En su delirio, Diego pensaba que la policía le iba a matar. La madrugada del 27 de septiembre de 2020, esos confusos temores se hicieron realidad. Diagnosticado con un trastorno psiquiátrico, el joven de 26 años falleció en Manzanares el Real, en la sierra de Madrid, por los dos disparos que recibió de uno de los 12 guardias civiles que acudieron a sofocar de madrugada el estado de alteración en el que se encontraba. Diego blandía una navaja multiusos y otra de extensión similar en plena calle. El agente que alcanzó al chico se sentará en el banquillo acusado de un delito de homicidio imprudente.
La familia de Diego cree que un número tan elevado de agentes podían haberle reducido sin necesidad de disparar contra él. Sus padres ejercen la acusación particular y piden cuatro años de cárcel para el guardia que disparó. El acusado alega que Diego se abalanzó contra él sosteniendo los cuchillos en ambas manos, pero los análisis de Criminalística ofrecen conclusiones provisionales que ponen en cuestión la versión de los agentes. La “navaja multifunción” tenía una hoja de seis centímetros; el segundo cuchillo medía seis centímetros y medio.
El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Colmenar Viejo, Gonzalo Martín Vázquez, archivó la causa en dos ocasiones por considerar que estaba acreditado que los agentes hicieron un uso proporcional de la fuerza. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Madrid le ha obligado a reabrir el caso en dos ocasiones. En la última, la Sección 30ª ha ordenado al instructor que envíe a juicio al guardia civil, tal y como le pedían la acusación particular y la Fiscalía.
En un auto del pasado siete de noviembre, los integrantes de la esta Sección de la Audiencia de Madrid atienden a la existencia de “versiones contradictorias” que impiden eximir plenamente de responsabilidad al guardia y que éstas deben resolverse “en el marco del juicio oral”.
Diego comenzó a sentirse mal en la adolescencia a raíz de una enfermedad que superó, pero que le marcó psicológicamente. Los ingresos hospitalarios se sucedían y a los 19 años fue detenido por malos tratos. Seis años después, un juzgado de Madrid dictó una orden de alejamiento respecto de una chica con la que había mantenido una relación. Su enfermedad hacía imposible que encontrara trabajo pese al talento que demostraba en el diseño gráfico.
La noche de los hechos estaba en la localidad madrileña de Manzanares el Real. Como hacía a menudo, Diego deambulaba de un sitio para otro y dormía en pensiones, pese a no proceder de un ambiente desfavorecido. Su familia se volcaba en que tomase la medicación pero, por temporadas, el control de Diego, mayor de edad, se tornaba imposible.
Alrededor de las tres de la mañana, una patrulla de la Policía Municipal encontró a Diego en la plaza del Ayuntamiento de Manzanares. Acudían a dejar el vehículo en las dependencias que tienen para ello y conminaron al joven para que se pusiera la mascarilla. Diego comenzó a gritar, afirmando que le querían matar. Decía que no llevaba documentación. Los policías locales pensaron que su presencia le estaba alterando y se marcharon sin más, lo que pareció calmar al chico.
Para entonces un vecino ya había llamado al 112 asegurando que el joven portaba dos cuchillos, según recoge el atestado de la Guardia Civil incorporado a la causa. Los primeros en llegar fueron una pareja de guardias civiles de Cereceda, quienes, ante el estado de alteración de Diego, optaron por refugiarse en su vehículo y pedir refuerzos especializados en seguridad ciudadana.
La central comunicó a los agentes que los especialistas estaban interviniendo lejos de allí, en Rivas, pero que llegarían otras patrullas de refuerzo. Los efectivos policiales terminaron siendo una docena, seis parejas, con un sargento al mando. Diego gritaba que le querían matar mientras efectuaba llamadas y videollamadas, si bien no ha sido posible recuperar con quién contactó porque el teléfono, a falta de la clave de acceso del fallecido, no ha podido ser analizado.
