Vaya rebote se cogió el Partido Popular el domingo al saber que Edmundo González viajaba en un avión enviado por el Gobierno de Pedro Sánchez para traerlo a España. Le preocupaba menos la situación por la que había pasado González que el PSOE se presentara como defensor de los adversarios de Nicolás Maduro. Antes de esperar a conocer por qué el candidato de la oposición en las elecciones presidenciales había decidido abandonar Venezuela, se lanzó a criticar al Gobierno supuestamente por haber favorecido los intereses de Maduro. Y sin pensar en absoluto que eso sonara contradictorio.
“Sacar a Edmundo González sin reconocerlo (como) presidente legítimo no es hacerle un favor a la democracia, sino quitarle un problema a la dictadura", dijo Esteban González Pons. “No es al presidente electo de Venezuela al que debieron poner un puente de plata, sino al usurpador criminal”, escribió Cayetana Álvarez de Toledo. En el colmo del delirio, Paloma Martín casi insultó a González: “El presidente electo de Venezuela no debería salir de su país como un delincuente".
Ni se pararon a pensar en lo que ya había dicho el ministro de Exteriores. Edmundo González, un diplomático jubilado de 75 años y aspecto frágil, había solicitado ayuda a España para salir de su país. Después de las elecciones, se había refugiado en la embajada de Holanda y desde hace unos días en la española cuando su decisión ya estaba tomada.
El Gobierno de Maduro había dictado a través del fiscal general una orden de detención contra él. De llevarse a cabo el arresto, no habría muchas dudas sobre la incompatibilidad del sistema político venezolano con una democracia normal, pero el precio para la salud del candidato podía ser muy alto.
María Corina Machado lo vino a confirmar con un largo tuit que explicaba que todo se había hecho para proteger su integridad física: “Su vida corría peligro y las crecientes amenazas, citaciones, orden de aprehensión e incluso los intentos de chantaje y de coacción de los que ha sido objeto demuestran que el régimen no tiene escrúpulos ni límites en su obsesión de silenciarlo e intentar doblegarlo”.
Pero eso no importó en el PP. Desde un sofá de su casa, sus dirigentes decidieron que González había abandonado el país “como un delincuente”.
Para el PP, la clave era tachar al Gobierno de gran aliado de Venezuela. Este mismo fin de semana, Sánchez había llamado “héroe” a González en el Comité Federal del PSOE. Es una forma extraña de apoyar a Maduro.
El ministro José Manuel Albares completó la descripción de la posición del Gobierno con dos prioridades, según las explicó el lunes en una entrevista en Onda Cero. “El objetivo es proteger a los líderes políticos venezolanos que en estos momentos tienen amenazados sus derechos fundamentales. Eso es una absoluta línea roja para el Gobierno de España”, dijo en primer lugar. Obviamente, se refería a los dirigentes de la oposición. Los del Gobierno no están siendo amenazados con la detención.
En segundo lugar, “conseguir que de una vez por todas triunfe la voluntad democrática de los venezolanos, que se expresó libremente el 28 de julio”. Las palabras de Albares dejan pocas dudas sobre su intención. No cree que la victoria oficial de Maduro sea real.
Para terminar de confirmarlo, reiteró que el Gobierno no reconocerá el resultado oficial de las elecciones que dieron el triunfo a Maduro hasta que no se hagan públicas las actas electorales completas.
La ley venezolana establece un plazo de treinta días para difundir las actas, tal y como figura en el artículo 125 de la ley electoral: “El Consejo Nacional Electoral ordenará la publicación de los resultados de los procesos electorales en la Gaceta Electoral de la República Bolivariana de Venezuela, dentro de los treinta (30) días siguientes a la proclamación de las o los candidatas y candidatos electas o electos”.
Han pasado más de cuarenta días desde la fecha de las elecciones y nada se sabe de esos datos. No se han facilitado los resultados por ciudades y regiones. Sólo se conoce el resultado nacional en número de votos y porcentaje. La web del Consejo Nacional Electoral sigue sin funcionar.
La posición del Gobierno español es similar a la de los gobiernos de izquierda de Brasil, Colombia y Chile. Los intentos de propiciar una salida negociada no han servido hasta ahora para mucho ni han logrado impedir la oleada de detenciones en Venezuela (los grupos de derechos humanos cifran en 1.700 el número actual de detenidos por razones políticas).
Brasil ya había alertado sobre lo que podría suponer la detención de González. Celso Amorim, el principal asesor de política exterior de Lula, lo confirmó el 3 de septiembre: “Si las autoridades venezolanas detuvieran a González, sería una detención política y no aceptamos que haya presos políticos”. “No se puede negar que hay una escalada autoritaria en Venezuela. No sentimos que haya apertura al diálogo. Hay una reacción muy fuerte a cualquier comentario”.
Amorim ya había dicho estar decepcionado por la tardanza del Gobierno en ofrecer todos los resultados electorales. “El Gobierno venezolano debe probar que ganó Maduro”, dijo, que es como afirmar que hasta ahora no lo ha hecho.
Alberto Núñez Feijóo afirmó el lunes –con el deseo de restar valor al asilo concedido a González– que “el que más contento está es Maduro”. Es curioso, porque Isabel Díaz Ayuso pidió hace una semana que el candidato de la oposición recibiera protección. “España hoy mismo debería abrir las puertas de la embajada para dar protección a este hombre, porque lo van a matar o lo van a detener y no lo van a soltar”, dijo. Es muy posible que Ayuso no fuera muy consciente de que entrar en la embajada sólo podía ser el prólogo de la concesión del asilo.
En ese momento, González ya llevaba mucho tiempo escondido en la embajada holandesa y estaba a punto de desplazarse a la legación española como paso previo a su salida del país.
La derecha alega que el Gobierno debería reconocer a González como presidente electo. Es el mismo paso que España y la Unión Europea dieron con Juan Guaidó, y ya se vio que fue políticamente irrelevante sobre el terreno. Los gobiernos europeos mantuvieron abiertas sus embajadas en Caracas, porque no podían obviar la realidad sobre quién gobernaba el país.
El martes, el PP presentará una proposición no de ley en el Congreso de nueve puntos, entre los que está reclamar al Gobierno que reconozca a Edmundo González como ganador de las elecciones de julio. Para conseguir que el PSOE vote en contra, la exposición de motivos incluye duras críticas a José Luis Rodríguez Zapatero por sus labores de mediación en Venezuela.
Lo que no sabía el PP cuando escribió esa PNL es que González iba a terminar en España. Y tampoco que iba a publicar un comunicado dando las gracias a España, “a cuyo Gobierno agradezco profundamente que me haya acogido y me dé protección en estos momentos”. El PSOE se ocupará de recordarlo en el pleno.
Ya es tarde para cambiar el guion del PP. Aunque tuviera más tiempo, tampoco lo haría. Seguirá culpando a Sánchez y Albares de ser los mejores aliados de Maduro, los únicos aliados de Venezuela que resulta que no han reconocido su victoria. No es probable que esto último haga pensar a la derecha sobre si su estrategia es realmente coherente.