El Gobierno asegura en público que presentará los Presupuestos Generales del Estado antes de Semana Santa. En privado, sin embargo, Moncloa insiste en que no redactarán las cuentas públicas sin garantías de que su paso por el Congreso finalice con éxito y con los votos suficientes para sacarlas adelante. Rajoy quiere quitarse de encima la presión ante quienes le acusan de no cumplir la mínima obligación de un gobernante: presentar un proyecto económico. En apenas dos semanas, el Gobierno ha pasado de decir que no se necesitan nuevos presupuestos a anunciar que los tendrá listos antes de las próximas vacaciones.
El anuncio de presupuestos para primavera supone una patada a seguir para un Rajoy que se sabe sin apoyos y bloqueado por las situación política que atraviesa Catalunya. En el PP son conscientes de que con el artículo 155 vigente, su acercamiento al PNV es imposible. Moncloa se ha convertido en la primera institución deseosa de librarse de la intervención constitucional sobre el gobierno catalán, un asunto que depende más del presidente del Parlament que del propio Rajoy.
Mientras tanto, el Congreso se ha convertido para el Gobierno en un recordatorio de su situación real: sin apoyos y en guerra abierta con Ciudadanos, el PP no consigue llevar a debate ninguna ley, solo algunas transposiciones de legislación comunitaria. En esta situación, Génova piensa ya en las próximas elecciones municipales y autonómicas. Rajoy confía en esa cita electoral como una toma de oxígeno y una oportunidad para medirse con Ciudadanos, demostrando la falta de apoyos de los de Rivera en el territorio.
El relevo de Luis de Guindos al frente del ministerio de Economía se ha convertido en otro ejemplo de la situación que atraviesa el Gobierno. Frente a quienes le piden a Rajoy un cambio profundo en su equipo, las fuentes consultadas en Moncloa aseguran que no habrá más que un cambio de ficha; sale De Guindos y entra su relevo.
Génova ha realizado un llamamiento a sus barones para que preparen la próxima cita electoral y concurran a las elecciones “con los mejores”. Para ese movimiento se reserva un Rajoy que tendrá entonces que hacer cambios en el Gobierno si quiere llevar a las candidaturas a algunos de sus ministros con más opciones para recuperar posiciones en alcaldías y gobiernos de Comunidades Autónomas.
Mientras tanto, el Gobierno quiere evitar cualquier crítica que señale su inacción y aplaza el debate de presupuestos para aludir las críticas de quienes acusan a Rajoy de no poder hacer lo mínimo que se le exige a un gobernante.
La guerra con Ciudadanos ha llevado al PP a una situación de debilidad en la que hasta el pacto de investidura se considera en discusión. El impulso de los naranja en las encuestas, empuja a los de Rivera a la lógica distancia con un PP entre cuyos votantes encuentran ahora la posibilidad de un crecimiento que busca desbancar al competidor. Ambas formaciones parecen instaladas en una precampaña constante que hace imposible cualquier acuerdo y que mantiene al Congreso en el congelador.
La capacidad de Moncloa para prometer cosas que no puede cumplir ha llegado con Catalunya a su grado máximo. En medio del bloqueo para configurar un Govern, el ejecutivo amenazó con que harían lo posible para garantizar el derecho de algunos padres a convertir el castellano en lengua vehicular para la educación de sus hijos escolarizados en Catalunya. De nuevo, el anuncio se ha convertido en humo en solo unos días.
Días después de lanzar la propuesta, el Tribunal Constitucional anulaba la parte de la LOMCE en la que Moncloa se había apoyado para gestionar el traspaso de alumnos catalanes a escuelas privadas con educación en castellano. Con la sentencia sobre la mesa, el Consejo de Ministros reconocía la derrota y, en boca de Íñigo Méndez de Vigo, aseguraba que “no se pueden cambiar las leyes catalanas con el 155”.
Al Gobierno solo le queda la oferta de primavera, ganar tiempo y recomponer una situación en la que se han enfrentado con todos, carecen de fuerza suficiente para gobernar y quieren evitar a toda cosa el principal fantasma de Rajoy: la disolución de las Cortes ante la imposibilidad de ejercer el mando.