El Gobierno catalán ha pedido este viernes a la Sindicatura Electoral de Cataluña --creada por el Parlament para ejercer de junta electoral para el referéndum-- que se disuelva y ceda sus funciones a entes públicos, académicos y observadores internacionales del 1-O, han informado a Europa Press fuentes conocedoras de la decisión.
El Tribunal Constitucional (TC) fijó el jueves multas diarias de 12.000 euros para cada uno de los cinco miembros de la Sindicatura y de 6.000 para cada síndico territorial --también nombrados al crearse el ente-- si no desisten de organizar el 1-O.
La finalidad de estas multas no es sancionar, sino obligar a que se cumpla la resolución del TC, por lo que sólo se empiezan a imponer si se persiste en el incumplimiento a partir del día siguiente de que el BOE publique la resolución --se ha publicado este mismo viernes--.
La resolución les exige revocar todas las resoluciones y acuerdos que hayan adoptado, comunicar esa revocación a sus destinatarios y que los síndicos renuncien a sus cargos.
La Sindicatura Electoral está compuesta por los juristas Marc Marsal, Marta Alsina y Josep Pagès, y los politólogos Jordi Matas y Tània Verge; y además hay síndicos territoriales.