La polémica sobre algunos casos de youtubers –como El Rubius o The Grefg– y de influencers que se han trasladado a Andorra para pagar menos impuestos está siendo objeto de debate en el Gobierno, que busca fórmulas para evitarlo a través de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF). El asunto no solo está siendo estudiado por el Ejecutivo sino que también se ha colado en la agenda política de los partidos. Las formaciones de izquierda, pero también el PP, han cargado contra estas prácticas que consideran “desleales” y poco “patrióticas”, mientras Vox y Ciudadanos se han mostrado más comprensivos ante el “hostil régimen fiscal” que, según dicen, impera en nuestro país. “Algunas tasas que están pagando son las más altas del mundo”, sentenciaba este martes Iván Espinosa de los Monteros.
La portavoz del PSOE, Adriana Lastra, había advertido antes que “el patriotismo se demuestra en la declaración de la renta”, y ha asegurado que Hacienda “velará como se hace siempre para que no haya elusión fiscal y no se hagan trampas al fisco”. Lastra ha pedido ser “conscientes de que la lucha contra la pandemia es fruto de los miles de millones que se destinan a la Sanidad” y que incluso “la propia democracia y el Estado del Bienestar vienen de la solidaridad entre españoles”.
Los socios de Gobierno, Unidas Podemos, consideran que la única manera de acabar con esta “deslealtad” es mediante una regulación que prohíba los paraísos fiscales, por lo que ha planteado volver a incluir a Andorra en la lista española de paraísos fiscales, y adoptar este cambio en el proyecto de ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal que tramita el Congreso. Así lo ha dicho este martes el portavoz de la formación, Pablo Echenique, quien ha añadido que se podrían aplicar cláusulas para que el traslado de residencia a este país no implique dejar de pagar el IRPF en España, al menos en los cinco años inmediatos.
El portavoz de UP ha recordado que Andorra fue considerado “paraíso fiscal” hasta hace dos años, y ha defendido endurecer los criterios de esta lista para incluir a otros como Bulgaria o Rumanía, con el fin de que “cuando alguien deslocalice una vivienda quede claro que no lo hace por pagar bajos impuestos sino que pague el IRPF en España”.
Otros portavoces de grupos de izquierda también se han pronunciado sobre la cuestión. El portavoz de Más País-Equo, Íñigo Errejón, ha pedido “no estigmatizar” a un colectivo concreto pues considera que “es un debate sobre egoístas” y lo ha encuadrado dentro de “un proyecto de secesión de los ricos” en el que “los que más tienen creen que no tienen por qué cumplir las normas”. Joan Baldoví, de Compromís, se ha inclinado por pedir “más recursos en la lucha contra el fraude, y una campaña para trasladar que ”pagar impuestos salva vidas“ y hace de España ”un país más moderno“.
A las críticas de estos grupos se ha sumado también el PP. Su portavoz, Cuca Gamarra, ha lamentado estos traslados por motivos fiscales: “Como española me parece mal que haya gente que diga que se va para pagar menos impuestos. Somos un gran país en el que necesitamos que todos arrimemos el hombro”, ha dicho. Gamarra ha reclamado que desde el Gobierno se impida que esa salida del país “se haga exclusiva y únicamente para pagar menos impuestos” y que también evite “que se produzca un fraude en los requisitos para no tributar en España”.
Vox y Ciudadanos se muestran comprensivos
Frente a estas opiniones se han situado Vox, e incluso Ciudadanos, que se han mostrado comprensivos ante las razones de estos jóvenes para marcharse. El portavoz de la formación de extrema derecha, Iván Espinosa de los Monteros, ha dicho que estas personas que se trasladan fuera para pagar menos impuestos “tienen todo el derecho a hacerlo” y no están cometiendo por ello ningún delito. “No le veo problema a admitir que se van por motivos fiscales”, ha asegurado.
A su juicio, si hubiera en España “un marco fiscal menos hostil y mucho más favorable” a la creación de trabajo y de riqueza, y un marco cultural también mucho más favorable para aquellas personas que arriesgan y que trabajan“, no se plantearían esa opción. Pero España es, según Espinosa de los Monteros ”un infierno fiscal“ para los que quieren ”crear riqueza e innovar“ y ha criticado que el Gobierno no sea consciente de que ”la economía es un juego de incentivos, también fiscales“.
