Al ya enrevesado escenario de gobernar con minoría parlamentaria, el Ejecutivo de coalición afronta una complejidad añadida que no es nueva, pero que se intensifica con el discurrir de la legislatura: las guerras cruzadas entre sus propios socios. La lectura que hace el Gobierno de algunas de las últimas negociaciones llevadas a cabo antes de las vacaciones y de la perspectiva con la que afrontarán este año retos como el de sacar adelante unos Presupuestos está impregnada de una sensación muy extendida, la de que cada vez resulta más difícil poner de acuerdo a los aliados necesarios. Y ya no tanto por las políticas a pactar, sino por la guerra de guerrillas en que se ha convertido la mayoría que sustenta a Pedro Sánchez.
Bajo ese prisma se explican en el Ejecutivo algunos de los desmarques políticos de los últimos meses. Hay en el Gobierno quien sostiene que gran parte de la “sobreactuación” de Carles Puigdemont con sus desplantes a Moncloa tienen solo y exclusivamente que ver con su batalla personal con Oriol Junqueras y con la competición política de su partido con ERC.
Una de las personas con más peso en el Consejo de Ministros tiene claro el diagnóstico. “Desde que ellos han aterrizado en esta política real de negociar acuerdos y aprobar medidas se han visto con un poder que no tenían. Y eso es bueno y sano para la democracia y es un mérito de Pedro Sánchez que hayan orillado su agenda más independentista para centrarse en otras cosas. Pero a veces tenemos la sensación de que cuando nos sentamos tanto con Junts como con ERC ellos están pensando más en su batalla propia que en lo que tenemos que sacar adelante. Ya lo vimos en su día con la investidura y ahora con otros temas. Y eso es una dificultad, claro”, sostiene.
En el PSOE hay quien está convencido de que detrás de ese contexto se explica también el último desmán de Puigdemont en diciembre. “Todo iba bien, ellos estaban satisfechos con la reforma fiscal que habíamos pactado y habían reconocido que las conversaciones con ellos iban bien en otros asuntos como las competencias migratorias. En absoluto esperábamos ese mensaje de Puigdemont, pero no hay que perder de vista que lo hizo justo en la semana del congreso de Esquerra”, explica un dirigente socialista.
La batalla en el seno del independentismo catalán viene de largo y en los últimos meses se ha escenificado en el Congreso sin tapujos por parte de los portavoces parlamentarios de Junts y ERC. Es ya recurrente que Gabriel Rufián, el portavoz republicano, alinee a los que fueron sus socios del procés con la derecha y la extrema derecha de PP y Vox. Y la pasada semana lo hizo con la xenófoba formación de Alliança Catalana.
“Escucho a los representantes de Junts en el Congreso justificando la decisión de asumir las competencias en materia migratoria y escucho a Orriols”, dijo Rufián en una entrevista en la Cadena Ser, en referencia a la líder de la formación xenófoba. “¿Por qué cree que Junts de repente se acuerda de esto? Porque Alliança Catalana le come mucho terreno electoral”, apuntó. Cuestionado por la hipótesis de que el partido de Puigdemont acabe por hacer presidente a Alberto Núñez Feijóo el portavoz de ERC insistió en su tesis. “Hace meses que vota con PP y Vox en el Congreso, van preparando el terreno”.
Enfrente, desde Junts acusan permanentemente a Esquerra de ser un socio dócil de Pedro Sánchez incapaz de arrancar compromisos reales en favor de Catalunya. “ERC no tiene ninguna credibilidad cuando amenaza con retirar su apoyo a Pedro Sánchez, ya mintieron con la singularidad fiscal de Catalunya”, les recriminó en el Congreso la portavoz, Míriam Nogueras.
“Somos perfectamente conscientes de las cartas con las que nos ha tocado jugar”, explica otro dirigente socialista que mantiene su optimismo respecto a los Presupuestos Generales del Estado. “Ellos negocian para apuntarse siempre un tanto respecto al otro. Y no pasa nada, tenemos que asumirlo y hemos demostrado que también en estas circunstancias somos capaces de sacar leyes adelante”, concluye.
