La reunión celebrada en la noche del miércoles en la sede del Ministerio de Hacienda entre el Gobierno y representantes de Unidos Podemos-En Comú-En Marea se saldó con dos acuerdos que allanan el camino para que Pedro Sánchez logre aprobar la senda presupuestaria negociada con Bruselas. Ambas partes reconocen que la cita fue “bien” y que se dieron avances positivos. La prueba es que las negociaciones no se quedan ahí: Gobierno y Unidos Podemos acordaron establecer cuatro equipos sectoriales para avanzar en una amplia negociación económica que dote de cierta estabilidad a la legislatura.
La cita del miércoles sirvió para solventar uno de los grandes obstáculos en la relación entre el PSOE y los partidos que se integran en Unidos Podemos y en sus confluencias catalana y gallega, especialmente con el que lidera Pablo Iglesias: la desconfianza. La implicación personal de Sánchez y de Iglesias en una negociación que en principio estaban llevando el Ministerio de Hacienda y representantes del grupo parlamentario de Podemos permitió desbloquear el elemento nuclear que impedía la negociación: eliminar la capacidad de veto que la Ley de Estabilidad concede en la aprobación de la senda presupuestaria a un Senado dominado históricamente por el PP.
Superado ese escollo, cuya definición técnica todavía no se concretó el miércoles, la negociación entró en múltiples materias: dependencia, sanidad, educación, pensiones o financiación municipal, entre otras. En materia de pensiones, el Gobierno y Unidos Podemos concretaron sobre la marcha un segundo acuerdo: actualizarlas conforme al IPC real y no al previsto, para evitar una pérdida de poder adquisitivo de quienes las perciben y dar respuesta a las demandas de un colectivo que ha tomado las calles durante los últimos meses.
El resto de asuntos tratados en la cita del miércoles requieren una negociación más técnica y compleja que se desarrollará en las próximas semanas. Para ello, según han confirmado a eldiario.es fuentes conocedoras de las conversaciones, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el equipo de Unidos Podemos, encabezado por Pablo Echenique, acordaron establecer cuatro equipos de trabajo sectoriales.
Uno abordará las cuestiones relacionadas con la Seguridad Social, las pensiones y el empleo. Otro versará sobre la recuperación de servicios públicos cercenados por los primeros reales decretos aprobados por Mariano Rajoy en 2012: Sanidad, Educación y Dependencia. El miércoles las negociaciones avanzaron mucho para tratar de revertir los copagos farmacéuticos introducidos en las últimas legislaturas por el PP.
Otro de los grupos de trabajo se centrará en las finanzas municipales, uno de los asuntos en los que más ha incidido Unidos Podemos, que tiene en las llamadas Ciudades del Cambio una de sus principales palancas. Eliminar la regla de gasto, que impide a los ayuntamientos con superávit gastar su excedente presupuestario, es una prioridad para ciudades como Madrid o Barcelona.
Los ingresos del Estado ocuparán al último de los equipos. Un grupo que, sí o sí, deberá abordar el sistema de impuestos español, muy delicado para unos y otros. Quizá por eso la reunión en Hacienda los tocó solo de forma liviana, según han asegurado a este medio dirigentes conocedores de las conversaciones.
Apoyo de ERC y PDeCAT a reformar la Ley de Estabilidad
Los equipos del Gobierno y del grupo confederal se constituirán en los próximos días. Ambos actores tiene sobre la mesa algo más urgente: establecer la fórmula para modificar el artículo 15 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. En concreto su apartado 6, que dice: “Si el Congreso de los Diputados o el Senado rechazan los objetivos, el Gobierno, en el plazo máximo de un mes, remitirá un nuevo acuerdo que se someterá al mismo procedimiento”.
Esa “o” que separa al Congreso y al Senado es la que impide que, aunque el Gobierno logre los apoyos para sacar adelante los objetivos de deuda y déficit para el trienio 2019-2012, el PP pueda vetarlo en la Cámara Alta. El Gobierno ha evaluado en las últimas horas el procedimiento que ofrece más seguridad jurídica: si hacerlo a través de un real decreto o de una proposición de ley en el Congreso. El Partido Popular se apresuró a amenazar con recurrir al Constitucional si el Ejecutivo de Sánchez elegía de nuevo la vía del decreto ley, que exige razones de urgencia según la jurisprudencia de ese tribunal. A última hora de anoche fuentes del PSOE han confirmado a eldiario.es que optarán por la proposición de ley, que previsiblemente será registrada en las próximas horas en el Congreso. Ese mecanismo consumiría unos tres meses en trámites y acabaría con la capacidad de veto que el Partido Popular dio a la Cámara Alta a través de otro cambio legal.
La modificación es imprescindible, ya que Unidos Podemos amenaza con no votar a favor del objetivo de déficit mientras no se acometa. De momento, el Gobierno ha decidido aplazar la aprobación de la senda de déficit, prevista para este viernes, mientras sigue negociando con el partido de Pablo Iglesias y sus confluencias. Unidos Podemos es consciente de que no se va a mover un ápice de los números que negoció con la Comisión Europea y no quiere defender en el Congreso unos números que no comparte para luego ver cómo lo tumba en el Senado el PP.
La vía más rápida para modificar una ley es el real decreto, que necesita ser convalidado en el Congreso. El PSOE cuenta con 84 diputados, el grupo confederal con otros 67. El PNV, con cinco. En total, 155. Un número insuficiente frente a los 167 de PP y Ciudadanos.
El acuerdo entre ambos ha allanado el camino para que otros grupos se ofrezcan a colaborar. Tanto ERC como PDeCAT han señalado este jueves que están a favor de la reforma planteada y han conminado al Gobierno a que comience ya las negociaciones formales con el Govern de la Generalitat.