Ciudadanos también se ha posicionado a favor de los youtubers aunque no de forma tan contundente como Vox. “Le puedo decir que nosotros donde gobernamos podemos recaudar más y podemos garantizar mejores servicios públicos con unas políticas fiscales adecuadas”, contestaba Inés Arrimadas hace unos días. En su partido creen que estos casos no se darían si se “bajaran los impuestos a la clase media trabajadora y a los autónomos” y se eliminara “el gasto superfluo”.
Frente al argumento de que España es un “infierno fiscal” se ha posicionado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que ha recordado que la presión fiscal se sitúa en España en torno a siete puntos por debajo de la medida de los países europeos. El asunto de los youtubers ha llegado a la mesa de las ruedas de prensa del Consejo de Ministros desde la que Montero ha subrayado la importancia de la responsabilidad fiscal para tener servicios públicos de calidad, como las pensiones, la educación o la sanidad, entre otros. La portavoz del Gobierno apostó por un sistema en el que “cada uno aporte según su capacidad” pero reciba según su “necesidad”.
La Agencia Tributaria controlará a los grandes patrimonios que fingen vivir fuera de España
A raíz de las informaciones que han ido surgiendo sobre ese goteo de conocidos jóvenes youtubers que han optado por no pagar impuestos en España, la Agencia Tributaria ha decidido poner en marcha una línea específica de control sobre los contribuyentes con grandes patrimonios que fingen vivir fuera de nuestro país precisamente para eludir sus impuestos, algo que se comprobará mediante herramientas de análisis masivo de datos o 'big data'. De esta labor se encargará la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF)
Este lunes, el BOE publicaba el Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2021 en el que se recogen las prioridades de la Agencia Tributaria para este año en el marco de su plan estratégico. Entre ellas figura el control de contribuyentes “deslocalizados”, es decir, que fingen vivir en el extranjero, lo que supone continuar con la investigación que el pasado año se había abierto ya sobre un “amplio colectivo” de personas de alto poder adquisitivo que figuraban como no residentes.
Este análisis sobre las residencias realizado sobre un amplio colectivo contribuyentes que figuran como 'no residentes' en las bases de datos tributarias ha facilitado, según ha informado Hacienda, “la obtención de los indicios necesarios para poder determinar la residencia en nuestro país de algunos de estos patrimonios relevantes, lo que permitirá, a partir de este año 2021, intensificar las actuaciones de control de ciudadanos deslocalizados”. De este modo, durante 2021 se realizarán los expedientes de comprobación y las consiguientes regularizaciones. Además, La Agencia tributaria adelanta que se mejorará el programa de cartera de valores y amortizaciones de inmuebles y se facilitará a pequeños empresarios y profesionales el traslado automático de sus libros registro de IRPF a la declaración.
Las explicaciones de El Rubius
Toda esta polvareda la ha levantado El Rubius, el último youtuber en anunciar su decisión de irse a Andorra. Tras la polémica sobre su marcha, Rubén Doblas, que así se llama, decidió publicar un texto en Twitter para salir al paso de las críticas. El popular youtuber asegura que si se hubiera marchado “solo por ganar más dinero, me hubiera mudado ahí hace muchos años” y enmarca su decisión en que en Madrid nunca se había sentido “cómodo del todo”.
A pesar de ello, centra buena parte del texto en su relación con la Agencia Tributaria y los impuestos. “Llevo estos 10 años de youtuber pagando casi la mitad de lo que he ganado en impuestos. Y estoy muy contento de haberlos pagado. Lo que me molesta es que, aunque lleve desde el día uno haciendo las cosas bien y de manera legal, como, sin duda, deben de hacerse, Hacienda me haya tratado como si fuera un ”delincuente“. ”Gracias a la ceremonia de la confusión que se ha montado a mi costa, piensan que lo que estoy haciendo es ilegal y que estoy haciendo fraude fiscal. ¿Desde cuándo mudarse a otro país es ilegal?“.
Aunque reconoce que pagar impuestos es contribuir “al progreso y la prosperidad del país donde resides”, Doblas afirma que debe tratarse de una “relación equilibrada entre el Estado y el ciudadano”, que en su caso, considera que no se cumple. “Y si esa premisa no se cumple, es completamente legítimo que el ciudadano, en el pleno uso de su libertad como ser humano, tome las decisiones que considere apropiadas”.