Sile, Jhonny y André esperan con cara de circunstancias a las puertas de un Juzgado de lo Social de Madrid. El 14 de febrero era un día señalado en sus calendarios. Tras una primera suspensión, confiaban en que se celebrara el juicio tras su despido de una empresa de construcción hace más de ocho meses. Esperaban saber por fin qué indemnización les corresponde y poder cobrar las tres nóminas que todavía les adeudan. Son entre 3.000 y 7.000 euros que necesitan “ya” porque los tres siguen en paro. Pero no pudo ser. El letrado de la administración de Justicia de ese juzgado secundó la huelga indefinida que estos funcionarios mantienen desde el 24 de enero en reclamación de mejoras salariales. Los 13 juicios señalados durante la mañana se suspendieron.
“¿Cuándo nos volverán a convocar?”, pregunta Sile a su abogada. “No lo podemos saber. Yo ya tengo juicios señalados para 2024”, responde ella, que reconoce el temor a la “avalancha” de vistas cuando se resuelva la pugna entre los letrados y el Ministerio de Justicia. El conflicto sigue totalmente enconado a dos días de que se produzca la primera reunión entre ambas partes y que se inició con el secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, acusando a los letrados de estar “endiosados” y de promover una huelga “contra el pueblo, sin finalidad profesional”. Los convocantes, por su parte, llegaron a pedir la semana pasada el cese de la ministra de Justicia, Pilar Llop, por decir que no anotan las sentencias revisadas tras la entrada en vigor de la ley del 'solo sí es sí'.
La labor de los 4.422 letrados de la administración de Justicia es clave en juzgados y tribunales. Estos altos funcionarios –pertenecen al grupo A1, el mismo que jueces y fiscales– dirigen la oficina judicial, impulsan los asuntos, dictan resoluciones y gestionan las cuentas desde las que se abonan pensiones alimenticias, embargos o indemnizaciones, que tienen un saldo medio de 4.500 millones de euros. También actúan como fedatarios públicos en las vistas, con lo que su ausencia está obligando a suspender miles de juicios. Todo ello, en un sistema ya muy saturado en el que los asuntos penales tardan 14 meses de media en resolverse. En la jurisdicción social —donde se dirimen despidos o accidentes laborales— la media está en casi un año.
De los 41 juzgados de lo social que hay en uno de los edificios de la calle de la Princesa de Madrid seis están este martes casi paralizados porque sus letrados han secundado la huelga. No se han podido celebrar más de 60 juicios. Es un ejemplo de los efectos de la movilización sobre la Administración de Justicia, ante la ausencia de cifras oficiales. El Ministerio de Justicia no los facilita. Y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) los está recopilando a través de los tribunales territoriales, pero la información recibida todavía es “parcial” y no los difundirá hasta que sean datos homologables, confirma un portavoz.
elDiario.es ha contactado con los 17 tribunales superiores autonómicos para solicitar esa información, pero solo dos la han facilitado. Es el caso de Catalunya, que ha contabilizado 2.259 actuaciones suspendidas solo entre el 30 de enero y el 3 de febrero. Y de Murcia, que cifra en 6.112 las actuaciones paralizadas como consecuencia de la huelga hasta el pasado viernes, de las que 2.567 (42%) son juicios. Los únicos datos que existen a nivel estatal son los que ofrecen las asociaciones profesionales que la convocan y que cifran en más de 140.000 las actuaciones suspendidas, lo que comprende juicios, declaraciones y otras diligencias.
“La actividad en los juzgados se ha reducido en más de un 60% y no es superior porque se están cumpliendo los servicios mínimos”, afirma una portavoz del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ), promotor de la huelga junto a la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ) y la Asociación Independiente de Letrados de la Administración de Justicia (AINLAJ). Según los convocantes, también hay 500 millones de euros bloqueados en la cuenta de consignaciones, donde se guarda el dinero de fianzas o embargos.
De lo que sí hay datos oficiales es del seguimiento de la huelga, aunque las cifras de los convocantes difieren de las que ofrece Justicia. Los promotores valoran el seguimiento de los paros en torno al 80%, una cifra que en el departamento que dirige Pilar Llop rebajan de forma considerable. El seguimiento de este lunes lo cifran en el 26,21% sobre el total de la plantilla y en un 37,05% si se restan los funcionarios que están de servicios mínimos. La convocatoria ha arrastrado a letrados del Tribunal Supremo o la Audiencia Nacional, órganos poco sospechosos de albergar agentes sociales proclives a reivindicaciones laborales, según afirma desde la UPSJ en este artículo publicado en elDiario.es. Cada día de huelga los letrados dejan de ingresar 130 euros.
