La intención del Gobierno es buscar una nueva regulación de la protección del derecho al honor y la intimidad en Internet. En concreto, en materia de redes sociales. Por ese motivo, el grupo del PP presentó hace unas semanas una proposición no de ley en ese sentido y la vicepresidenta del Gobierno ha insistido este jueves en el Congreso. Soraya Sáenz de Santamaría ha comparecido en la comisión Constitucional para esbozar las líneas generales de la legislatura y ha sido contundente: “Los derechos estaban protegidos en analógico pero estamos absolutamente desprotegidos en digital”.
La número dos del Congreso ha recordado que este asunto forma parte de la agenda del nuevo Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital que dirige Álvaro Nadal y que, para ello, será “esencial” el punto de vista de los portavoces de las diferentes formaciones políticas.
Entre las materias que ha anunciado que el Gobierno quiere abordar asuntos como la ciberseguridad, la protección de los menores en la red o la protección de la intimidad en Internet. “Me gustaría que las Cortes y el Gobierno fuésemos pioneros en saber abordar los derechos digitales”, ha manifestado.
El PP ya avanzó las intenciones del Gobierno cuando registró en octubre una proposición no de ley en que instaba a reformar la ley orgánica de protección del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen delimitando su contenido y adaptándola al auge del uso de las tecnologías y, singularmente, de las redes sociales.
Para el PP, la “alta litigiosidad” entre los derechos fundamentales al honor, a la intimidad y a la propia imagen y otros derechos constitucionalmente protegidos como la libertad de información y la libertad de expresión evidencia “la indefinición y la flexibilidad” de esta norma.
En concreto, pretenden reforzar la protección de los llamado derechos de la personalidad, sobre todo ante la creciente presencia de las nuevas tecnologías, que permiten la obtención y la difusión de información de una manera “insólita” y que pone “en especial peligro” ámbitos reservados de la vida privada. Como ejemplo, citaban “la frecuente vulneración del derecho a la intimidad personal y a la propia imagen que se articula con la subida de imágenes por terceros sin el consentimiento de sus titulares”.