Más allá de la batalla partidista en clave estatal que ha monopolizado la campaña electoral de las elecciones europeas en las últimas semanas, los partidos han presentado –el PP lo dejó para la recta final– sus programas electorales, que en algunos casos son una suerte de ‘carta a los reyes magos’ teniendo en cuenta que el Parlamento Europeo no tiene capacidad de iniciativa legislativa, sino que regula a partir de las propuestas de la Comisión Europea, y que las competencias de la UE son limitadas.
Todos los partidos españoles tienen planteamientos europeístas, salvo Vox, que incluye entre sus primeras propuestas que el derecho nacional prime sobre el europeo en contra de lo que establecen las reglas fundacionales de la UE. El PP lleva todos sus problemas nacionales a Europa, desde RTVE hasta el CIS. La primera de sus 80 propuestas es involucrar a las instituciones europeas en el combate contra la amnistía.
El PSOE, por su parte, saca pecho de la gestión en esta legislatura con una “respuesta solidaria” a la crisis frente a las “estrategias austericidas del pasado” con medidas como los fondos de recuperación o el mecanismo SURE que sirvió para los ERTE durante la pandemia. Sumar y Podemos, sin embargo, son más críticos con algunas de las políticas europeas, como las nuevas reglas fiscales a las que se oponen.
¿Qué piensan los principales partidos de los grandes retos que tiene por delante la UE?
Impulsar la agenda verde vs frenarla
Las fuerzas progresistas apuestan por seguir adelante con la agenda verde para combatir la emergencia climática. El PSOE, que aspira a colocar a su candidata, la vicepresidenta Teresa Ribera en un puesto de la Comisión Europea relacionado con el medio ambiente, resume su política en “agenda verde con corazón rojo”. “No es posible poner en pausa la agenda verde”, recoge el programa sobre el freno que se ha echado a raíz de las protestas de los agricultores. Además de mantener el Pacto Verde Europeo, los socialistas abogan por elevar “los estándares de transparencia medioambiental e impulsar el mercado de los bonos verdes” así como por un paquete de “impuestos medioambientales progresivos”.
Sumar apuesta por “redefinir” el Pacto Verde Europeo como una forma de pasar página de la “gobernanza económica neoliberal” y pretende aumentar la ambición de los actuales objetivos de reducción de emisiones (pasar del 55% al 65% en 2030) para alcanzar la neutralidad climática en 2040, una década antes de lo previsto. También pretende impulsar un gravamen adicional a los combustibles fósiles con un sistema de compensaciones para no perjudicar a los sectores vulnerables y otro gravamen a los bienes y servicios de lujo tanto de particulares como de empresas (vehículos de lujo, aviones privados, grandes yates y vuelos frecuentes peninsulares o en clase business).
Podemos también presenta ese modelo de recargos así como un impuesto sobre la huella de carbono para el 10% que más contamina. Como parte de la “reindustrialización verde” defiende dedicar el 5,1% del PIB de la UE a la transición ecológica.
Los de Alberto Núñez Feijóo, que han apoyado la ralentización de algunas iniciativas medioambientales, llevan el lema “quien contamina paga y quien descontamina cobra”. La intención es que se remunere a los agricultores y propietarios forestales que dispongan de sumideros de CO2 certificados como cultivos o bosques y que se fomenten los incentivos económicos y sociales para que “empresas y particulares contribuyan con sus hábitos diarios a la lucha contra el cambio climático”.
El PP también defiende “posponer la prohibición de venta de coches de motor de combustión interna hasta que la electrificación en España alcance la cobertura suficiente y se garantice la capacidad de compra de vehículos eléctricos para las familias”. Los populares sumaron sus votos a los de la extrema derecha en contra de esa iniciativa clave del Pacto Verde impulsado por la Comisión Europea de Ursula von der Leyen.
El PP presenta 80 propuestas que, en realidad, son 79 porque se repite dos veces el 'Pacto Europeo del Agua', con el que plantean “combatir la sequía, financiando infraestructuras hídricas y la modernización de regadíos” así como convertir el “estrés hídrico” en un “nuevo criterio para el cálculo y reparto de fondos de cohesión y de desarrollo rural”.
En contra de la evidencia científica, Vox se coloca al margen del consenso internacional del Acuerdo de París en el que se estableció el límite del calentamiento global en 1,5º. A partir de ahí, se compromete a combatir la Agenda 2030 y a derogar todo lo que tiene que ver con el Pacto Verde Europeo, que considera que impulsan los “burócratas” de Bruselas “imponiendo la transformación socioeconómica amparada en el fanatismo climático”. También es la única fuerza política que aspira a alargar la vida de la nuclear.