Una subida del 14,76%
El conflicto que ahora le ha estallado a la ministra Llop se remonta a hace más de una década, cuando una reforma procesal aligeró en 2009 las tareas de los jueces y aumentó en un 30% las competencias a los letrados, aunque sin aumentar su retribución. Tras 12 años esperando una adecuación salarial, el Ministerio de Justicia y los sindicatos acordaron en abril de 2021 mejorar el régimen retributivo de estos funcionarios a través de un complemento de 195 euros brutos mensuales, lo que supone un aumento del 5,26% en su salario anual.
En el Ministerio de Justicia afirman que el salario de los letrados crecerá de media un 14,76% en los próximos tres años gracias a esta subida y el alza que con carácter general van a experimentar los sueldos de los funcionarios. Según datos de este departamento, los letrados de la administración de Justicia cobran entre 39.011,80 y 60.826,79 euros brutos anuales, lo que supone entre un 80% y un 145% más que otros funcionarios de la Administración General del Estado de sus mismos niveles.
Después de esperar más de una década, las asociaciones convocantes consideran insuficiente la citada subida de 195 euros mensuales. Y reconocen que esta cifra está en el origen de las reivindicaciones de los últimos meses, que han incluido otras cuatro convocatorias de huelga hasta llegar al actual paro indefinido.
El letrado Juan José Yáñez, miembro de la UPSJ e integrante del comité de huelga, afirma que la movilización es consecuencia del “quebrantamiento reiterado” de los acuerdos comprometidos con el Ministerio de Justicia. Y cita especialmente dos asuntos que los convocantes consideran “nucleares” y que siguen sin desencallarse. Por un lado, la revisión de los llamados grupos de población para mejorar la retribución de los letrados destinados en lugares con menos habitantes y que “cobran sueldos menores con cargas de trabajo similares”. Y, por otro, la llamada “cláusula de enganche”, con la que pretenden que la masa salarial del cuerpo de letrados no pueda ser inferior al 85% de la masa salarial de la carrera judicial.
Después de tres semanas de huelga, Justicia ha convocado al comité de huelga el próximo jueves. El principal interlocutor por parte del ministerio será, previsiblemente, el secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, quien un día antes de que comenzaran los paros compareció en una rueda de prensa en la que acusó a los convocantes de promover una huelga “política” e insistió en que los letrados “no son jueces, no son fiscales y no lo van a ser”. Este martes, en declaraciones a Efe en Burgos, afirmó que confía en que de esa cita salga un acuerdo para “paralizar la huelga inmediatamente”.
Los convocantes, sin embargo, se quejan de que ni siquiera se les haya informado del orden del día de la reunión. “Vamos con toda la disposición, pero no se ha recibido documentación alguna. Es obvio que si se pretende algún tipo de solución rápida se debe remitir la documentación oportuna con tiempo suficiente para su estudio”, afirma Yáñez. “Somos conscientes del daño al ciudadano y lo sentimos. Pero estamos defendiendo un interés profesional y ejerciendo un derecho constitucional. No desconvocaremos sin un acuerdo justo”, añade.
Los efectos en los juzgados
En los juzgados de lo Social de Madrid las conversaciones sobre la huelga son habituales en los pasillos, donde los abogados conversan con sus clientes antes de ser llamados a las salas de vistas. De muchas paredes cuelgan carteles de apoyo a la movilización. En otros se avisa de que los juicios previstos “están suspendidos”. “Hoy hemos tenido suerte. Pero la incertidumbre es total. No nos enteramos de si hay o no juicio hasta la hora en la que está señalado. Parece que nuestro tiempo no importa”, lamenta el abogado Mauricio González, que tiene su despacho en Marbella (Málaga) y se ha desplazado este martes a Madrid para acudir a un juicio. Esta vez no ha hecho el viaje en balde.
En uno de los bancos contiguos conversan varias trabajadoras del sector del comercio que esperan poder celebrar su juicio tras un despido colectivo. “Estamos preocupadas, pero parece que tras dos suspensiones —por otro asuntos— hoy sí se va a poder celebrar”, dice aliviada una de ellas. La huelga también es motivo de conversación en la sala de togas, donde los abogados toman las prendas que tienen que vestir en los juicios. El abogado José María Garrido es uno de los que este martes se va sin celebrar el juicio que tenía programado. Es el tercero que le suspenden desde que empezó la huelga. “Los perjudicados son los ciudadanos”, lamenta.