El mando ordenó que los vehículos de los guardias rodearan a Diego en semicírculo. El testigo que alertó al 112 asegura que el joven llamó a alguien y le dijo que “iba a morir matando policías”. Diego logró escapar al cerco por un lateral. El siguiente escenario es otra plaza próxima del pueblo. En ese segundo y definitivo escenario aparece el joven y seis de los guardias. Los agentes aseguran que Diego les atacó y que el suboficial tuvo que realizar tres disparos al aire. Siempre según su versión, hubo una segunda embestida del joven, que provocó un cuarto disparo al aire de otro agente.
El atestado de la Policía Judicial de la Guardia Civil relata el desenlace de la siguiente forma: “En un momento dado, Diego, con las dos navajas, se acercó a una distancia mínima de uno de los guardias civiles de Miraflores, el cual, para evitar ser alcanzado, efectuó dos disparos con el arma hacia abajo y apuntando a los miembros inferiores (lo que se conoce en general como zonas no vitales del cuerpo), alcanzado, parece ser uno de ellos a Diego”.
La distancia de los disparos, clave en las versiones
En julio de 2021, la representación legal de la familia recurrió el primer archivo de la causa y el fiscal se adhirió a la petición de la acusación particular. En su escrito, el Ministerio Público plantea interrogantes sobre la versión de los guardias subrayando la necesidad de establecer correctamente la distancia a la que se realizaron los dos disparos mortales.
La sección de Química del Laboratorio de Criminalística analizó los residuos en los orificios en los pantalones de Diego concluyendo que al menos uno de los disparos pudo hacerse a 150 centímetros “como máximo”. Un segundo informe, de balística, dice que a Diego pudieron dispararle a 2,6 metros de distancia, lo que difícilmente concuerda con la versión del agente.
El guardia civil imputado, de 25 años en el momento de los hechos, realizó una declaración ante sus compañeros de la Policía Judicial que estos recogen en su informe: “En un preciso momento, estando el declarante junto al sargento, el individuo se abalanzó sobre el declarante con la intención inequívoca de lesionar con los cuchillos, estando a una distancia inferior a metro y medio, momento en el cual el declarante efectuó dos disparos a una zona no vital. Afirma el declarante que temió por su propia vida y esa distancia tan corta fue lo que provocó el disparo”.
Aquella madrugada del 27 de septiembre de 2020 sonó el teléfono del padre de Diego. El sargento al mando del dispositivo dijo al progenitor que su hijo había recibido un disparo pero que las heridas “no eran de importancia”. La muerte de Diego fue certificada dos días después en el hospital La Paz de Madrid después de que los médicos comprobaran que el coma era irreversible.
El relato que hace la acusación particular, en representación de los padres de Diego, difiere sustancialmente de la versión de los agentes. La familia toma como referente las afirmaciones de dos testigos que fueron descartados desde el principio por el juez por considerarlos beligerantes contra la Policía. Los testigos niegan que Diego atacara a los agentes y le describen huyendo hasta el primer disparo disuasorio.
La acusación cree que Diego se quedó paralizado al oír el tiro al aire y que a continuación fue abatido. “Un coche se colocó sobre el cuerpo de Diego mientras éste gritaba que no le hicieran daño, hasta que un guardia civil le quitó de un pisotón una de las navajas que tenía agarrada y la lanzó con el pie de una patada a varios metros de distancia del cuerpo de la víctima. El vehículo se retiró unos metros con las luces encendidas y comenzaron las maniobras de torniquete sobre el muslo que sangraba con gran profusión”, describe la abogada.
A continuación, de acuerdo a los dos testigos, el escrito de la acusación recoge: “Dos guardias civiles se quedaron discutiendo por qué uno de ellos había disparado y otros cinco se quedaron en otra zona de la explanada. Los demás estaban atendiendo a Diego o en los vehículos patrulla. A Diego le hicieron un torniquete con la propia chaqueta de la víctima”.
