El cambio en la relación de fuerzas en el Ayuntamiento de Burgos tras las elecciones del 24M está teniendo sus primeras consecuencias en la política municipal. Por primera vez en doce años el PP no puede llevar el rumbo al 100% a pesar de que gobierna en la ciudad. La oposición está llegando a acuerdos que fuerzan posturas impensables hace tan solo seis meses. Los votos de PSOE e Imagina (Podemos-IU) han sacado adelante una resolución que obliga al Gobierno de Castilla y León a retratarse sobre la posibilidad de desprivatizar el Hospital Universitario de Burgos (HUBU), cuyo presupuesto se ha disparado.
El Ejecutivo de Juan Vicente Herrera recibirá una petición del Ayuntamiento de Burgos para que ponga a trabajar la maquinaria de la Junta para estudiar cómo puede revocarse la gestión privada del hospital de titularidad pública. Con ese modelo, que el PP implantó y ha defendido durante el debate en el consistorio, un consorcio privado -participado por la constructora OHL y un fondo de capital riesgo del Banco Santander, entre otros- gestiona el centro, que tiene la mayor lista de espera de toda la comunidad. Además, el presupuesto se ha multiplicado: costará a los ciudadanos más de 2.000 millones frente a los 242 de los que se habló inicialmente. Y la adjudicataria nunca pierde porque la Administración le garantizó casi un 7% de rentabilidad pese a los sobrecostes.
La propuesta que los socialistas han llevado al pleno celebrado este viernes tiene “un gran valor simbólico”, según explica la secretaria general del PSOE en Burgos, Esther Peña, que reconoce que la medida puede no tener efectos prácticos. El acuerdo al que han llegado los concejales de la oposición se limita a instar a la Junta a estudiar la fórmula que podría llevar a cabo para recuperar la gestión pública del centro hospitalario. El Gobierno de Juan Vicente Herrera no tiene obligación de cumplir la exigencia que llega desde el consistorio de la capital burgalesa, pero quedará retratado si lo ignora.
Durante la campaña electoral la asociación 'Sanidad Pública Sí' planteó al Gobierno regional que considerara la posibilidad de copiar la decisión que tomó el Gobierno francés de anular el contrato con la adjudicataria de un hospital con características y problemas similares a las del burgalés.
Las alarmantes cifras del Hospital de Burgos han provocado una ofensiva de los partidos de la oposición en Castilla y León con resultados radicalmente distintos a los de la legislatura pasada. Podemos y el Grupo Mixto registraron en las Cortes una solicitud para crear una comisión de investigación sobre el HUBU. Previsiblemente saldrá adelante. El PSOE, que apoyará la propuesta, vio cómo el rodillo de la mayoría absoluta del PP impedía ese mismo objetivo en el pasado.
Solución a la 'trampa'
Otra de las decisiones inéditas tomadas por la oposición y que el Gobierno en minoría de Javier Lacalle se verá obligado a acatar es la relativa al proceso judicial que se inició contra los miembros de una asociación que fueron identificados por la Policía municipal tras acudir a una reunión con el alcalde. Tal y como relataron los afectados a eldiario.es, la Policía aprovechó su presencia en el Ayuntamiento -donde habían sido citados por el regidor en su calidad de miembros de la Asociación contra la Especulación- para identificarles y se inició un expediente sancionador contra ellos como “promotores” de unos disturbios que se produjeron con posterioridad.
La iniciativa, impulsada por Imagina, supone que el consistorio tenga que retirarse como acusación en dicho proceso que se inició cuando Lacalle tenía una mayoría absoluta que ahora ha perdido, aunque gobierna gracias al apoyo en la investidura de Ciudadanos. No obstante, la propuesta de Imagina no salió adelante completa ya que incluía un punto para que el consistorio no reclamara los daños patrimoniales que se produjeron durante los disturbios de Gamonal.
Aunque en julio el PSOE votó a favor, el PP ha vuelto a llevar el asunto al pleno para pedir la revocación del acuerdo. Los socialistas han mantenido su apoyo a los “identificados injustamente” pero lo han retirado respecto a la capacidad del ente público de reclamar las indemnizaciones los daños y perjuicios sobre los bienes patrimoniales en disturbios provocados por ciudadanos que fueron identificados durante los altercados, según ha explicado a eldiario.es el portavoz, Daniel de la Rosa.