En línea con lo que son sus 69 compromisos electorales, Ciudadanos no se moja en este apartado y opta por la generalidad: “Seguiremos impulsando la transición ecológica, de manera que no genere conflictos, sino que abra nuevas oportunidades y que nos sitúe en la vanguardia del mundo, liderando la protección de la biodiversidad y los ecosistemas, haciéndola a su vez compatible con la agricultura, pesca y con un turismo sostenible”.
Ucrania y la UE de la seguridad y la defensa
Todos los partidos, salvo Vox, hacen mención a la guerra en Ucrania. La formación de la extrema derecha tampoco se pronuncia sobre uno de los temas cruciales de la próxima legislatura: el debate sobre la seguridad estratégica. El PP quiere “más inversiones en seguridad y defensa” y propondrá un “Plan Europeo para la Victoria de Ucrania”. “Dotaremos este plan con los mecanismos políticos, económicos y diplomáticos necesarios, incluido el imprescindible aumento de las capacidades militares y financieras para la victoria, y el aumento de las contribuciones individuales de los Estados Miembros en la asistencia armamentística a Ucrania”, señala, en su programa.
Los socialistas, que pasan someramente por ese asunto y lo dejan para la parte final del programa, defienden el desarrollo de una industria europea de la defensa y de una “Política Europea común de Seguridad y Defensa más avanzada, en una aún más estrecha cooperación con la OTAN”. Ciudadanos quiere que la “cláusula de defensa mutua” se amplíe a los países candidatos a entrar en la UE que lo soliciten y “un ejército europeo en el marco de la OTAN que se encargue, principalmente, de zonas fronterizas en conflicto”.
“Defendimos desde el primer momento el derecho a la legítima defensa del pueblo ucraniano, el envío de ayuda militar y financiera para hacer posible una negociación equilibrada y la obligación de Europa de apoyarlo frente a la agresión ilegítima e ilegal de Putin. También, a su vez, la necesidad de trabajar en todas las vías diplomáticas posibles para lograr un alto el fuego y una paz justa y duradera que tenga en cuenta las legítimas aspiraciones del pueblo ucraniano”, recoge el programa de Sumar, que aboga por “la racionalización y unificación del gasto militar en un ejército europeo con mandato estricto de autodefensa, así como una política exterior y de seguridad común independiente de la OTAN”.
“Lejos de activar una estrategia autónoma de seguridad dirigida a frenar la escalada bélica en Ucrania, establecer un alto el fuego y negociar un acuerdo de paz, [la UE] ha optado por reforzar su compromiso con la OTAN y su dependencia de EEUU en materia de seguridad”, señala Podemos, que aboga por prohibir al Banco Europeo de Inversiones financiar armamento y suprimir la regulación para impulsar la producción de munición ‘made in Europe’: “Trabajaremos por una política estratégica común basada en la prevención, la resolución dialogada y la construcción de paz. Una política que se haga cargo de las necesidades de seguridad de los países del este y el oeste, financiada con los recursos que hoy destinan los Estados miembros a la OTAN”.
División también por el pacto migratorio
Aún más divisivo es el pacto migratorio. El PSOE lo defiende y el PP no lo cuestiona, aunque Feijóo asemeja su discurso al de la extrema derecha al plantear un endurecimiento de la política migratoria con más controles, más policías, más devoluciones y más acuerdos con terceros países, aunque su programa no llega al ‘modelo Ruanda’ que ahora defiende el PP europeo. Lo que sí quiere incluir es un “compromiso de adhesión a los valores europeos”.
Vox habla de “invasión migratoria” y la vincula con la inseguridad. Entre sus medidas, habla de la expulsión de todas las personas sin papeles y de abolir el reparto de cuotas de refugiados (que con las nuevas normas se podrá sortear con el pago de 20.000 euros por persona rechazada). También quiere echar por tierra los fundamentos del sistema de asilo, que se lleve a cabo en terceros países, y complicar la reagrupación familiar. “El derecho a asilo no implica necesariamente vivir en Europa; es más lógico integrarse en países seguros de la misma región”, dice el texto de la extrema derecha.
Sumar y Podemos también rechazan el pacto migratorio que coinciden en que supone el fin del sistema de asilo. La candidatura de Estrella Galán plantea la creación de un mecanismo permanente de cuotas obligatorias de reubicación, el cierre de los CIE en toda Europa y la exención de los visados de las personas que proceden de zonas en conflicto. La de Irene Montero, por su parte, quiere abolir Frontex y crear una agencia para la búsqueda y salvamento de migrantes en el mar, así como el establecimiento de una tarjeta de residencia europea y la garantía de cobertura sanitaria universal.
