Mariano Rajoy tiene que decidir este viernes si pide al Tribunal Constitucional que haga lo que sus votos en el Congreso no han conseguido: frenar las aspiraciones de la oposición de tumbar sus leyes más polémicas. El Gobierno analiza el recurso que habrá de enviar al Constitucional contra la proposición de ley impulsada por el PSOE para tumbar la Lomce, aprobada en el Parlamento por 208 votos frente a 103.
El Ejecutivo tiene dos opciones: presentar un recurso simple ante el alto tribunal o un recurso enriquecido con la petición expresa de paralizar el acuerdo adoptado por todos los diputados, a excepción de los del PP y Foro Asturias.
El presidente tiene poder para paralizar cualquier ley en el Constitucional solo con ordenar que la Abogacía del Estado presente un recurso. Lo mismo sucede con las normas que aprueban los parlamentos autonómicos.
Sin embargo, las cosas no están claras cuando lo que se plantea es “un conflicto entre órganos constitucionales”. Este es el caso: una decisión parlamentaria que el Gobierno considera inconstitucional. Sobre este supuesto, la Constitución no hace ninguna mención expresa.
El PP controla con holgura al Tribunal Constitucional pero en Moncloa son conscientes de que forzarlo a paralizar un acuerdo parlamentario abriría un conflicto político y jurídico de consecuencias difíciles de calcular. Fuentes del Ejecutivo aseguran al eldiario.es que “las dos opciones están sobre la mesa”: un recurso simple o un recurso con paralización.
La decisión de recurrir al Constitucional llega en el momento en el que se debate la renovación del organismo y el cambio de presidente. Además, el PP tendrá que iniciar en breve las negociaciones con el PSOE y el PNV para intentar llevar los presupuestos al Parlamento con garantías de éxito.
Si Rajoy apuesta por el formato más duro pondrá el foco en la independencia judicial y se complicará el debate de presupuestos.