Dos versiones: el escrache junto al domicilio en Valencia del vicesecretario general de Programas, Esteban González Pons, fue ¿una demostración ciudadana pacífica, informativa y reivindicativa o el acto de un grupo de exaltados que llamaron asesino al diputado del PP y luego aporrearon la puerta de su domicilio mientras sus hijos estaban dentro?
Esa dos descripciones de un mismo hecho –el escrache, el pasado 13 de marzo, frente a la vivienda de uno de los portavoces del PP- se contrastarán el próximo 12 de junio en el Juzgado de Primera Instancia número 12 de Valencia, que ha admitido a trámite el escrito de demanda presentado por la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) contra el político popular, exconsejero en la Generalitat Valenciana presidida por Francisco Camps.
Concretamente, el juez convoca a González Pons a un acto de conciliación. La PAH exige que rectifique sus acusaciones. Tras el escrache en su casa, el político valenciano desfiló por varios medios de comunicación para criticar la acción del movimiento social. “La protesta forma parte del diálogo que los políticos mantenemos con los ciudadanos, pero yo creo que hay límites”, dijo, por ejemplo, a La Sexta. “Es inadmisible que se ataque a mi familia por culpa de mi profesión. Los menores no tienen la culpa de nada”.
“Han rodeado mi domicilio en Valencia y han colgado carteles. Han llegado a hablar con mis vecinos para advertirles de que vivir a mi lado es un peligro. El límite se ha rebasado cuando un grupo de personas han entrado en el portal y han subido hasta la puerta de mi vivienda para aporrear la puerta durante 30 minutos”, denunció González Pons, que ha equiparado los escraches con la coacción que sufrían determinadas representantes políticos o sociales en el País Vasco hasta hace unos años. Varios miembros de su partido se expresaron en parecidos términos.
“Mintió, exageró, tergiversó”
La denuncia de la PAH, por el contrario, intenta demostrar que González Pons “mintió, exageró y tergiversó” el escrache frente a su vivienda, asegura Ricardo Cano, abogado de la plataforma en Valencia. “Desbarró para desacreditarnos y de paso desviar la atención de su posible implicación en el caso Nóos”, añade Cano.
Por ello, en la demanda de conciliación se solicita “una rectificación pública en la totalidad de los medios de comunicación, de idéntico tiempo y extensión al que le dedicaron por la supuesta noticia”, en la que reconozca que “mintió” y “faltó absolutamente a la verdad”. En caso contrario, la PAH presentará una demanda por injurias y calumnias contra González Pons directamente en Madrid, ya que al ser diputado nacional sólo podría ser investigado y eventualmente procesado por el Tribunal Supremo.
Según la PAH, ni se aporreó la puerta de su vivienda ni se le insultó. Tampoco se cortó el tráfico –fue la policía al desplegar a decenas de efectivos durante la demostración - ni se molestó a los vecinos. Mucho menos a los hijos del político popular.
De acuerdo con el relato del abogado de la asociación, dos miembros de la plataforma accedieron al rellano de la casa de González Pons, donde estuvieron pocos minutos, llamaron tres veces al timbre, y dejaron varias cartas de afectados por los desahucios en la reja de la puerta. Dos televisiones –Antena 3 y Levante Televisión- acompañaban a los representantes del colectivo y podrían corroborar su versión de los hechos, asegura Cano.
Otro juzgado de Valencia, el de Instrucción número 21 de Valencia, investiga si hubo delito en el escrache frente al domicilio de González Pons tras aceptar a trámite la denuncia presentada por éste.