En 2015, según datos de Red Eléctrica Española (REE), Castilla y León era la Comunidad con mayor potencia eólica en España, 5.560,01 megavatios instalados, el 24,2% del total nacional repartido en 241 parques. En ese mismo año, una inspección de la Agencia Tributaria a algunas mercantiles por el pago del impuesto de sociedades destapaba la Trama Eólica. El sistema para autorizar parques implicaba a altos cargos de la Junta de Castilla y León, a las eléctricas y a una serie de empresarios locales.
¿Cómo funcionaba la trama?
Según los informes de la Agencia Tributaria, tomados en consideración por la Fiscalía Anticorrupción, y las declaraciones de distintos testigos e imputados en la causa aún en instrucción, en Castilla y León se autorizaron parques eólicos a las eléctricas que formaron una sociedad mixta con empresarios locales. Así, parques que habían permanecido paralizados durante años, conseguían los permisos cuando en el accionariado entraba una compañía de la Comunidad. Para ello, en la Consejería de Economía se manejaba una lista con los empresarios (que formaban parte del sector de la industria, la construcción o la alimentación) con los que Endesa e Iberdrola debían asociarse. Una vez conseguida la autorización, la eléctrica se hacía mediante la compra de las acciones con el 100% de la sociedad. El papel de los empresarios era, también según las declaraciones judiciales, figurar, ya que no realizaron ningún trámite administrativo. Hasta el momento, el fiscal del caso calcula unos 80 millones de euros en mordidas (las cantidades que pagaron Endesa e Iberdrola a los empresarios)
¿Quiénes son los querellados?
Anticorrupción se ha querellado contra 21 personas entre las que hay varios cargos de la Junta de Castilla y León en el momento de los hechos, el principal es que quien fue viceconsejero de Economía, Rafael Delgado. Aparecen también los responsables de la constructora Collosa, directivos de Iberdrola, el responsable de una promotora, el presunto testaferro de Delgado…pero no están todos. El fiscal dice en su querella que también se dirige “contra aquellas otras personas que a lo largo de la instrucción aparecieran como responsables de los hechos que se describen por actuar concertadamente y de acuerdo con Rafael Delgado bien para el dictado de resoluciones administrativas de autorización de parques eólicos, bien para la entrega de dádivas o promesas por el dictado de aquellas, bien para auxiliarle a ocultar o disfrutar de las cantidades obtenidas por los delitos anteriores”. Explica además que estas personas no están identificadas pero que las comisiones rogatorias enviadas a Suiza y Mónaco, u otras diligencias, podrían ponerles nombre.
¿Qué cargos de la Junta forman parte de la trama?
En la querella de Anticorrupción el principal imputado es Rafael Delgado, alto cargo de la Junta de Castilla y León entre los años 1995 y 2011. Desde 2004 a 2007 fue viceconsejero de Economía. Mediante una instrucción de avocación hizo que todas las autorizaciones de los parques recayesen sobre él y no sobre los funcionarios de cada Delegación Territorial de la Junta. La investigación de Hacienda sobre su patrimonio refleja pagos desde Suiza, adquisición de inmuebles, coches de lujo y una serie de gastos y propiedades que no se corresponden con su sueldo.
El que era en ese momento consejero de Economía, Tomás Villanueva, y a quien Delgado atribuye las órdenes que recibía para autorizar parques, no aparecía originalmente en la querella. Sin embargo una serie de correos electrónicos aportados por Delgado en el mes de junio, y en el que eléctricas y empresarios se dirigían directamente a Villanueva para agilizar la autorización de parques y comunicarle las alianzas son los empresarios afines, hizo que el fiscal del caso solicitase su declaración en calidad de investigado. Varios testigos e imputados han apuntado también a Villanueva como el responsable de la “decisión política” de incluir a los empresarios de la región las sociedades eólicas.
El principal beneficiado de la trama es Alberto Esgueva, que fue consejero delegado de una de las sociedades públicas de la Consejería de Economía entre los años 2003 y 2006. Según la querella, en 2004, mientras Esgueva formaba parte de la Junta y siendo el administrador de la mercantil San Cayetano Wind, Delgado “decidió que se le asignaran parques cuya potencia eólica sumara 500 megavatios” y que fueran “de los que estuviesen más avanzados”. De la venta de las acciones de una sociedad que formó con Iberdrola y en la que aportó 24.400 euros, sacó 47 millones. Pero hubo alguna más que le hizo ganar 6 millones.
Andrés Martín de Paz, director general de Deportes de la Junta de Castilla y León hasta 2003, año en que se alía con Iberdrola para entrar en el accionariado de tres parques eólicos. Vendió sus acciones por 4,2 millones a la eléctrica una vez autorizado el parque.
¿Qué ha pasado con el dinero?
Se investiga un delito continuado de prevaricación, cohecho, blanqueo de capitales y contra la hacienda pública. Lo que retrasa el seguimiento del rastro de millones son las comisiones rogatorias.
Delgado con un patrimonio difícilmente justificable con sus ingresos, manejó una empresa en Panamá. En el caso de Esgueva, tras obtener los más de 50 millones fruto de la venta de sus acciones eólicas, puso en marcha un proyecto fallido en Montealegre de Campos (Valladolid) en el que participó el supuesto testaferro de Delgado. Poco después se estableció en Polonia, donde montó una constructora. Esgueva ha movido dinero por todo el mundo, a pesar de ello, fuentes cercanas insisten en que está “asfixiado económicamente”.
Tomás Villanueva, que deberá declarar como imputado también en el caso Perla Negra, está intentando paralizar una investigación patrimonial que afecta también a familiares y allegados. Presumiblemente, esta información podría compartirse, tal y como ha ocurrido con la de Delgado, encargada por el fiscal Anticorrupción pero incorporada también al caso Perla Negra, en el que también está imputado.
¿Hay consecuencias políticas?
Los partidos de la oposición han pedido la dimisión del presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, quien ha llegado a pedir perdón “si finalmente se demuestra” que las investigaciones están en lo cierto y que existió una trama en la Junta. Sin embargo, insiste en hablar de “corrupción de personas, no política”. Días antes de que se pidiese la imputación del exvicepresidente en la trama, había puesto la mano en el fuego por él.