La hora de Carromero

Carmen Moraga

6 de mayo de 2022 23:12 h

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Fue la única dimisión en el Ayuntamiento de Madrid cuando la presidenta de la Comunidad acusaba a la cúpula del PP de haber organizado un espionaje desde allí contra ella. Su salida nunca se explicó y ahora todas las miradas se dirigen hacia él. Pero el excoordinador general de la Alcaldía de Madrid Ángel Carromero todavía no ha notificado a la presidencia de la comisión de investigación sobre el supuesto espionaje si va a presentarse a declarar el próximo lunes, 9 de mayo, en la que –salvo sorpresas– será la última sesión que celebre este órgano. Carromero mantiene el suspense y su silencio está provocando mucho nerviosismo en el entorno del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, y en el propio regidor, que quiere garantizarse poner el broche final a la comisión de investigación con su versión de los hechos. Nadie espera que aporte nada nuevo, pero es una forma de asegurar que todo queda bajo control ahora que, muerto políticamente Pablo Casado, Ayuso ha perdido cualquier interés en unos hechos que consideró gravísimos y que supusieron el inicio de la mayor crisis interna del Partido Popular.

Almeida ni siquiera ha concretado la hora de su comparecencia, a la espera de que Carromero confirme si acude o no. El PP va a respaldar que el alcalde sea el último en testificar en la sesión de la tarde. Mientras tanto, los grupos de la oposición preparan sus cuestionarios a ambos para intentar determinar las responsabilidades políticas que pueda haber en este asunto. Porque, aunque el espionaje no llegó a materializarse, dados los controles internos que hay para contratar con esos fines desde la EMVS y la EMT, las sospechas de que hubo gestiones para tratar de acceder a documentos bancarios o fiscales del hermano de Isabel Díaz Ayuso para probar que cobró una comisión por un contrato adjudicado por la Comunidad continúan.

Ayuso desde el primer segundo habló directamente de un espionaje que muchas semanas después nadie ha podido probar. La incógnita que permanece es quién ordenó rastrear documentos secretos que arrojasen luz sobre los cobros de Tomás Díaz Ayuso: más de 300.000 euros a través de la empresa de un amigo que vendió 1,5 millones de euros en mascarillas al Gobierno madrileño.

Y por encima de eso late otra pregunta: ¿por qué dimitió Carromero si, como dijo el alcalde, “no tuvo nada que ver en el caso? Esas son las dos grandes cuestiones que siguen sin despejarse. Y es lo que los portavoces municipales pretenden que aclare el excoordinador general de la Alcaldía, que, junto a Almeida, es la persona que mejor conoce todos los entresijos de este caso.

Existe una información publicada por el diario ABC en la que se relata que una persona fue enviada presumiblemente por Carromero –un “joven alto y moreno de unos 30 años, que se identificó como Javier Muñoz”– a reunirse a finales de marzo en el Hotel Wellington de Madrid con el dueño de la agencia de detectives Mira, Julio Gutiez, para sondearlo sobre la obtención de esos documentos bancarios y fiscales, que son confidenciales.

El nombre coincide con el de un asesor en Usera de la concejala Loreto Sordo, que compareció la semana pasada en la comisión y negó tener nada que ver con el tema. Desde Más Madrid sospechan que pudo haber una “suplantación de personalidad” y apuntan que quien realmente pudo intentar contratar al detective fue José Cruz Mata, muy amigo de Carromero y también asesor de Loreto Sordo pero en el distrito de Moncloa-Aravaca. Sin embargo, este viernes, durante su declaración en la comisión de investigación, Cruz Mata dijo que ni conocía a Julio Gutiez, ni nunca ha intentado contratar a ningún detective. Este es uno de los episodios que los grupos quieren intentar que Carromero aclare.

Una dimisión en 'diferido'

Carromero, con cargo de director general en el Ayuntamiento de Madrid, uno de los puestos de la máxima cercanía al alcalde, anunció su dimisión “inminente” el pasado 17 de febrero, justo el mismo día en el que diversas informaciones le señalaron como una de las piezas principales en el supuesto espionaje a la presidenta de la Comunidad de Madrid desde la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS).

