El 3 de noviembre, el PP registró en el Congreso una Proposición no de Ley con la que pretende reformar la actual Ley Orgánica 1/1982 sobre protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. No tiene carácter legislativo pero invita a legislar. Es por eso que el rédito máximo que el PP puede sacar de esto será una manifestación del Congreso a favor o en contra. Al menos de momento.
“Lo que está claro es que anuncia una voluntad política determinada”, explica el abogado especializado en derecho en la red Carlos Sánchez Almeida a eldiario.es. El PP, en la Proposición, dice tener “la necesidad de valorar una posible modificación de la Ley Orgánica 1/82 del 5 de mayo”. El gobierno de Rajoy cree que esa disposición está obsoleta y es fácilmente sorteable, y lo achaca al “uso de las tecnologías de la información”. Se refieren precisamente a las redes sociales y al uso que hacemos de ellas y, aunque nos hemos intentado poner en contacto con el PP para saber si habían ahondado en la propuesta, no hemos obtenido respuesta.
Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas, habla sobre la actual Ley de 1982, que ya regula los supuestos que quiere modificar el PP: “Existe un Código Civil y un Código Penal que recogen cualquier delito o exceso a la imagen o al honor. Solo hay que ver cómo están los juzgados últimamente con este tipo de cuestiones”.
Al igual que Sánchez Almeida y Domingo, la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) se muestra en la misma línea: “La actual redacción de la Ley es suficientemente amplia como para contemplar las posibles vulneraciones de este derecho que se produzca a través de cualquier canal, incluidas las redes sociales”, anuncian en un comunicado.
¿Por qué legislar sobre algo que ya contempla la Ley?
“Si la Ley ya lo prevé todo, si ya hay protección, si una imagen tuya se sube sin autorización a Internet y se puede reclamar tanto en vía civil como en vía penal, si captan tu imagen dentro de tu casa en un acto sexual con tu pareja y eso automáticamente ya es delito, ¿qué es lo que quiere realmente regular el PP? No lo sabemos”, explica Sánchez Almeida, que también es el director legal de la PDLI.
Además, el abogado cree que el gobierno de Rajoy busca despojar a los jueces de sus capacidades en este terreno. Cuando alguien denuncia una intromisión en su derecho al honor o la intimidad puede hacerlo por las dos vías antes citadas, y ambas acaban ante un juez. De esta forma “la voluntad política que se indica es precisamente cercenar la capacidad decisoria del poder judicial al respecto”, continúa Sánchez Almeida.
El abogado sospecha que la reforma que trama el PP iría sobretodo encaminada al uso de las imágenes de políticos en la red. “Los jueces tienen una doctrina con respecto a los daños al honor cuando se trata de personajes anónimos, ciudadanos particulares y demás; y otra completamente distinta cuando estamos hablando de cargos públicos o personas con notoriedad”, explica el experto.
Mientras que la Ley Orgánica 1/82 sí que ampara la “captación, reproducción o publicación por cualquier medio cuando se trate de personas que ejerzan un cargo público o una profesión de notoriedad o proyección pública y la imagen se capte durante un acto público o en lugares abiertos al público”, la Ley de Seguridad Ciudadana (o Ley Mordaza) lo impide, y es aquí donde viene el conflicto.
“Sabemos que la Ley Mordaza, donde se establece que el uso no autorizado de las imágenes de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, cuando puedan perjudicar el éxito de una operación o afectar a su honor o intimidad es objeto de sanción. Y habla del uso, no de tomar fotografías”, explica Sánchez Almeida.
“Existe una contradicción”, continúa el director legal de la PDLI, “ya que por un lado hay una Ley Orgánica que dice que se pueden fotografiar policías y por otro una Ley donde se ponen trabas a esto”.
La pregunta del millón sigue siendo qué quiere hacer el PP. “Lo que está claro es que no va a ser el honor de los particulares el que quieren proteger”, según el abogado, que no muestra ninguna duda en que “lo que buscan es eliminar la posibilidad de arbitrio judicial, es decir, prohibir algo”.
Los memes ya están (también) regulados
Por su parte, la presidenta de la PDLI, Virginia Pérez Alonso, afirma en el comunicado que “la experiencia nos indica que, cuando se regula Internet de manera específica, el resultado es un recorte de libertades y derechos que luego es muy difícil de revertir”.
En esta nueva regulación entrarían también los memes y demás fotomontajes que se realizan con las fotos de políticos como Mariano Rajoy, Luis de Guindos, Cristóbal Montoro o Soraya Sáenz de Santamaría. “Un meme hecho a partir de una persona física concreta desconocida puede ser objeto de demanda por parte de esa persona y pedir su retirada de Internet”, explica Sánchez Almeida. Sin embargo, si ese fotomontaje es de un político o un policía ejerciendo su cargo en un espacio público como es la calle, “esa utilización de la fotografía en ese momento está amparada por la Ley Orgánica 1/82”.
Aún no sabemos qué quiere hacer el PP ni cómo, pero algo traman. Y “no es para proteger a las personas físicas normales”, concluye el abogado.