Varios agentes de la Guardia Civil acudieron en la noche del miércoles a una casa rural de Madrid para informar al eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez de una requisitoria vigente contra él en un juzgado de León. Fuentes del caso explican a elDiario.es que un juzgado de instrucción de la ciudad mantiene diligencias abiertas contra el líder de 'Se Acabó La Fiesta' por una denuncia del diputado socialista Javier Alfonso Cendón por varias afirmaciones del agitador ultra que le relacionaban con la trama del 'caso Mediador'.
Es uno de los múltiples casos penales abiertos contra el eurodiputado que, por su aforamiento, tendrán que ser enviados al Tribunal Supremo para ser investigados por la Sala de lo Penal. Alvise ha afirmado en su canal de Telegram que denunciará al juzgado por una detención ilegal.
Fuentes de la Guardia Civil explican a este periódico que el aviso saltó cuando el eurodiputado se registró en el alojamiento rural situado en un camping de la localidad de Bustarviejo (Madrid). Como es habitual cuando alguien tiene una requisitoria de un juzgado , el registro en la residencia turística saltó en la central de la Guardia Civil, que envió una patrulla desde la cercana localidad de Soto del Real, a la que luego se sumaron otros agentes.
Los agentes se personaron en el lugar y solicitaron la documentación a Alvise. Al comprobar que se trataba del eurodiputado, y que goza de inmunidad, evitaron su detención. Los agentes también identificaron a sus dos acompañantres: un abogado que ejerce como asesor de Alvise en Bruselas y Francisco Javier Gómez Iglesias, más conocido como el Pequeño Nicolás, según informan a elDiario.es fuentes conocedoras de los hechos. Los agentes comunicaron la existencia de las diligencias y la requisitoria y se marcharon del lugar.
El Pequeño Nicolás ya se ha dejado ver en compañía de Alvise. El joven asistió a la fiesta de celebración de los resultados de 'Se acabó la fiesta' en las últimas elecciones europeas, que se celebró en una conocida discoteca madrileña. Gómez Iglesias acaba de anunciar una 'newsletter' en la que promete que comunicará a sus suscriptores “los mayores secretos del Estado”.
El origen de la requisitoria contar Alvise está en un juzgado de León que instruye las acciones penales que Cendón, político leonés que ejerce de secretario general del PSOE en la provincia además de como diputado en el Congreso, presentó contra Alvise y dos personas más por diversas afirmaciones sobre el caso Mediador, también conocido como el caso Tito Berni, en el que se investiga si el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo formó parte de un entramado corrupto. El hoy eurodiputado afirmó en su canal de Telegram en febrero de 2023 que Cendón era uno de los políticos que acudían a fiestas organizadas por el entramado corrupto.
El aforamiento de Alvise como eurodiputado desde el pasado verano implica que cualquier causa legal abierta contra él por la vía penal debe ser enviada al Tribunal Supremo. Como ha sucedido con las pesquisas sobre los 100.000 euros que cobró en efectivo, su imputación por difundir una falsa prueba PCR de Salvador Illa o la denuncia de una jueza de Sevilla por amenazas. Las causas civiles por pleitos de honor no tienen que ser tramitadas por el Supremo sino por los juzgados ordinarios. Otro diputado socialista, Luis Carlos Sahuquillo, también denunció al hoy eurodiputado.
En su canal de Telegram, el líder de SALF ha anunciado la interposición de una querella contra el titular del juzgado de León por el “intento de detención ilegal”, además de una denuncia en asuntos internos de la Guardia Civil “para que se investiguen las razones y circunstancias por las que se ha cursado una orden de detención contra un eurodiputado”.