La aprobación del anteproyecto de ley integral contra la trata y la explotación de seres humanos es inminente. La norma, por la que pugnaron Justicia e Igualdad, iba a verse en primera vuelta en el Consejo de Ministros del martes pasado, pero el positivo en COVID-19 de la ministra Pilar Llop, que es quien finalmente la pilota, la ha retrasado. Fuentes gubernamentales aseguran que el Ejecutivo le dará el visto bueno lo antes posible –previsiblemente esta semana– y que han aprovechado la dilación para pulir los últimos flecos con aportaciones de otros departamentos, como Exteriores.
Uno de los últimos escollos que se ha encontrado el Gobierno ha sido el condicionamiento para la obtención de determinados derechos como la residencia o el trabajo por parte de las víctimas de trata. La intención inicial de Justicia e Igualdad, tal y como adelantó elDiario.es, era especificar en la norma que el reconocimiento de esos ‘beneficios’ a las personas reconocidas como víctimas de trata –bien sea de forma provisional o definitiva– no estaría en ningún caso sujeto a su colaboración en las investigaciones sobre las redes o mafias que trafican con seres humanos con fines de explotación.
Los especialistas en la materia sostienen que las víctimas de este tipo de delitos son poco proclives a colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o la Justicia por miedo. Por eso el enfoque inicial de la ley perseguía que la autoridad competente –un organismo en el que el borrador de la ley incluye la participación de ONG que sean “entidades acreditadas”– podría facilitar a las víctimas “el retorno asistido a su país de procedencia o la autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales o en atención a su situación personal, y posibilidades para su integración social, de acuerdo con lo establecido en la normativa en materia de extranjería”.
“El reconocimiento de estos derechos no podrá condicionarse a la capacidad o voluntad de la víctima de cooperar en la investigación o en el proceso penal”, recogían los primeros borradores de la norma de la que son proponentes Justicia, Igualdad, Interior y Seguridad Social. Sin embargo, esa redacción se rebajó en el texto que pasó por la Comisión de Secretarios y Subsecretarios (CGSEYS) el pasado jueves y que es la antesala de la aprobación en el Consejo de Ministros, según las mismas fuentes.
La fórmula escogida ahora para satisfacer a Interior es una modificación de la Ley de Extranjería en la que los derechos de retorno o residencia y trabajo quedan sujetos a “circunstancias excepcionales, cuando [la autoridad competente] lo considere necesario a causa de su cooperación para los fines de investigación o de las acciones penales, o en atención a su situación personal”.
Ese planteamiento intermedio permitió a la CGSEYS dar el visto bueno a la norma sin que hubiera vetos de ninguno de los ministerios proponentes, según fuentes gubernamentales. No obstante, la aspiración de Justicia es que la redacción final vaya un paso más allá de acuerdo con Interior en el proceso definitivo de aprobación de la norma en el seno del Gobierno. Sin embargo, el Ministerio de Igualdad quieren que el asunto quede clarificado en la primera vuelta del texto en el Consejo de Ministros, es decir, antes de enviarlo a los órganos preceptivos para la revisión previa a la aprobación definitiva.
De hecho, el departamento que dirige Irene Montero dejó claro tras el paso del anteproyecto por la CGSEYS que la norma estaba “prácticamente cerrada”, aunque faltaba por “establecer a partir de qué momento las mujeres en situación irregular pueden tener permiso de residencia y trabajo”. “Para el Ministerio de Igualdad, este punto es fundamental, ya que como siempre hemos defendido, para todas las víctimas en situación administrativa irregular, uno de los elementos fundamentales para poder dejar de serlo es que estén regularizadas y con la posibilidad de conseguir un trabajo”, apostillaban fuentes del departamento. Una semana después, aseguran que se encuentran en el mismo punto.
A pesar de esa dificultad, el Gobierno aspira a sacar la ley contra la trata lo antes posible. La intención es dar un enfoque integral a la lucha contra el tráfico de personas, que en un 60% de los casos tiene a las mujeres como víctimas con fines de explotación sexual. En un momento en el que el PSOE aboga por dar pasos hacia la abolición de la prostitución –con una proposición de ley específica que se está negociando en el Congreso–, Justicia ha propuesto que se castigue con hasta cuatro años de cárcel a quien pague por sexo con víctimas de trata.
También prevé penalizar el “el alquiler o puesta a disposición de locales de negocio, establecimientos comerciales o de lugares de alojamiento de las víctimas” obligadas a ejercer la prostitución o cualquier otra forma de explotación. Según el borrador, los dueños de esos locales o viviendas se enfrentarían a penas de prisión de uno a tres años e inhabilitación especial de hasta seis más, alberguen prostitución o cualquier otra forma de explotación.
Pero no solo la explotación sexual está en el objetivo de la norma. Esa es precisamente la razón que esgrimió Moncloa para dejar en manos del Ministerio de Justicia, en vez de en Igualdad como estaba inicialmente previsto, el impulso de la ley. El argumento fue que se abordan cuestiones laborales, vinculadas con la Seguridad Social o con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Así, el borrador de la norma introdujo el delito de esclavitud, con penas que superan a las ahora existentes relacionadas con la trata y que llegarían hasta los 12 años de cárcel.
Varias fuentes de la negociación consultadas reconocen que ha habido una diferencia de aproximación a la elaboración de la norma desde Justicia e Igualdad, que abogaban por un prisma de defensa de los derechos humanos, frente a Interior, que lo ha hecho desde una perspectiva más punitivista. En lo que también coinciden es en que la ley estará lista pronto y saldrá adelante.