constitución que Felipe VI sería “partidario”. “No hay habría ningún problema”, sino “al contrario”, expresó. No obstante, plantear esa iniciativa supondría una reforma agravada de la Carta Magna, dado que la inviolabilidad del monarca está recogida en el Título II, el relativo a la Corona. La reforma constitucional por la que apuesta el PSOE desde hace años es muy complicada con el actual panorama político.
Además del duro reproche público contra el exjefe del Estado, el Gobierno se esfuerza por remarcar la diferencia entre Felipe VI y su antecesor. Desde que se hizo con las riendas de Zarzuela, Felipe VI ha hecho algunos gestos, como publicar el listado de regalos que recibe la familia real, aunque la transparencia de la monarquía española está lejos de otras dinastías europeas. También ha protagonizado un alejamiento de su familia e incluso revocó a su hermana Cristina el título de duquesa de Palma por el caso de corrupción que afectaba a Iñaki Urdangarin.
A pesar de que Felipe VI conoció la existencia de una fundación offshore de la que su padre era titular y él beneficiario en marzo de 2019 -lo que acarreó la desaparición de la vida institucional de Juan Carlos de Borbón dos meses después- no informó a la opinión pública e informó de la renuncia a su herencia un año después, cuando los medios comenzaron a publicar las informaciones relativas a los millones que el exjefe del Estado había cobrado de Arabia Saudí. La Casa Real envió un inédito comunicado informando de esa renuncia -que tiene más de simbolismo que de efectos jurídicos- así como de la decisión de dejar de financiar a Juan Carlos Ia última hora del domingo 15 de marzo, cuando España arrancaba el confinamiento por el coronavirus y estaban a punto de comparecer los ministros que habían asumido el mando único del estado de alarma para notificar decisiones extraordinarias como la intervención de la sanidad privada.
A esa conducta que Sánchez calificó en el pasado como “ejemplar” por parte del actual rey se refiere ahora el Ejecutivo, pero aún así en Moncloa creen que son insuficientes y que es necesaria dejar aún más clara la ruptura total con el emérito, para el que busca, junto con Zarzuela, una salida, según publicó El Confidencial y han confirmado fuentes gubernamentales a elDiario.es. “Hay que buscar una salida que no afecte a Felipe VI”, señalan esas fuentes. Una de las opciones es que Juan Carlos I abandone España, como gesto. Por eso desde el Ejecutivo creen que debe “cooperar”. El emérito disfruta aún por ley de honores de Estado semejables a los de la princesa de Asturias y con título honorífico de rey y tratamiento de majestad de forma vitalicia.
En contra de la posición del presidente, Pablo Iglesias sostiene que no se puede “desvincular” a Felipe VI de su padre. “Resulta complicado también ignorar que la monarquía es una institución hereditaria en la que la legitimidad descansa precisamente en la filiación”, sostiene el vicepresidente segundo, que considera que hay que abrir el debate sobre la “utilidad” de la monarquía.