“Nadie llamó a un dispositivo de salud mental”
La acusación insiste en una actuación policial que denota “falta de congruencia” al utilizar las armas de fuego cuando había doce agentes con defensas extensibles que podrían haber utilizado para desarmar a Diego. “Nadie llamó a un dispositivo de salud mental pese a la evidencia de encontrarse ante un enfermo con un brote psicótico”, recoge el escrito.
Según la familia, la actuación de los guardias solo empeoró el estado de agitación de Diego, en contraposición a lo que habían hecho antes los policías municipales, quienes ponderaron la situación de forma distinta, pese a recibir las mismas amenazas de Diego. “No se produjo por parte de la víctima un solo rasguño o contacto a los doce guardias civiles que le cercaron y le persiguieron, siendo navajas pequeñas, que portaba la víctima, mostrada como armas de defensa”, añade.
Los agentes llegan a describir hábiles y amenazantes movimientos de Diego, que identifican como propios de alguien que conoce las artes marciales. La familia asegura que el joven jamás practicó ese tipo de deportes. “Hay un absoluto desprecio a la víctima cuya enfermedad mental era patente y notoria y al que se trató como si fuera el más peligroso delincuente”, dice el escrito de acusación.
Y añade: “El despliegue, inadecuado y absurdo para contener a un enfermo mental, fue una auténtica provocación dado el brote psicótico en el que se encontraba la víctima, enfermedad que fue absolutamente despreciada por los agentes”. La acusación particular, que ejercen los padres de Diego, pide cuatro años de prisión para el agente por homicidio imprudente e inhabilitación de seis años.
Por su parte, la defensa del guardia civil, que ejerce la Abogacía del Estado, recuerda que en el sumario aparecen las llamadas al servicio de emergencias que realizaron los guardias y que los facultativos no llegaron antes de los disparos. La abogada del Estado defiende que debía haber sido un médico quien evaluara si Diego era un enfermo mental y si necesitaba asistencia psiquiátrica, y nunca los agentes.
“Por el contrario, lo que sí ha quedado acreditado es que la víctima portaba dos armas blancas en las manos que permanecieron en todo momento en alto y que se encontraba en una actitud agresiva que, en lugar de cesar, fue in crescendo al llegar a materializar las amenazas que profería”, añade la abogada del Estado.
En el juicio declararán los doce guardias civiles que participaron en el operativo. El juez que cerró el caso dos veces solo tomó declaración al imputado y al jefe del dispositivo.
59 fallecidos durante “reducciones” en siete años
Las intervenciones de Policía Nacional y Guardia Civil para “reducir” a personas que suponían una amenaza ha conllevado la muerte de 59 de ellas en los últimos siete años y medio. El pasado 2022, quince ciudadanos murieron en España a manos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El año en que falleció Diego, 2020, se produjeron 9 muertes; 7 en 2019, 5 en 2017; otros tantos en 2016; y cinco también pero en los ocho meses que incluye un informe que adjunta el Ministerio del Interior a una respuesta parlamentaria del diputado de EH Bildu Jon Iñarritu, y que adelantó la agencia Colpisa.
Cuando los fallecimientos se producen por arma de fuego los agentes suelen resultar imputados al tener que abrirse una causa judicial. Sin embargo, la mayor parte de los casos se archivan sin consecuencias para los autores de los disparos. No ha sido así, al menos hasta ahora, en el caso de Kebyn Brayan Peralta Asencio, que murió el 26 de noviembre de 2021 en el rellano de su casa de Vallecas víctima de los disparos de tres policías nacionales, según desveló elDiario.es. Los agentes serán juzgados por un tribunal acusados de homicidio.
Uno de los casos que más repercusión ha tenido en los últimos tiempos es el de Carlos, un vecino de Mairena de Aljarafe (Sevilla), de 37 años. Su padre grabó la detención y difundió el vídeo en Twitter con el objetivo de denunciar la “brutalidad” de los agentes. Carlos murió dos semanas después en un hospital. Interior calificó el suceso de “muerte natural” y remarcó que el fallecido recibió a los agentes a martillazos. Un juzgado de Sevilla mantiene abierta una causa.