Su paso atrás, que se vendió como una renuncia voluntaria para “poder defenderse” y “no dañar la imagen del Ayuntamiento”, causó cierta sorpresa dado que el alcalde había comparecido a primera hora del día anterior y afirmó que había hablado con su asesor “a lo largo de la tarde” de un día antes “en diversas ocasiones”, tras saltar las primeras noticias, y Carromero había negado los hechos. “Me ha negado absolutamente que haya hecho cualquier tipo de gestión tendente a obtener información sobre Ayuso o sus familiares”, señaló Almeida, que sentenció: “Una vez hechas las averiguaciones, concluimos que el detective niega la reunión, que el trabajador niega la reunión, que no hay ningún contrato y no se ha podido producir ningún encargo ni ningún pago con dinero público del Ayuntamiento para obtener información de esa naturaleza”.

No obstante, a renglón seguido advertía de que “no cabe ninguna conducta irregular o que no sea ejemplar en ningún cargo del Ayuntamiento de Madrid” y que “en el caso de que apareciera un indicio de que hay persona con cargo en Cibeles que ha realizado gestión para obtener esa información, será cesado de forma inmediata”, fuera Carromero o cualquier otra persona.

Carromero cayó después de una reunión de Almeida con el director de un medio de comunicación que avisó al alcalde de que tenía material comprometedor. Luego se descubrió que quien realmente redactó su carta de dimisión y escaneó su firma fue Vicente Javier Segura Fayos, vocal asesor de Alcaldía. Para que el documento fuese oficial, este asesor cogió un documento del despacho de Carromero firmado por este y escaneó la rúbrica. La maniobra se hizo para evitar que tuviera que comparecer en la reunión extraordinaria de la Comisión de Seguridad y Emergencias que había exigido convocar la oposición. El PP alegó entonces que no había sido convocada en tiempo y forma y, además, Carromero ya no era cargo del ayuntamiento. Así que el asesor de Almeida se fue sin dar la más mínima explicación.

Días después, Carromero también abandonó sus cargos en el PP de Madrid, donde era presidente del Comité Electoral y del distrito de Chamartín, y se dio de baja como militante del partido. Carromero fue citado a declarar en la primera sesión de la comisión de investigación pero alegó que no podía acudir y pidió cambiar de fecha. Desde entonces no se ha sabido más de él hasta que la semana pasada pidió que le buscaran hueco para el próximo 9 de mayo. Es el último día de la comisión y el mismo en el que hablará Almeida. ¿Por qué no ha dado señales de vida hasta ahora? Pocos lo saben, porque Carromero, desde que se fue del ayuntamiento, apenas habla con sus antiguos compañeros. Con el alcalde la relación está hecha añicos.

Otras polémicas

El pasado mes de abril, el diario ABC publicó que se había incorporado a trabajar en la Fundación Marqués de Oliva, que preside Alejandro Suárez Sánchez-Ocaña, cuyo fin es “promover y fomentar la figura del inversor privado, también conocido como 'business angel', y de esa especie en peligro de extinción, el emprendedor en España”, según se señala en la página web de esta institución.

La figura de Carromero se ha visto envuelta en más de una polémica. En 2012, el expresidente de Nuevas Generaciones del PP fue condenado y encarcelado por el homicidio imprudente de los opositores cubanos Oswaldo Payá y Harold Cepero en un accidente de coche en Cuba. La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre gestionó su extradición a España, donde siguió cumpliendo su pena hasta 2013.

Tiempo después, su cercanía a Pablo Casado le ayudó a escalar puestos en el PP. En 2019, justo un mes antes de las elecciones generales, el partido le rehabilitó y le nombró vicesecretario electoral en Madrid. Además, Almeida lo fichó para ayudarle en su gestión al frente del consistorio. Apenas tres años después, su figura se ha vuelto a desvanecer. El lunes próximo se sabrá qué papel jugó el fontanero del alcalde madrileño en el caso del supuesto espionaje a la presidenta regional. Las apuestas se cruzan sobre si irá o no.