El Gobierno insiste en que no puede dar explicaciones sobre el presunto espionaje a decenas de personas, fundamentalmente dirigentes independentistas y su entorno –entre ellos el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, y sus antecesores Quim Torra y Artur Mas– a través de Pegasus, una herramienta que solo está disponible para gobiernos, amparándose en la reserva a la que le obliga la ley en las cuestiones relativas a la seguridad nacional. Pero este miércoles el Ejecutivo trasladó en cierta medida la presión sobre el conjunto de fuerzas parlamentarias al asegurar que puede dar toda la información relativa a ese asunto en la Comisión de Gastos Reservados del Congreso, que no se ha constituido todavía por el veto de la derecha a la presencia de las fuerzas independentistas.
“Sería muy bueno que esa comisión que todavía no se ha constituido esta legislatura se constituya ya”, ha defendido la ministra de Defensa, Margarita Robles, en una entrevista en el 24 Horas de TVE en el que ha asegurado que en ese organismo parlamentario no hay “ese límite de esas reservas legales” y, por tanto, se puede “explicar todo con absoluta transparencia y documentación”. “Transparencia dentro del ámbito legal”, ha dicho Robles sobre esa comisión que también se conoce como de secretos oficiales y que se reúne a puerta cerrada.
“Ahí se puede hablar sin ningún tipo de problema”, ha dicho la titular de Defensa, de quien depende el CNI, el organismo al que se apunta en el uso de esa herramienta después de que el Ministerio del Interior haya asegurado que no usa ese sistema. Según El País, el CNI adquirió Pegasus por seis millones de euros para espiar en el extranjero. “Las actuaciones que realiza el CNI están sujetas a un control parlamentario. Espero que pronto se constituya esa comisión que todavía no se ha constituido para que ahí, sin ningún tipo de cortapisa ni ninguna reserva, que no puede hacerse porque legalmente es imposible, se pueda declarar con toda claridad porque el sometimiento a la ley es absoluto”, ha insistido la ministra.
La Comisión de Gastos Reservados es la única que no se ha constituido desde que la legislatura echó a andar a finales de 2019. La razón es que se necesita una mayoría cualificada para su composición (210), es decir, que entre en la ecuación alguna de las fuerzas de la derecha. Sin embargo, PP, Vox y Ciudadanos rechazan la presencia de ERC o EH Bildu. Fuentes socialistas aseguran que su intención es que la comisión cuente con la representación proporcional del Congreso.
En todo caso, la ministra de Defensa ha reiterado que la actuación del CNI siempre ha estado dentro del marco legal. En ese sentido, el Ejecutivo subraya que sus movimientos están amparados por la actuación judicial. “Durante nuestro mandato el CNI y el Gobierno han actuado de acuerdo a la legalidad vigente”, ha afirmado Robles, que ha lamentado que se hagan algunas “acusaciones” a los espías sin “fundamento”. “Es fácil imputarle al CNI unas ciertas actuaciones porque no se puede defender; ni decir una cosa ni la otra”, ha agregado.
Belarra: “Si se concluye que hay responsabilidades, que se depuren”
Las explicaciones que salen de Moncloa son insuficientes tanto para el socio minoritario del Ejecutivo como para los aliados parlamentarios, que amagan incluso con retirar el apoyo a la coalición después de que la Generalitat enfriara las relaciones hasta que se arroje luz sobre el asunto. De hecho, Unidas Podemos y todos los aliados parlamentarios del Ejecutivo han registrado este miércoles una solicitud de creación de comisión de investigación sobre el espionaje. Según figura en la iniciativa, lo que se busca aclarar es “el espionaje e intromisión a la privacidad e intimidad a través de los 'malware' Pegasus y Candiru de los líderes políticos, activistas, abogados, periodistas, instituciones, familiares y allegados”. El texto lo firman, además del grupo confederal, ERC, PNV, Junts, CUP, BNG, PDeCAT, Más País y Compromis.
Aunque Moncloa había situado las discrepancias en el ámbito parlamentario, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha reclamado “transparencia”, pero se ha remitido a la comparecencia que la titular de Defensa protagonizará en el Parlamento. “La ministra Robles anticipó que va a comparecer” y dar explicaciones sobre estas cuestiones por lo que es oportuno esperar a su comparecencia, solicitada a petición propia, “para después poder opinar”, ha Díaz señalado en declaraciones a la prensa antes de impartir una ponencia en la Universidad de Santiago (USC). “España es un país democrático y, por tanto, los países democráticos no tienen que tener ningún temor, ni ningún resquicio a hacer gala de la transparencia y de cuántas aclaraciones sean necesarias”, ha agregado, informa EFE.
La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha ido un paso más allá al reclamar explicaciones. “Es una cuestión de calidad democrática”, ha dicho la también secretaria general de Podemos en Bruselas, a donde ha acudido para reunirse con el comisario europeo de Empleo, Nicolas Schmit: “Nosotros mejor que nadie sabemos lo que significa que te persigan las cloacas del Estado. Y, precisamente por ese motivo, pensamos que no puede quedar ninguna sombra de duda sobre esta cuestión. En este nuevo caso de espionaje que han sufrido políticos catalanes pensamos que se tiene que investigar hasta el final y que, en su caso, se tienen que depurar las responsabilidades que se deriven”.
El software Pegasus, de origen israelí, sólo puede adquirirse por Estados o agencias estatales, por lo que tanto Citizen Lab como algunos de los espiados, como el ex president catalán Carles Puigdemont y su ex vicepresidente, Oriol Junqueras, han apuntado al Gobierno. En este sentido, Belarra ha reclamado “todas las investigaciones que sean necesarias para llegar hasta el fondo del asunto”, un día después de que la portavoz del Ejecutivo, la socialista Isabel Rodríguez, rechazara tras el Consejo de Ministros dar explicaciones sobre el espionaje a líderes del procés alegando razones de seguridad nacional.
“Hay que llegar hasta el fondo de este asunto”, ha insistido la secretaria general de Podemos: “Estamos hablando de una cuestión que es de calidad democrática básica, de derechos fundamentales. Nosotros hemos sido víctimas de la persecución de las cloacas del Estado, y necesitamos llegar hasta el fondo de este asunto, que se investigue en todos los ámbitos y por parte de todos los que puedan tener alguna responsabilidad. Y, si se concluye que hay responsabilidades, que se depuren”.