Competitividad, financiación y derechos laborales
Mejorar la competitividad de la UE para que no se quede atrás respecto a potencias como China y Estados Unidos es uno de los desafíos principales del próximo mandato. El PP aboga por reducir la regulación y establecer un “chequeo de competitividad” en cada nueva iniciativa legislativa. Los socialistas defienden “un mecanismo europeo estable en el tiempo que garantice la continuidad de las inversiones” de los planes de recuperación para convertir a la UE en un “gigante industrial, científico y tecnológico”. Aunque no mencionan la polémica palabra en el programa, son partidarios de los eurobonos. Podemos sí la recoge expresamente.
Las fuerzas progresistas ven en el incremento del catálogo de impuestos una fórmula para mejorar las vías de financiación de la UE, como un impuesto a las grandes fortunas, a los bancos o a las transacciones financieras. Sumar también señala un “impuesto contra la especulación inmobiliaria”, uno del 3% sobre la facturación de las empresas digitales e incrementar del 15% al 21% el de las multinacionales. Podemos coincide en el de la especulación inmobiliaria y apunta a un gravamen sobre las impuestas vacías.
Sumar y Podemos tienen un extenso catálogo de medidas en materia laboral. Coinciden –también con el PSOE– en la reducción de la jornada laboral, aunque los de Yolanda Díaz reclaman 32 horas y los de Ione Belarra, 30 horas. También en el establecimiento de un Salario Mínimo Interprofesional (del 60% del salario medio en el caso de Sumar y del 75%, en el de Podemos, que supondría una elevación a 1.600 euros en España frente a los 1.134 actuales). Sumar quiere una legislación que haga que los trabajadores participen en los órganos de dirección de las empresas y Podemos quiere prohibir que los salarios más altos sean más de 20 veces superiores a los más bajos en las compañías.
Vivienda, el gran problema
Que el acceso a la vivienda es uno de los principales problemas en el continente lo demuestra que lo mencionan todos los partidos en sus programas, aunque Vox y Ciudadanos con muy poca concreción. La primera medida del PP en esa materia es un “registro europeo de okupas”. También plantea ampliar la dotación de la Iniciativa Europea para la Vivienda Asequible y permitir que el Banco Europeo de Inversiones (BEI) avale hasta el 95% de los préstamos hipotecarios concedidos a jóvenes de menos de 35 años para su primera vivienda así como una exención del IVA a la entrega y construcción de viviendas sociales.
Los socialistas, entre otras cosas, quieren que se elaboren estrategias a nivel europeo y que se impulsen planes de vivienda asequible que establezcan “objetivos vinculantes para asegurar que al menos el 30% de la vivienda nueva sea vivienda asequible para los grupos de bajos ingresos, y que otro 30% sea para los grupos de ingresos medios” y también controlar las operaciones y evolución de las plataformas de alquiler de corta duración.
Poner coto a los alojamientos turísticos es lo que pretende Podemos con la propuesta de un 2% máximo de ese tipo de establecimientos respecto a los residenciales. “Impulsaremos una directiva que prohíba que los fondos buitre puedan poseer viviendas y que regule y fije mecanismos de control sobre los precios de la vivienda en alquiler para que no superen el 30% de los ingresos del hogar”, agrega.
Cajón de sastre de los derechos sociales
El catálogo de derechos sociales es muy amplio. PSOE, Sumar y Podemos coinciden en el blindaje del derecho al aborto en la Carta Social Europea mientras que Vox quiere revocar esa decisión del Parlamento Europeo –de la que el PP de Feijóo votó en contra–. Las tres formaciones progresistas se comprometen, además, a luchar por que el consentimiento en las relaciones sexuales se incluya en la directiva contra la violencia de género, que fue imposible en la negociación con los 27 esta legislatura. Los socialistas agregan una directiva contra la prostitución en Europa que camine hacia la abolición. Podemos, por su parte, quiere blindar el 5% del presupuesto de la UE para la lucha contra la violencia machista mientras Vox aspira a acabar con “toda la legislación de género que permite el borrado de las mujeres con la autodeterminación de género y con las directivas sobre igualdad en materia de empleo que abandonan a los trabajadores, olvidando sus verdaderas necesidades e imponiendo cuotas y exigencias de género y más burocracia a las empresas”.
“Promoveremos una estrategia europea de lucha contra la pobreza infantil que garantice que un mínimo del 2 % del PIB de cada Estado miembro se destine a políticas de apoyo a la infancia y las familias”, promete Sumar, que considera que el gasto mínimo para sanidad debe ser de al menos el 9% del PIB.
Podemos cifra en el 20% el mínimo del PIB que se tiene que dedicar a inversión social (al menos un 5,6% corresponderá a educación y un 7,5%, a sanidad) y apunta a la a creación de un Tribunal Europeo de Garantía de los Derechos Sociales para la protección jurisdiccional de los derechos establecidos en la Carta Social Europea. También quiere que la eutanasia sea un derecho a nivel europeo y despenalizar el cannabis y la legalización de su uso con fines medicinales y recreativos.
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