El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González se sentará en el banquillo de los acusados por la presunta corrupción en el Canal de Isabel II, la empresa pública encargada de suministrar agua a todos los madrileños que presidió entre 2003 y 2012 al tiempo que era vicepresidente regional. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha acordado la apertura de juicio oral de las dos primeras piezas del 'caso Lezo' en las que serán juzgadas un total de 29 personas, entre ellas el que fuera máximo responsable de la Comunidad de Madrid entre 2012 y 2015, según ha adelantando Europa Press.
La Fiscalía Anticorrupción solicita para González una condena de ocho años de cárcel por inflar el precio de la compra de una sociedad brasileña con el dinero público del Canal de Isabel II y quedarse con 1,8 millones de euros. En esa pieza, que lleva el nombre de la empresa brasileña Emissao, el Ministerio Público atribuye a González los delitos de fraude a la Administración en concurso medial con malversación de caudales. A los ocho años de cárcel que solicita por ello añade 19 de inhabilitación.
En el banquillo también se sentarán el exdelegado de la empresa pública para Latinoamérica, Edmundo Rodríguez Sobrino, para el que Fiscalía pide 7 años de cárcel; el que fuera delegado del Gobierno en Ceuta con el PP, Luis Vicente Moro (7 años); el colombiano Diego Fernando Arias, de la sociedad del Canal en Colombia y que confesó el reparto de las comisiones (2 años); Ramón Navarro Pereira (2 años), también de la filial colombiana del Canal; Sebastiao Cristovam, de la firma brasileña (6 años); y María Fernanda Richmond (5 años), exdirectora financiera del Canal.
Todos ellos, a excepción de Richmond se quedaron con una comisión de 900.000 euros, salvo González que obtuvo el doble. La trama repartió sobrenombres para todos ellos. A Ignacio González se le adjudicó el de “Conde”. Los investigadores calculan que esta operación, que tuvo lugar en noviembre de 2013, generó un perjuicio de entre 6,4 y 9,6 millones de euros para las arcas públicas.
Además, el juez ha dictado el auto de apertura de juicio oral de la pieza en la que se investigó la compra de la sociedad colombiana Inassa a cargo del Canal de Isabel II en 2001. Entonces era presidente de la Comunidad de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón, que fue investigado aunque finalmente la causa contra él fue archivada por el juez. También levantó la imputación que pesaba sobre González al considerar que todavía no había llegado a la empresa pública cuando se cerró la operación.
Por esta compra se sentarán en el banquillo de los más estrechos colaboradores de Ruiz-Gallardón tanto en el Ayuntamiento de Madrid como en la Comunidad: Pedro Calvo y Juan Bravo. Y también el que fuera director gerente del Canal, Arturo Canalda. En total, hay 22 procesados. La Fiscalía considera que los miembros del consejo de administración del Canal posibilitaron la compra a pesar del “sobreprecio injustificado que se iba a pagar”.