Esa, las de las cuentas de 2025, será la próxima gran negociación política a la vuelta de las vacaciones. El presidente del Gobierno ha mandado a apurar todas las opciones de sacar adelante esos Presupuestos con el apoyo de la mayoría de investidura para poder encarrilar una legislatura que vive en el alambre desde la noche electoral del 23 de julio. Desde el Ejecutivo se muestran plenamente convencidos de que los frentes judiciales con los que la oposición acosa al Gobierno irán decayendo “uno tras otro”.
“Estamos muy tranquilos. El tiempo pondrá las cosas en su sitio y si conseguimos sacar adelante los Presupuestos la oposición va a llegar achicharrada a 2027”, opinan en el Gobierno, donde insisten en que, pase lo que pase, el Ministerio de Hacienda tiene previsto cumplir con su palabra de presentar las cuentas y negociarlas con los grupos.
Pero el polvorín del independentismo catalán no es el único flanco que preocupa en la Moncloa, aunque resulte sin duda el más complejo de gestionar. La guerra política abierta entre Podemos y Sumar amenaza con convertirse en otro de los focos de permanente ruido e inestabilidad. Algo que, de hecho, ya reprochan a los morados algunos socios del Ejecutivo que asisten como espectadores a esa choque.
Un ejemplo es el del PNV, que ha protagonizado de hecho sus propias escaramuzas cruzadas con los de Ione Belarra en público. “Es absolutamente imprudente lo que está haciendo Podemos, a no ser que lo que quiera sea que se convoquen elecciones y su asunto no sea mejorar la vida de la ciudadanía sino que haya elecciones y vencer en su duelo particular con Sumar”, dijo Aitor Esteban en los pasillos del Congreso tras uno de los últimos plenos del año y a cuenta de una medida antidesahucios.
Tras la ruptura con Yolanda Díaz y su salida del grupo parlamentario, Podemos ya llegó a tumbar un decreto precisamente del Ministerio de Trabajo para reformar el subsidio de desempleo por incluir una rebaja del IMPREM, el indicador público que determina, por ejemplo, el cálculo de las pensiones. Y esa pulsión de choque permanente de los morados con Sumar con el futuro electoral de la izquierda en juego está presente también en cada negociación del Gobierno.
La reforma fiscal que el Ejecutivo puso en marcha en diciembre fue paradigmática de todas las guerras cruzadas. El PSOE cerró primero un acuerdo con sus aliados más conservadores, PNV y Junts. Esto escamó a formaciones progresistas como Esquerra, EH Bildu o BNG. De ese acuerdo se excluyeron en su momento los impuestos a los beneficios extraordinarios de las grandes empresas energéticas. El campo de batalla perfecto para que se reprodujeran todos los enfrentamientos entre socios.
“Serán otros partidos quienes tendrán que explicar que, por encima de la posibilidad de que todos tengamos unos mínimos de dignidad vital, están los intereses de los miembros de los consejos de administración de las grandes empresas energéticas”, dijo en diciembre el portavoz de EH Bildu, Oskar Matute, en referencia al PNV. “Roza el insulto a la inteligencia que ahora se presenten como salvadores del Autogobierno Vasco quienes hace apenas cinco días han votado a favor de un gravamen que iba directamente contra la línea de flotación de nuestro autogobierno”, le respondió unos días después Aitor Esteban.
Sin obviar el rompecabezas que representa una realidad parlamentaria incendiaria por la fragilidad de los números y por las guerras cruzadas, en el PSOE se muestran convencidos de que aún hoy prima en todos los socios un interés común por mantener a flote la legislatura y evitar la alternativa de un Gobierno del PP con Vox. “Estamos convencidos de que nadie lo quiere y de que nadie, además, podría explicarlo”, sostienen los socialistas, que afrontan el año nuevo con un espíritu muy similar al de los precedentes: sobrevivir en el alambre y sacar adelante negociaciones 'in extremis' que sustenten la legislatura por difícil que parezca.