El Gobierno utiliza la agenda ultra de Vox para retratar al PP

Pasó en Murcia con el pin parental, ha pasado en Castilla y León con el aborto y puede volver a ocurrir en cualquier momento. El Gobierno extrema la vigilancia sobre la implantación de la agenda política de la ultraderecha allí donde sus pactos con el Partido Popular le permiten tener poder para desplegar su hoja de ruta de retrocesos.

Tras dar por buena este viernes la respuesta a su requerimiento por parte del gobierno de Alfonso Fernández Mañueco, el Ejecutivo central promete ahora seguir vigilante no solo para dar la batalla política sino, como ha ocurrido con Castilla y León esta semana, para llegar incluso al choque jurídico entre administraciones. El mensaje que lanza Moncloa es que no parará de “proteger los derechos de todos, vivan donde vivan”. De fondo, la estrategia política pasa por retratar las contradicciones del PP de Alberto Núñez Feijóo.

“Feijóo no es un líder, Feijóo es un rehén de Vox”, clamó el lunes la portavoz del PSOE, Pilar Alegría, ante el silencio del líder de la oposición respecto a las medidas antiabortistas anunciadas por su socio en Castilla y León. El presidente del PP dejó pasar seis días antes de pronunciarse en contra de un protocolo que planteaba que a las mujeres decididas a ejercer su derecho de interrumpir el embarazo se les ofreciera obligatoriamente por parte del personal sanitario escuchar antes el latido del feto o tener acceso a una ecografía 4D. El Gobierno central no dejó pasar tanto tiempo: a las 72 horas del anuncio por parte del vicepresidente de la Junta, Moncloa se apresuró a mover ficha. 

“El Gobierno de España utilizará todos los mecanismos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición para defender la libertad de las mujeres y su derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo en los términos establecidos en la normativa vigente”, señaló el Gobierno en un comunicado. El Ejecutivo prometió “velar para que no se lleven a cabo acciones que supongan mermas a sus derechos fundamentales en ninguna circunstancia, ni en ningún territorio del Estado, ni por parte de Administración Pública alguna”. Y añadió: “Los ministerios de Sanidad, Política Territorial, Hacienda y Función Pública y Presidencia están en permanente coordinación para estudiar, establecer y coordinar las medidas pertinentes”.

Mientras PP y Vox se enfrascaban en una ceremonia de la confusión con versiones contradictorias sobre el nivel de concreción de ese protocolo antiabortista y con amenazas veladas de ruptura del gobierno autonómico, el ala socialista del Ejecutivo central salía en tromba a alertar del riesgo para los derechos de las mujeres que suponía la denominada “coalición del miedo” por el propio Pedro Sánchez.

“Son retrocesos ideológicos de los que no se apartan ni el PP ni el señor Feijoó”, señaló la ministra Isabel Rodríguez. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, llegó a calificar el protocolo anunciado como un conjunto de medidas “claramente atentatorias contra la mujer” y pidió en una entrevista en Telecinco “que se pongan de acuerdo la derechita y la ultraderechita a ver qué van a hacer exactamente, porque si lo van a poner en marcha y lo van a implementar vamos a ir a los tribunales y vamos a ir al Constitucional porque afecta a competencias”. 

Desde Ferraz, la portavoz y ministra de Educación Pilar Alegría señalaba, además, la amenaza que supone para el futuro de los derechos de las mujeres que Feijóo no sea capaz de imponerse ante los de Santiago Abascal. “Estamos hablando de recortar derechos de las mujeres, generar un clima en el que se señale a las mujeres, generar un ambiente de culpabilidad a las mujeres que libremente pueden decidir sobre su vida. Y ha llegado un momento en que hay que decir que basta ya, porque este puede ser el prólogo” de lo que podría ocurrir en España si mañana gobiernan PP y Vox“, aseguró Alegría antes de insistir en un aviso ya transitado en otros momentos de la legislatura por el PSOE: ”El PP tiene en Vox su socio natural y lo necesita para gobernar“. 

Retratar a Feijóo

Esa estrategia del miedo a Vox fue desterrada definitivamente en la calle Ferraz tras el estrepitoso fracaso de las elecciones andaluzas. La conclusión es que esa amenaza de la ultraderecha había dejado de operar como movilizador del electorado progresista. Incluso se llegó a razonar que, lejos de sumar votos, podría contribuir a que el votante conservador volviera a aglutinarse masivamente en torno a las siglas del PP, como ocurrió en el caso de Juanma Moreno en Andalucía. 

Sin embargo, tanto en la Moncloa como en el PSOE entienden que hay líneas rojas que tienen que ver con la implantación de la hoja de ruta ideológica de la extrema derecha en asuntos como la educación o la igualdad que no pueden ignorar. Sobre todo, si llegan para tapar otros problemas políticos de primera magnitud para el Gobierno como el caso de la aplicación de la ley del solo sí es sí. Justo lo que ocurrió esta semana. 

El ala socialista del Ejecutivo lleva semanas preocupado por el desgaste electoral que ya tienen constatado que genera entre sus propios votantes el incesante goteo de casos de delincuentes sexuales que se están beneficiando de rebajas de penas gracias a la aplicación de la ley. Un asunto que preocupa más de cara al año electoral incluso que el posible desgaste que pueda tener la aplicación de otras medidas relacionadas con Catalunya como el caso de la malversación. 

En adelante, la idea del PSOE no es tanto incidir en esa estrategia fallida del miedo a Vox sino retratar a Feijóo por sus pactos con la extrema derecha. “Ni líder, ni moderado, ni buen gestor”, sostienen en la Moncloa, adelantando el guion de la puesta en escena socialista que está por venir durante los meses de precampaña y que volverá a desplegar personalmente dentro de una semana Pedro Sánchez en un nuevo cara a cara con el líder del PP que los socialistas han forzado en el Senado. 

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